Inmigrante embarazada lleva su caso a la Corte para evitar deportación
Una inmigrante mexicana embarazada que reside en Columbus, Ohio, ha presentado una demanda federal para intentar frenar su deportación, programada para el 3 de junio de 2025. La acción legal ha sido interpuesta en nombre de sus dos hijos: uno de 9 años, ciudadano estadounidense con necesidades educativas especiales, y su hijo nonato, quien nacería en territorio estadounidense en octubre, lo que le otorgaría automáticamente la ciudadanía según la Enmienda 14 de la Constitución.
Carmen Graciela Guerrero Sandoval, la demandante, señala que su expulsión del país representaría una violación directa a los derechos constitucionales de sus hijos, especialmente a las protecciones garantizadas por la Cláusula de Igual Protección.
Argumento legal: protección a menores ciudadanos estadounidenses
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La demanda, presentada contra la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, argumenta que deportar a Sandoval privaría a su hijo de 9 años del amor, el cuidado y el apoyo económico constante de su madre. Identificado por las iniciales CDBG en los documentos judiciales, el menor es ciudadano estadounidense y ha sido diagnosticado con autismo. Actualmente cursa sus estudios en una escuela pública del distrito Columbus City Schools y ha sido oficialmente evaluado como elegible para educación especial.
Según el recurso legal, deportar a la madre sería equivalente a castigar a un niño ciudadano por el estatus migratorio de su progenitora. La demanda también destaca que México, aunque ha hecho avances legislativos en educación especial, carece de los servicios específicos que requiere el menor y que actualmente recibe en Estados Unidos.
El debate sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento
El caso también gira en torno a los derechos del hijo nonato de Sandoval. Con una fecha estimada de parto en octubre, la madre argumenta que su deportación impediría que el bebé nazca en suelo estadounidense, lo que afectaría su derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.
La Enmienda 14 establece que “todas las personas nacidas en Estados Unidos” son automáticamente ciudadanas. Sin embargo, esta disposición ha sido objeto de debate tras la intención del presidente Donald Trump de modificar este derecho mediante una orden ejecutiva que actualmente se encuentra suspendida. El abogado de Sandoval, George Katchmer, solicita que la Corte retrase la deportación de su clienta al menos hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso de la ciudadanía por nacimiento.
El impacto emocional y económico de una posible separación
Uno de los ejes centrales de la demanda es el impacto emocional y económico que la deportación tendría sobre CDBG. Sandoval es el principal sostén económico de su hijo, y su ausencia afectaría directamente su bienestar, estabilidad emocional y acceso a servicios médicos y educativos especializados. La demanda enfatiza que la separación no solo representa una carga emocional para el menor, sino una pérdida significativa de derechos como ciudadano estadounidense.
En paralelo, si Sandoval diera a luz fuera del país, la ciudadanía del bebé dependería del estatus del padre. Según la ley vigente, si el padre es ciudadano estadounidense, el niño podría obtener la ciudadanía sin importar el lugar de nacimiento. No obstante, el abogado Katchmer señaló que no dispone de información sobre la nacionalidad del padre en este momento.
Antecedentes legales similares y la postura del Gobierno
Este caso no es el primero en su tipo. En 2019, un menor ciudadano estadounidense intentó detener la deportación de su padre mediante una orden judicial en Ohio. Katchmer también participó como abogado defensor, pero el tribunal falló a favor del Gobierno federal. El precedente legal añade incertidumbre al actual proceso, aunque el contexto ha evolucionado con los recientes cuestionamientos al derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Los abogados del Gobierno aún no han emitido comentarios oficiales sobre la demanda. Según informaron medios locales, ambas partes participaron en una reunión virtual inicial el pasado jueves para discutir el curso del caso.
Mientras tanto, Sandoval continúa en espera de una resolución judicial que determine si podrá permanecer en Estados Unidos para dar a luz y seguir cuidando de sus hijos. Su historia, además de ser un drama humano, vuelve a encender el debate sobre el impacto de las políticas migratorias en familias con hijos ciudadanos y sobre los derechos constitucionales de los más vulnerables.