Gobierno de EE.UU. demanda a ciudades santuario en Nueva Jersey: conoce cuáles son
El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, presentó una demanda federal contra cuatro ciudades santuario en Nueva Jersey, acusándolas de implementar políticas que interfieren con la aplicación de las leyes migratorias federales.
Las ciudades señaladas en la demanda son Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken. Todas han adoptado ordenanzas locales que limitan la colaboración de sus departamentos de policía y agencias municipales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y otras autoridades federales encargadas del control migratorio.
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Qué argumenta el Gobierno federal en su demanda
La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia este jueves en un tribunal federal de distrito. El documento sostiene que las políticas de estas ciudades buscan “obstaculizar activamente los esfuerzos del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias”.
“Todas han adoptado políticas con el claro objetivo de dificultar que Estados Unidos haga cumplir la ley federal de inmigración”, indica el texto legal. “Estos esfuerzos para proteger a extranjeros ilegales dentro del Estado Jardín son ilegales”.
El Departamento de Justicia también argumenta que estas políticas violan la Constitución al crear barreras para la cooperación entre autoridades locales y federales, e impiden que los agentes del ICE cumplan con su labor.
Qué son las ciudades santuario y cómo operan
Las ciudades santuario son jurisdicciones que limitan su colaboración con el Gobierno federal en asuntos relacionados con inmigración. Estas políticas incluyen no detener a personas exclusivamente por su estatus migratorio y no responder a solicitudes voluntarias del ICE, como las llamadas “retenciones” o detainers.
Nueva Jersey es uno de los estados con mayor número de inmigrantes, y varias de sus ciudades han declarado abiertamente su carácter santuario, especialmente después de que Trump retomara la presidencia en 2025. Las políticas buscan fomentar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, asegurando que los residentes puedan reportar delitos sin temor a ser deportados.
Respuesta de los gobiernos locales: “No colaboraremos con redadas migratorias”
Uno de los primeros en responder fue el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien calificó la demanda como “absurda” y un intento de intimidación política. En un comunicado difundido en redes sociales, Baraka sostuvo que sus políticas no interfieren con la aplicación de la ley, pero sí rechazan que la policía local actúe como brazo del ICE.
“Nada en nuestras políticas impide que las fuerzas del orden hagan su trabajo. Lo que nos negamos a hacer es convertir nuestra ciudad en un brazo de la aplicación federal de inmigración, algo que los tribunales ya han dictaminado que no es nuestro papel”, declaró Baraka.
La alcaldía de Jersey City emitió un comunicado similar, señalando que su prioridad es proteger a todos los residentes sin importar su estatus migratorio, y denunció que la demanda tiene motivaciones políticas.
El contexto nacional: más demandas contra jurisdicciones santuario
Esta acción legal se suma a otras recientes que el Gobierno federal ha iniciado contra estados y ciudades que desafían su política migratoria. La administración Trump también ha demandado a Nueva York y a Illinois —incluyendo a la ciudad de Chicago— por mantener protecciones similares para inmigrantes indocumentados.
Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Trump ha intensificado su agenda de mano dura contra la inmigración, incluyendo nuevas órdenes ejecutivas para permitir deportaciones masivas utilizando poderes especiales del Ejecutivo. También ha incrementado la presencia militar en la frontera con México.
Acusaciones contra el alcalde de Newark y polémica en ICE
Ras Baraka, el alcalde de Newark, fue recientemente detenido tras una manifestación frente a un centro de detención del ICE en su ciudad. El incidente, que incluyó enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad, terminó con su arresto bajo cargos de allanamiento de morada federal. Sin embargo, los cargos fueron retirados esta semana, según confirmó su oficina.
La protesta se produjo luego de reportes sobre presuntos abusos dentro del centro de detención, lo que generó indignación entre activistas y funcionarios locales.
Mientras continúa la disputa legal, las ciudades implicadas han prometido defender sus políticas en los tribunales, alegando que sus acciones están protegidas por el derecho constitucional a la autonomía local.