El presidente Donald Trump insistió este domingo 25 de mayo en su demanda para que la Universidad de Harvard revele la identidad y nacionalidad de sus estudiantes extranjeros, días después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara la prohibición de matricular nuevos alumnos foráneos.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump cuestionó por qué la institución no destaca que casi el 31% de su alumnado proviene de otros países, sugiriendo que algunos de estos no son aliados de Estados Unidos. “Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una petición razonable, ya que le damos a Harvard miles de millones de dólares, pero Harvard no es muy comunicativa”, escribió, intensificando la presión sobre la prestigiosa universidad.
La controversia se desató tras la negativa de Harvard a proporcionar datos detallados sobre estudiantes internacionales involucrados en protestas pro-palestinas en los últimos años, una solicitud impulsada por la Administración Trump. El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de la certificación de Harvard en el programa de visitantes e intercambio de estudiantes, afectando a los cerca de 6,800 alumnos extranjeros que representan el 27.2% de su matrícula actual. Esta medida obliga a los estudiantes ya inscritos a transferirse a otra institución o enfrentar la pérdida de su estatus legal, una decisión que Harvard calificó de “ilegal” y que llevó a un juez federal a suspenderla temporalmente el viernes tras una demanda interpuesta por la universidad.
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Presión de Trump sobre Harvard
El mensaje de Trump no solo reiteró su exigencia de datos, sino que también criticó el financiamiento de Harvard, sugiriendo que con sus 52,000 millones de dólares de endowment debería dejar de depender de fondos federales. “Queremos esos nombres y países. ¡Harvard tiene 52,000,000 de dólares, úsenlos y dejen de pedirle al Gobierno Federal que les siga dando dinero!”, sentenció.
La Administración ha acusado a Harvard de fomentar el antisemitismo y de colaborar con el Partido Comunista Chino, alegaciones que han servido como base para recortar casi 2,000 millones de dólares en subvenciones federales en los últimos meses y amenazar con retirar sus exenciones fiscales, una medida que sigue en evaluación por el Departamento del Tesoro.
La universidad, por su parte, ha defendido su posición, afirmando que ya proporcionó miles de datos sobre su población estudiantil internacional, pero considera que las demandas adicionales de la Administración exceden los requisitos legales. Harvard sostiene que sus estudiantes extranjeros, provenientes de más de 140 países, enriquecen la institución y el país, un argumento respaldado por el Departamento de Educación, que ha destacado su contribución a la investigación y el intercambio cultural. Sin embargo, la tensión persiste, con Trump señalando que la falta de cooperación justifica medidas más severas contra la institución más antigua de Estados Unidos.
Repercusiones de la exigencia
La decisión de revocar la certificación de Harvard ha generado incertidumbre entre los estudiantes afectados, muchos de los cuales enfrentan plazos ajustados para transferirse antes del inicio del próximo ciclo académico en agosto. El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que la medida busca responsabilizar a la universidad por supuestas actividades ilícitas, incluyendo protestas que considera peligrosas, aunque no ha especificado casos concretos. Esta acción se suma a una serie de sanciones contra instituciones educativas, parte de una política más amplia del gobierno para abordar lo que describe como “amenazas a la seguridad nacional” en los campus.
En Cambridge, donde se encuentra el campus de Harvard, la comunidad académica ha expresado preocupación por el impacto en su diversidad estudiantil. Mientras las autoridades federales evalúan los próximos pasos, Trump ha utilizado su plataforma para amplificar su mensaje, insistiendo en que la transparencia sobre los estudiantes internacionales es esencial. La universidad, por su parte, continúa explorando opciones legales para proteger a su alumnado, en un conflicto que pone en jaque su autonomía y financiamiento.