Trump exige los «nombres y países» de los estudiantes extranjeros. EE.UU. anunció la pausa de visados a alumnos foráneos de Harvard. ¿Qué consecuencias tendrá para los universitarios?
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El enfrentamiento entre la administración del presidente Donald Trump y la Universidad de Harvard ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, marcando un hito en la batalla del gobierno contra las instituciones educativas de élite en Estados Unidos. En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), lo que prohíbe a la universidad inscribir estudiantes internacionales y pone en riesgo el estatus migratorio de los actuales. Este conflicto, que comenzó con demandas de información sobre estudiantes extranjeros, ha generado una controversia que afecta a miles de alumnos y plantea serias preguntas sobre el futuro de la educación superior en el país.
El origen del conflicto
La disputa se intensificó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió una carta a Harvard exigiendo registros detallados sobre las «actividades ilegales y violentas» de los estudiantes con visas F-1, incluyendo videos, audios y datos disciplinarios de los últimos cinco años. Noem acusó a Harvard de crear un «entorno hostil» para estudiantes judíos y de no condenar el antisemitismo, además de señalar supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino. La universidad, que inscribió a 6,793 estudiantes internacionales (27.2% de su matrícula en 2024-2025), respondió proporcionando miles de datos, pero el DHS los consideró insuficientes, lo que llevó a la revocación del SEVP.
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El presidente Trump ha defendido la medida en su plataforma Truth Social, afirmando que es «razonable» exigir los nombres y países de origen de los estudiantes extranjeros, dado que Harvard recibe «miles de millones de dólares» en fondos federales. «¡Nadie nos dijo que casi el 31% de sus estudiantes son de tierras extranjeras, y esos países, algunos no muy amigos de EE.UU., no pagan nada por su educación!», escribió.
Impacto en los estudiantes
La decisión afecta directamente a más de 7,000 estudiantes internacionales en Harvard, quienes ahora deben transferirse a otras universidades para mantener su estatus legal o enfrentar la deportación. Entre ellos se encuentra la princesa Elisabeth de Bélgica, quien cursa una maestría en políticas públicas. «Es devastador», dijo Leo Gerdén, un estudiante sueco de 22 años que está a punto de graduarse, en una entrevista con el Harvard Crimson. «Los estudiantes internacionales están siendo usados como fichas de póker en una batalla entre la Casa Blanca y Harvard».
La revocación llega a pocos días de la graduación de primavera, lo que agrava la incertidumbre. Los estudiantes con visas F-1 y J-1 enfrentan un plazo ajustado para encontrar otra institución certificada por el SEVP, un proceso complicado en esta etapa del año académico. Además, la medida amenaza con interrumpir investigaciones críticas, como las de un postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard, quien señaló que más de la mitad de su laboratorio está compuesto por estudiantes internacionales. «Todos están muy asustados de ser deportados en cualquier momento», afirmó.
Fotografía de archivo de señalización en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. EFE/Cj Gunther
Reacciones y resistencia
Harvard ha calificado la acción como «ilegal» y «vengativa», argumentando que viola la Primera Enmienda, la Cláusula del Debido Proceso y la Ley de Procedimiento Administrativo. La universidad presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, y horas después, la jueza Allison D. Burroughs emitió una orden temporal que bloquea la revocación del SEVP mientras continúa el litigio. La universidad sostiene que ya proporcionó miles de datos en respuesta a las demandas de Noem y que el DHS no justificó por qué eran insuficientes ni siguió los procedimientos regulatorios adecuados.
La comunidad académica y los defensores de los derechos civiles también han reaccionado con fuerza. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión calificó la solicitud de registros como un «expediente de pesca» que amenaza la libertad de expresión. Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, señaló que la medida «castiga innecesariamente a miles de estudiantes inocentes». Por su parte, el presidente del Consejo Americano de Educación, Ted Mitchell, advirtió que esto envía un «mensaje escalofriante» a los estudiantes internacionales que buscan estudiar en EE.UU.
Contexto político y económico
El enfrentamiento con Harvard es parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para presionar a las universidades de élite, a las que acusa de promover ideologías «antiestadounidenses» y de no abordar el antisemitismo tras las protestas pro-Palestina en los campus. El gobierno ha congelado más de $2,600 millones en fondos federales para Harvard, afectando investigaciones en áreas como el cáncer y la salud pública. Trump también ha amenazado con revocar el estatus de exención fiscal de la universidad, una medida que Harvard considera sin base legal.
Los estudiantes internacionales representan una fuente significativa de ingresos para Harvard, que depende de sus matrículas más altas para financiar su dotación de $53,200 millones. La pérdida de esta población podría tener un impacto económico severo, además de dañar la reputación global de la universidad como un centro de excelencia académica.
Fotografía de archivo de una bandera de la Universidad de Harvard ondeando fuera del Lehman Hall en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE.UU. EFE/EPA/CJ Gunther
¿Hacia dónde va el conflicto?
La batalla legal entre Harvard y la administración Trump está lejos de resolverse. La audiencia para una orden judicial preliminar está programada para el 29 de mayo, y expertos como Stephen Yale-Loehr, exprofesor de derecho migratorio en Cornell, creen que Harvard tiene una buena probabilidad de ganar debido a las irregularidades procesales del DHS. Sin embargo, la retórica de la administración, que incluye acusaciones de «coordinación con el Partido Comunista Chino» y «apoyo al terrorismo», sugiere que el conflicto podría extenderse a otras universidades, como Columbia, que ya han enfrentado presiones similares.