La controversia del hijo de Bolsonaro: ¿Está en la mira por ataques a Brasil desde EE.UU.?
La Fiscalía General de Brasil solicitó este lunes a la Corte Suprema la apertura de una investigación contra el diputado Eduardo Bolsonaro por sus actividades en Estados Unidos, donde, según sus propias declaraciones, está promoviendo sanciones contra autoridades judiciales brasileñas. Esta nueva ofensiva legal se enmarca en las tensiones generadas por los procesos penales contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y su círculo político.
El hijo del exmandatario permanece en territorio estadounidense desde marzo, cuando se licenció temporalmente de su cargo como diputado federal. Su objetivo declarado es “buscar justicia” para los implicados en procesos judiciales por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, incluyendo a su padre y a figuras de la extrema derecha brasileña.
Cabildeo con apoyo del entorno de Trump
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Eduardo Bolsonaro mantiene estrechos vínculos con sectores de la ultraderecha estadounidense y con figuras influyentes del Partido Republicano. Su cercanía con el presidente Donald Trump le ha permitido acceder a legisladores afines que han manifestado públicamente su apoyo a la narrativa bolsonarista, calificando al sistema judicial brasileño como “autoritario” e incluso como una “dictadura judicial”.
En sus redes sociales, el diputado brasileño ha compartido imágenes con senadores y congresistas republicanos, algunos de los cuales han expresado abiertamente su respaldo a la imposición de sanciones a autoridades brasileñas, en particular al ministro Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) y principal relator del juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro.
Declaraciones polémicas ante el Congreso de EE.UU.
La semana pasada, durante una audiencia parlamentaria en Washington, el diputado republicano Cory Mills cuestionó al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre si el Gobierno de Donald Trump considera imponer sanciones a Alexandre de Moraes por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Rubio respondió que “hay una gran posibilidad”, en una escena que fue celebrada por Eduardo Bolsonaro y difundida ampliamente en sus canales digitales. El gesto ha sido interpretado por la Fiscalía brasileña como parte de una campaña de presión extranjera sobre el Poder Judicial del país.
La Fiscalía advierte una amenaza a la institucionalidad
El documento presentado por la Procuraduría General ante la Corte Suprema señala que las acciones de Eduardo Bolsonaro tienen un “manifiesto tono intimidatorio” contra jueces, fiscales y otros funcionarios que intervienen en las investigaciones por la intentona golpista del 8 de enero. Para el Ministerio Público, se trata de una estrategia coordinada para debilitar las instituciones democráticas brasileñas desde el exterior.
“Las evidencias conducen a la hilación de que la búsqueda de sanciones contra miembros del Poder Judicial apunta a interferir en el trámite regular de procedimientos de orden criminal”, sostiene la petición. La investigación también podría abarcar si hubo algún tipo de coordinación entre Eduardo Bolsonaro y agentes políticos o diplomáticos extranjeros con ese propósito.
La ofensiva judicial contra el bolsonarismo
El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta múltiples causas ante el Supremo Tribunal Federal. Una de las más avanzadas es la que lo señala como parte de una conspiración para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de 2022.
La tesis de la Fiscalía es que esa conspiración culminó con los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores bolsonaristas invadieron y vandalizaron los edificios de los tres poderes en Brasilia. Según la acusación, el objetivo era crear el caos suficiente para justificar una intervención militar que impidiera el gobierno de Lula.
Además de Jair Bolsonaro, cerca de 30 colaboradores, exministros, militares retirados y operadores políticos de su entorno están bajo investigación por su presunta participación en los hechos. Las indagaciones incluyen delitos como asociación ilícita, intento de golpe de Estado, incitación a la violencia y atentado contra el Estado democrático de derecho.
Eduardo Bolsonaro, en la mira del STF
Si la Corte Suprema acepta la solicitud de la Fiscalía, Eduardo Bolsonaro podría enfrentar un proceso por intento de obstrucción a la justicia, abuso de poder político e incluso por atentar contra la soberanía nacional, debido a su presunto llamado a la injerencia extranjera en asuntos internos de Brasil.
El caso promete escalar las ya tensas relaciones entre los poderes de la República en Brasil y podría tener consecuencias diplomáticas si se comprueba que hubo colaboración directa de actores políticos estadounidenses. Mientras tanto, el hijo del presidente Bolsonaro continúa su estadía en EE.UU., fortalecido por el respaldo de figuras clave del trumpismo.