La presión por las deportaciones masivas está generando una grave crisis en el sistema judicial migratorio de Estados Unidos. Las cortes de inmigración, ya sobrecargadas, enfrentan una acumulación sin precedentes de casos, lo que ha provocado retrasos, incertidumbre y ansiedad entre miles de inmigrantes que esperan una resolución a sus procesos legales.
Uno de los casos que ilustra este colapso es el de un hombre asaltado en Baltimore, quien tras colaborar con la policía se volvió elegible para solicitar una visa U. Este tipo de visa está destinada a víctimas de delitos graves que ayudan a las autoridades. Sin embargo, lleva más de 40 días esperando una confirmación de que su solicitud ha sido recibida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS). “El recibo es crucial para protegerlo, y a su esposa, de una posible deportación”, explicó su abogado, Gustavo Marín, en CNN.
Como este, hay miles de casos similares estancados. Las cortes, bajo la presión del gobierno del presidente Donald Trump y sus promesas de deportaciones masivas, han endurecido los procedimientos. “Los jueces ya no son tan comprensivos como antes”, advierte Marín.
Te Recomendamos
LAS DEPORTACIONES MASIVAS PROVOCAN DEMORAS EN VISAS Y ASILOS
Las políticas actuales han endurecido el enfoque de los jueces y funcionarios migratorios. Abogados especializados señalan que los beneficios migratorios que antes eran procedimientos relativamente predecibles ahora enfrentan mayores obstáculos. Por ejemplo, la confirmación de recibo de una visa U, que solía demorar unos 40 días, ahora puede tardar hasta 120. Este cambio retrasa un proceso que, de por sí, puede durar entre 5 y 7 años.
La saturación también afecta los casos de asilo. Según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), en abril de 2025 había casi 4 millones de casos acumulados en sus registros. Un memorando reciente emitido por la entidad instó a los jueces a “gestionar eficientemente sus expedientes” y resolver aquellos casos sin vía legal clara para protección.
Esta directiva podría permitir que los jueces decidan sobre solicitudes de asilo sin que los inmigrantes siquiera comparezcan en una audiencia formal. La medida ha sido vista por defensores de los derechos de los migrantes como una forma de acelerar las deportaciones masivas sin respetar el debido proceso.
Para Jaime Barrón, abogado con oficinas en varios estados, estas medidas forman parte de un patrón claro: “La actitud antinmigrante es evidente. Se están buscando todas las formas posibles para restringir el acceso al debido proceso”.
LOS DESPIDOS DE JUECES AGRAVAN LA CRISIS MIGRATORIA EN EE.UU.
La situación ha empeorado con los recientes despidos de jueces de inmigración. Entre marzo y abril de 2025, el Departamento de Justicia despidió a jueces que estaban en su periodo de prueba. Trece de ellos han demandado al Departamento alegando violación de las regulaciones laborales. Esta decisión agrava aún más la capacidad del sistema judicial para atender los casos pendientes.
Las estadísticas de la EOIR son contundentes: en marzo de 2025 se registraron 4 millones de casos pendientes y solo se resolvieron un poco más de 61.000. En abril de 2024, la cifra de casos resueltos fue de aproximadamente 64.000. Con un promedio mensual de resolución de apenas el 2%, se calcula que tomaría entre 4 y 5 años ponerse al día con los casos actuales, sin contar los nuevos que se suman cada mes.
Los abogados de la firma de Barrón alertan sobre otra consecuencia: las fianzas son ahora más difíciles de obtener. Cargos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), pueden catalogar a una persona como un “peligro para la comunidad”, lo que limita sus opciones legales. “Ahora es más difícil incluso solicitar la cancelación de un proceso consular cuando existen cargos penales menores”, explican.
El panorama es cada vez más restrictivo. Muchos inmigrantes enfrentan una espera incierta, y la opción de simplemente “tener paciencia” no es viable para quienes corren el riesgo constante de ser deportados. “El proceso será más lento”, sentenció el abogado Marín. Todo apunta a que las cortes seguirán acumulando casos mientras las deportaciones masivas siguen siendo una prioridad política.
UN SISTEMA JUDICIAL QUE NO DA ABASTO FRENTE A LAS DEPORTACIONES MASIVAS
Este panorama judicial responde a una serie de políticas migratorias impulsadas por la administración Trump que, aunque ya no está en funciones, continúan vigentes o han sido reforzadas por decisiones legislativas recientes. En el Congreso estadounidense, varios legisladores republicanos han apoyado la aprobación de nuevas leyes que faciliten las deportaciones expeditas y limiten las oportunidades de apelación para los inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha endurecido los criterios para considerar a una persona como “deportablemente prioritaria”. Esto ha hecho que muchos inmigrantes que antes no habrían sido el foco principal de las autoridades ahora estén en riesgo de deportación, incluso si tienen años viviendo en EE.UU. y vínculos familiares fuertes.
Por su parte, organizaciones proinmigrantes han denunciado que estas políticas violan principios fundamentales de derechos humanos y ponen en peligro a personas que han huido de situaciones de violencia, pobreza extrema o persecución. La American Immigration Council, por ejemplo, ha documentado múltiples casos en los que inmigrantes fueron deportados antes de que sus solicitudes fueran completamente revisadas.
Además, la visa U no es el único tipo de trámite afectado. Las visas T (para víctimas de trata), las solicitudes de cancelación de deportación, y los procesos de ajuste de estatus bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) también enfrentan enormes retrasos. Esta congestión general del sistema hace que los procesos se alarguen innecesariamente, lo que genera más incertidumbre.
¿QUÉ SIGUE PARA LOS MIGRANTES BAJO LA PRESIÓN DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS?
En este contexto, el futuro de los inmigrantes en EE.UU. es incierto. La continuación de políticas orientadas a las deportaciones masivas solo agrava una crisis judicial que ya se había vuelto insostenible. Los expertos coinciden en que se requiere una reforma migratoria integral y una expansión de los recursos humanos y tecnológicos en las cortes de inmigración para reducir los tiempos de espera y garantizar el debido proceso.
Mientras tanto, abogados como Marín y Barrón aconsejan a sus clientes mantener la calma, preparar bien sus casos y contar con toda la documentación posible para enfrentar procesos cada vez más rigurosos. “Esto no se resolverá pronto, y los casos seguirán acumulándose”, reiteran.
Los casi 4 millones de expedientes pendientes y una tasa de resolución inferior al 2% mensual indican que la presión por deportaciones masivas ha desbordado completamente al sistema migratorio de Estados Unidos.