Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán e integrante de alto nivel del grupo criminal Los Chapitos, no enfrentará la pena de muerte en Estados Unidos. Así lo confirmó un documento judicial presentado por el Departamento de Justicia al Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois.
El escrito, con fecha del 23 de mayo de 2025, fue firmado por el fiscal federal Andrew Boutros y establece que, incluso en caso de que Guzmán López sea declarado culpable de los cargos que se le imputan, el gobierno federal no solicitará una sentencia capital.
“El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su fiscal, Andrew Boutros, conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3593, anuncia que no buscará una sentencia de pena de muerte para el acusado Joaquín Guzmán López”, detalla el documento, revelado inicialmente por el periodista estadounidense Keegan Hamilton.
Esta decisión ocurre pocos días antes de una audiencia crucial programada para el 2 de junio en Chicago, donde Guzmán López deberá comparecer ante el juez como parte del proceso penal que enfrenta por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
LA DECISIÓN SOBRE LA PENA DE MUERTE PARA JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ ABRE PUERTAS A UNA NEGOCIACIÓN JUDICIAL
La renuncia a buscar la pena de muerte para Joaquín Guzmán López no ha sido sorpresiva para los analistas jurídicos. En casos federales complejos como este, el gobierno puede evitar un juicio prolongado si el acusado está dispuesto a colaborar o aceptar una culpabilidad a cambio de beneficios penitenciarios.
Fuentes judiciales cercanas al caso indican que la defensa de Guzmán López estaría en negociaciones con los fiscales para un posible acuerdo de culpabilidad. Esta opción le permitiría al hijo del Chapo evitar un juicio largo y costoso, al tiempo que brindaría al gobierno información clave sobre el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa.
Este tipo de acuerdos son comunes en casos de crimen organizado en Estados Unidos. En el caso de su padre, Joaquín «El Chapo» Guzmán, el juicio en 2019 fue uno de los más mediáticos en la historia del país. El Chapo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ Y EL CONTEXTO DEL CÁRTEL DE SINALOA: LA VIOLENCIA TRAS LA DETENCIÓN
Guzmán López fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, en un operativo conjunto con agencias estadounidenses. En el mismo procedimiento fue arrestado Ismael “El Mayo” Zambada, histórico fundador del Cártel de Sinaloa y líder de la facción opuesta a Los Chapitos.
Esta detención doble fue considerada uno de los mayores golpes al narcotráfico en años recientes. Sin embargo, también tuvo un efecto colateral: desató una ola de violencia en el estado mexicano de Sinaloa. Las facciones rivales dentro del cartel —Los Chapitos y Los Mayos— entraron en un conflicto sangriento que ha dejado cientos de muertos, entre ellos civiles y agentes de seguridad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos en Sinaloa aumentaron en un 35% entre agosto de 2024 y abril de 2025, coincidiendo con el período posterior a las capturas de ambos líderes criminales.
La situación llevó al Gobierno de México a reforzar la presencia de la Guardia Nacional en la región, desplegando más de 2,000 elementos en Culiacán, Mazatlán y otras ciudades clave del estado.
¿QUÉ SIGNIFICA DESCARTAR LA PENA DE MUERTE PARA JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ EN EL CONTEXTO LEGAL DE EE.UU.?
En el sistema judicial estadounidense, la pena de muerte solo puede ser solicitada por los fiscales federales cuando se cumplen ciertos requisitos. Uno de ellos es que el delito esté tipificado como capital según la ley. Sin embargo, incluso si se cumple ese criterio, los fiscales pueden optar por no buscar dicha pena, como ocurrió en el caso de Guzmán López.
Además, el proceso para aplicar la pena capital es complejo: requiere una fase de juicio separada y la aprobación de altos funcionarios del Departamento de Justicia. Bajo la administración Biden, se ha producido una moratoria informal sobre las ejecuciones federales, aunque no se ha derogado formalmente la pena de muerte a nivel federal.
Actualmente, más de 40 países en el mundo han abolido completamente la pena de muerte, y el debate sobre su aplicación sigue vivo en Estados Unidos, donde varios estados han prohibido su uso o han impuesto moratorias.
En este caso, los cargos contra Guzmán López —como tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo, así como conspiración para distribuir sustancias controladas y lavado de dinero— podían haber calificado para un juicio con pena capital. No obstante, el Departamento de Justicia optó por una estrategia más pragmática.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ANTE LOS “CHAPITOS” Y LA CRISIS DE FENTANILO
La figura de Guzmán López es especialmente relevante en el contexto de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Según la DEA, Los Chapitos —grupo liderado por los hijos del Chapo— han desempeñado un papel central en la producción y distribución de esta droga sintética, responsable de más de 70,000 muertes anuales en el país.
En abril de 2023, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra 28 personas vinculadas a Los Chapitos, incluidos otros hijos del Chapo como Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. Este último fue extraditado en septiembre de 2023 desde México.
La administración Biden ha presionado a México para colaborar más estrechamente en el combate contra el fentanilo, lo que ha derivado en mayores operativos conjuntos y la creación de grupos binacionales de inteligencia.
En este escenario, la cooperación de Joaquín Guzmán López podría ser clave. Si decide colaborar con las autoridades, podría revelar información sobre rutas de tráfico, estructuras de mando y fuentes de financiamiento del Cártel de Sinaloa.