La administración del presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule una orden judicial que impide la deportación de migrantes hacia Sudán del Sur. Esta petición representa el último esfuerzo del gobierno por mantener su política de deportaciones aceleradas, incluso cuando los tribunales federales han manifestado profundas preocupaciones sobre la legalidad y la ética de estas acciones.
La apelación del martes 27 de mayo de 2025 se presentó pocas horas después de que el juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, criticara duramente el proceder de la Casa Blanca. En una audiencia reciente, Murphy insinuó que la administración estaba “fabricando caos” y apeló a que “la razón prevalezca sobre la retórica”, luego de conocerse que ocho migrantes habían sido enviados a Sudán del Sur en presunta violación de una orden judicial vigente.
El gobierno de Trump argumenta que los requisitos judiciales han entorpecido sus operaciones y que mantener bajo custodia a personas con antecedentes penales en terceros países representa una carga diplomática. El procurador general D. John Sauer calificó los mandatos del tribunal como un obstáculo para una “empresa diplomática delicada”.
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UN JUEZ DENUNCIA VIOLACIÓN DE ORDEN JUDICIAL
El juez Murphy subrayó que la Casa Blanca había recibido una “flexibilidad notable con supervisión mínima”, y que, a pesar de ello, optó por ignorar disposiciones legales claras. Señaló que el vuelo al continente africano —que incluía la escala en Yibuti antes de llegar a Sudán del Sur— fue ejecutado sin que los migrantes tuvieran una oportunidad real de apelar su deportación o de argumentar que regresar los pondría en peligro.
Murphy, nombrado por el presidente Joe Biden, indicó que los migrantes apenas fueron informados de su expulsión 16 horas antes del vuelo, y que la mayoría de ese tiempo transcurrió fuera del horario laboral, lo que limitó seriamente su acceso a representación legal o contacto con sus familias.
“Es difícil tomar en serio la idea de que estos individuos tuvieron una oportunidad real de presentar una reclamación válida”, escribió en su orden. Además, señaló que fue el propio gobierno quien sugirió procesar las apelaciones migratorias en el extranjero, lo cual resultó ser “logísticamente más engorroso” de lo anticipado.
La decisión del gobierno de no traer de regreso a los migrantes a suelo estadounidense para asistir a sus audiencias también fue duramente cuestionada. Como alternativa, Murphy propuso que las audiencias se realizaran en Yibuti, siempre y cuando los hombres permanecieran bajo custodia de Estados Unidos.
LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP Y LAS DEPORTACIONES A SUDÁN DEL SUR
Las deportaciones a Sudán del Sur reflejan una tendencia creciente de la administración de Trump: presionar a terceros países para que acepten a migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen. Esta estrategia se basa en acuerdos con naciones como El Salvador, Panamá y Costa Rica, aunque no exenta de polémica. Por ejemplo, El Salvador ha recibido a personas deportadas desde EE.UU. en condiciones cuestionables, como la detención en prisiones de alta peligrosidad.
En este caso específico, los migrantes no eran originarios de Sudán del Sur. Se trataba de personas provenientes de Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y el propio Sudán del Sur. Las autoridades argumentaron que sus países de origen se niegan a recibirlos, y por tanto, la opción fue deportarlos a un país dispuesto a aceptarlos, sin considerar si eso ponía en peligro su integridad física o emocional.
El gobierno de Trump también ha insistido en que todos los deportados cuentan con antecedentes penales graves en Estados Unidos, describiéndolos como amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, abogados y defensores de los derechos humanos sostienen que el debido proceso debe respetarse incluso en esos casos.
“Estamos hablando de personas que, más allá de su historial, merecen la oportunidad de defenderse si enfrentan un peligro real al ser expulsadas”, declaró Nina García, abogada especializada en inmigración de la organización Human Rights First.
LOS RETOS DEPORTIVOS Y HUMANITARIOS EN SUDÁN DEL SUR
Sudán del Sur continúa siendo considerado uno de los países más peligrosos del mundo, según el Departamento de Estado de EE.UU. La nación africana ha sido escenario de conflictos armados, violencia política, hambruna extrema y desplazamientos forzados. De hecho, el gobierno estadounidense ha emitido advertencias severas sobre los riesgos de viajar allí, y al mismo tiempo, promueve la deportación de migrantes hacia ese mismo lugar.
En su orden, el juez Murphy expresó preocupación por esta contradicción. Sostuvo que es inaceptable enviar personas a una nación sobre la cual existen alertas oficiales de alto riesgo sin permitirles siquiera una audiencia justa. «La vida de estas personas no puede ser tratada como un trámite más de política exterior», señaló.
Además, mantener a los migrantes detenidos en Yibuti mientras se resuelven sus casos ha deteriorado las relaciones bilaterales con ese país, según fuentes diplomáticas. Funcionarios locales han expresado su malestar por tener que alojar a extranjeros que no son responsabilidad suya y que podrían generar conflictos internos.
DEPORTACIONES A SUDÁN DEL SUR COMO DESAFÍO LEGAL Y POLÍTICO PARA TRUMP
El caso ha generado una nueva ola de críticas a la política migratoria del gobierno de Trump, especialmente por su estilo confrontacional con el poder judicial. Desde 2017, diversas cortes han bloqueado, limitado o pospuesto múltiples medidas impulsadas por la Casa Blanca, desde prohibiciones de viaje hasta restricciones al asilo. En respuesta, Trump y sus funcionarios han acusado a los jueces de obstaculizar la voluntad del pueblo.
“Estamos ante un patrón donde la administración desafía sistemáticamente los límites constitucionales para imponer su visión de la inmigración”, opinó Jonathan Mehta, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.
La Corte Suprema ahora deberá decidir si interviene en este caso, que no solo toca cuestiones migratorias, sino también el principio de separación de poderes y el respeto a los derechos humanos en contextos de deportación. El desenlace podría tener implicaciones profundas para miles de personas que enfrentan órdenes de expulsión hacia países donde su vida podría estar en peligro.
Por ahora, los ocho migrantes permanecen bajo custodia en el extranjero, mientras sus abogados esperan una resolución definitiva. Sus vidas penden de una balanza judicial que intenta equilibrar la seguridad nacional con la legalidad y la humanidad.
