México prohíbe armas impresas en 3D y refuerza control de armamento
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este jueves un decreto que refuerza significativamente el control de armas en el país. La nueva medida prohíbe la portación de armas fabricadas mediante impresión 3D o de manera artesanal, además de sancionar su uso, posesión y distribución. El decreto fue publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando su entrada en vigor a nivel nacional.
La reforma modifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ampliando el marco legal para combatir la proliferación de armamento ilegal, especialmente en un contexto de creciente violencia vinculada al crimen organizado.
Prohibición de armas artesanales y 3D
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Una de las novedades más destacadas de esta reforma es la inclusión de una cláusula que prohíbe expresamente las armas elaboradas de forma tridimensional —a través de impresoras 3D— así como aquellas de fabricación artesanal. Este tipo de armamento, también conocido como «armas fantasma», ha representado un desafío creciente para las autoridades mexicanas, ya que son difíciles de rastrear y no requieren registro.
La ley también establece sanciones contra el uso y la posesión de vehículos particulares blindados adaptados para montar o disparar armamento, una práctica detectada en organizaciones criminales que operan en zonas conflictivas del país.
Facultades exclusivas para la Secretaría de la Defensa Nacional
El decreto otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la facultad exclusiva de autorizar el uso de armas, municiones y materiales destinados exclusivamente a la guerra. Esta autorización deberá ser otorgada bajo criterios de necesidad, y podrá aplicarse tanto a individuos como a corporaciones, siempre y cuando exista una justificación válida.
Además, con base en el principio de reciprocidad internacional, la SEDENA también podrá autorizar de manera temporal la portación de armas a funcionarios de migración o aduanas de otros países, siempre que estén debidamente acreditados ante el Gobierno mexicano y participen en revisiones migratorias en puntos de tránsito internacional.
Campañas educativas de desarme y cultura de paz
La reforma no se limita a la regulación del armamento, sino que también establece una obligación para los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de promover campañas permanentes de educación para la paz y el desarme. Estas campañas deberán incluir información sobre armas, explosivos, fuegos artificiales y sustancias químicas peligrosas, con énfasis en los riesgos asociados a su manipulación.
“Las campañas educativas deben tener como fin reducir la posesión, la protección y el uso de armas de cualquier tipo”, señala el decreto. Estas iniciativas también buscan involucrar a la ciudadanía y prevenir incidentes, especialmente entre menores de edad, en comunidades vulnerables y en zonas de alta incidencia delictiva.
Nuevo marco legal contra el tráfico de armas
La reforma aprobada por el Senado mexicano el pasado 30 de abril también endurece las penas por el tráfico y uso ilegal de armas. El objetivo es reforzar el control estatal del armamento y actualizar el marco normativo vigente, que no contemplaba amenazas más recientes como las armas impresas en 3D.
De acuerdo con las autoridades, este tipo de armamento no solo es utilizado por grupos del crimen organizado, sino también por células delictivas locales e incluso por personas particulares que, sin un marco legal claro, accedían a piezas y componentes a través de internet o impresoras caseras.
La legislación también establece nuevas regulaciones sobre accesorios, componentes y sustancias químicas relacionadas con explosivos, con el propósito de cerrar lagunas legales y facilitar la persecución penal de estas actividades.
México refuerza estrategia para reducir violencia armada
Con esta reforma, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca reforzar la estrategia nacional para combatir la violencia armada, una de las principales preocupaciones de seguridad pública en el país. De acuerdo con datos oficiales, gran parte de los homicidios registrados en México están vinculados al uso de armas de fuego ilegales.
Las autoridades consideran que la actualización del marco jurídico permitirá mayor eficacia en operativos contra el tráfico de armas, tanto en fronteras como dentro del territorio nacional, y mejorará la coordinación entre las fuerzas federales y estatales.
El decreto ya se encuentra en vigor tras su publicación en el DOF y forma parte del compromiso de la nueva administración federal de reducir los niveles de violencia mediante un enfoque legal, preventivo y de justicia social.