Trump enfrenta demanda de PBS por tras retirarle fondos
La cadena de televisión pública PBS demandó al Gobierno del presidente Donald Trump tras la firma de una orden ejecutiva que recorta los fondos federales destinados a la emisora, así como a la radio pública NPR. La demanda, presentada este viernes en un tribunal federal en el Distrito de Columbia, sostiene que el presidente ha cruzado los límites de sus atribuciones al intentar controlar indirectamente el contenido de los medios públicos.
El documento judicial argumenta que Trump “no tiene autoridad para actuar como árbitro del contenido de la programación de PBS” y que sus acciones violan la Primera Enmienda de la Constitución, la cual protege la libertad de expresión y prensa en Estados Unidos. PBS solicitó que la justicia suspenda de forma inmediata la orden presidencial.
La medida adoptada por el mandatario también generó una reacción similar por parte de NPR y varias de sus emisoras afiliadas, que iniciaron una acción legal el martes pasado.
Te Recomendamos
Reducción drástica del presupuesto a NPR y PBS
La orden ejecutiva firmada por Trump a inicios de mayo instruyó a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) a reducir al mínimo legal los fondos actuales para NPR y PBS, y a cancelar cualquier posible financiamiento futuro. El mandatario justificó la decisión acusando a ambas plataformas de promover un “sesgo ideológico hacia la izquierda”.
La CPB fue creada por el Congreso en 1967 con el objetivo de distribuir fondos federales a medios públicos. Actualmente, maneja un presupuesto de aproximadamente 535 millones de dólares anuales. Aunque NPR recibe solo cerca del 1 % de su financiamiento directamente del gobierno federal, más de 1.300 emisoras afiliadas dependen en gran medida de estos fondos, representando entre el 8 % y el 10 % de su presupuesto operativo.
En el caso de PBS, la dependencia es aún mayor: alrededor del 15 % de los ingresos de sus estaciones afiliadas proviene de la CPB, lo que podría afectar severamente su capacidad para operar si el recorte se mantiene.
PBS: “Esto es un intento de censura disfrazado”
Dirigentes de PBS han señalado que esta acción del Gobierno no se trata solo de un recorte presupuestario, sino de un intento encubierto de controlar los contenidos editoriales de los medios públicos. Paula Kerger, presidenta de PBS, declaró que “la orden ejecutiva representa un precedente peligroso en el que un gobierno busca penalizar a los medios que no se alinean con sus ideas”.
La organización también advirtió que miles de empleados en las estaciones afiliadas podrían perder sus trabajos, y que muchas comunidades rurales quedarían sin acceso a información, educación y programación cultural de calidad, especialmente en zonas donde PBS es la única fuente de televisión gratuita.
Antecedentes de ataques a medios públicos
No es la primera vez que la administración de Trump arremete contra los medios financiados por el Estado. En marzo, el presidente firmó una orden para cerrar la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), que supervisaba emisoras como Voz de América y Radio Free Europe. Esta medida provocó el cese de más de 1.300 empleados y la paralización de operaciones internacionales.
Esa decisión también generó demandas laborales y cuestionamientos legales, muchos de los cuales continúan en trámite. En aquel momento, Trump argumentó que USAGM “había perdido su rumbo” y que debía ser desmantelada por completo.
Preocupaciones en el Congreso y entre defensores de la libertad de prensa
La orden ejecutiva ha generado alarma en sectores del Congreso, especialmente entre legisladores demócratas, quienes consideran que la acción podría interpretarse como una represalia contra medios que mantienen una línea editorial crítica del Gobierno. Incluso algunos senadores republicanos moderados han expresado su preocupación por la posibilidad de que esta medida siente un precedente que afecte a futuros gobiernos.
Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) han emitido comunicados denunciando la acción como un “ataque directo a la prensa libre en Estados Unidos”. También advirtieron sobre el impacto negativo que podría tener en la percepción global de la libertad de prensa en el país.
Mientras la batalla legal se intensifica, el futuro financiero y operativo de NPR y PBS permanece incierto. Lo que está claro es que este nuevo conflicto entre la administración de Donald Trump y los medios públicos marca otro capítulo en la relación cada vez más tensa entre el poder ejecutivo y la prensa en Estados Unidos.