Juez frena intento de Trump contra permisos de venezolanos
Un juez federal en California detuvo el intento de la administración del presidente Donald Trump de invalidar permisos de trabajo y otros documentos legales que permiten a unos 5.000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había generado preocupación entre defensores de migrantes y comunidades venezolanas.
El fallo judicial protege documentos migratorios
La decisión fue tomada por el juez Edward Chen, quien concluyó que la secretaria Noem se excedió en su autoridad al revocar documentos que fueron emitidos conforme al TPS en los últimos días del mandato del expresidente Joe Biden. Según el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podía invalidar retroactivamente los documentos legales emitidos hasta octubre de 2026, fecha hasta la que Biden había extendido el programa.
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“El intento de anular estos documentos fue más allá de las facultades legales del DHS”, afirmó el juez Chen, quien dio la razón a los abogados de migrantes que argumentaron que la eliminación de esos permisos pondría en riesgo el sustento de miles de personas.
Contexto legal y político del TPS para venezolanos
El TPS es un programa federal que otorga protección migratoria temporal a ciudadanos de países que atraviesan crisis humanitarias, como conflictos armados o desastres naturales. Venezuela fue incluida en este programa durante la administración de Biden debido a la grave situación económica y política en el país sudamericano.
Hace menos de dos semanas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Trump a poner fin al TPS para más de 350.000 migrantes venezolanos. Sin embargo, el máximo tribunal dejó la puerta abierta para que migrantes individuales pudieran seguir impugnando acciones específicas del gobierno, como la eliminación de documentos ya otorgados.
La decisión de Trump de cancelar el TPS generó controversia inmediata. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha endurecido su política migratoria, reiterando su intención de deportar a millones de inmigrantes, incluidos aquellos que han residido durante años en el país bajo amparos legales como el TPS.
Venezolanos en riesgo de perder su empleo o ser deportados
Organizaciones como National TPS Alliance y abogados defensores advirtieron que revocar los documentos dejaría a miles de personas sin trabajo y en riesgo de deportación. “Sin estos permisos, muchos migrantes perderán su fuente de ingresos y quedarán en una situación de extrema vulnerabilidad”, señaló un portavoz de la organización.
El gobierno federal argumentó que la decisión afectaría únicamente a unas 5.000 personas, pero activistas advirtieron que la medida sienta un precedente preocupante para otros grupos de inmigrantes protegidos por el TPS, como los de El Salvador, Nicaragua y Haití.
La política migratoria de Trump bajo el escrutinio judicial
El presidente Donald Trump ha mantenido la inmigración como uno de los ejes de su segundo mandato. Desde su regreso a la presidencia en 2025, ha promovido una agenda centrada en el control fronterizo, la reducción de beneficios migratorios y el fortalecimiento de las medidas de deportación.
La secretaria Noem, designada por Trump al frente del Departamento de Seguridad Nacional, ha liderado estos esfuerzos, incluyendo la revisión y reversión de políticas migratorias implementadas durante la administración anterior.
No obstante, la intervención del juez Chen muestra que los tribunales continúan desempeñando un papel clave como contrapeso ante decisiones que afectan a comunidades enteras de migrantes. El fallo es una victoria temporal para los miles de venezolanos amparados por documentos emitidos legalmente, mientras se sigue desarrollando la batalla judicial sobre el futuro del TPS.
Impacto en comunidades venezolanas en Estados Unidos
Los casi 500.000 venezolanos que residen en Estados Unidos, especialmente concentrados en estados como Florida y Texas, han expresado temor e incertidumbre por las políticas migratorias de la nueva administración. Para muchos, el TPS ha sido su única vía de permanencia legal, y la posibilidad de perder su estatus representa un riesgo directo de separación familiar, pérdida de empleo o deportación.
La comunidad venezolana ha respondido con protestas, campañas de sensibilización y acciones legales en múltiples ciudades del país. Líderes comunitarios han pedido al Congreso actuar para ofrecer una solución legislativa permanente para quienes viven bajo TPS, más allá de las decisiones ejecutivas o judiciales.