Recolección de ADN a migrantes desata nueva demanda contra Trump
La recolección de ADN por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos ha generado una nueva controversia legal. Tres organizaciones defensoras de los derechos civiles e inmigrantes presentaron este lunes una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Administración Trump, alegando falta de transparencia en el uso, almacenamiento y supervisión de datos genéticos recogidos a personas que no han sido acusadas de ningún delito.
La querella fue interpuesta por el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice. Los grupos aseguran que, desde hace más de un año, han intentado obtener información sobre los procedimientos del programa sin recibir respuesta clara por parte del gobierno federal.
Expansión masiva del programa de ADN bajo la Administración Trump
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Desde 2020, el DHS ha ampliado significativamente su programa de recolección de ADN, según datos citados en la demanda. Las muestras genéticas de personas no ciudadanas, incluidos menores de edad, han sido integradas en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) del FBI, con un incremento del 5,000% en el volumen de registros aportados por el DHS, lo que lo convierte en el mayor contribuyente a esa base de datos nacional.
El CODIS es una herramienta utilizada por agencias policiales en todo el país para la resolución de delitos. No obstante, los grupos demandantes argumentan que el uso de estos datos va más allá de fines criminales y que se está construyendo una infraestructura de vigilancia sin precedentes, especialmente centrada en comunidades inmigrantes.
Organizaciones denuncian recolección de ADN sin base legal clara
Stevie Glaberson, director de investigación y defensa del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown, aseguró que el gobierno está recolectando muestras de ADN de personas que no han sido acusadas ni condenadas por ningún delito, y sin ofrecer garantías mínimas de privacidad o información sobre sus derechos.
“Este es el tipo de información más sensible que puede tener una persona, y el gobierno la está almacenando sin ninguna supervisión significativa”, advirtió Glaberson. Añadió que los estadounidenses merecen conocer cómo se utiliza esta tecnología y que la opacidad del DHS es “profundamente preocupante”.
La ley de 2005 y la nueva orden ejecutiva de Trump
La recolección de ADN a personas detenidas por autoridades federales tiene su origen en una ley aprobada en 2005, que obliga a las agencias a tomar muestras genéticas de detenidos, incluidos los no ciudadanos. Sin embargo, hasta 2020, esa práctica no se aplicaba de manera rutinaria en contextos migratorios.
Daniel Melo, abogado sénior del Immigration Impact Lab de Amica, explicó que fue la Administración Trump la que impulsó la aplicación plena de esa ley en el ámbito de la inmigración. A través de la orden ejecutiva Securing Our Borders (Protegiendo nuestras fronteras), firmada recientemente por el presidente Trump, se ordena al fiscal general y al DHS hacer cumplir la normativa de forma estricta.
Según Melo, este cambio representa un giro significativo en la política migratoria, pues abre la puerta a una vigilancia biométrica más intensiva y con escasa fiscalización judicial o legislativa.
Preocupación por el uso futuro de los datos recolectados
Grupos de derechos civiles temen que la acumulación masiva de datos genéticos sea utilizada no solo para deportaciones, sino también para otros fines de control social y político. “Están utilizando las leyes de inmigración como pretexto para construir una red de vigilancia sobre comunidades vulnerables”, denunció Melo.
Emily Tucker, directora ejecutiva del centro de Georgetown, fue más allá y advirtió que el programa del DHS “no es una medida de control migratorio, sino un componente de una fuerza federal militarizada que opera sin supervisión”. A su juicio, esta infraestructura de vigilancia podría servir en el futuro para reprimir a quienes el gobierno considere “enemigos políticos o sociales”.
Tucker señaló que el uso indiscriminado de la recolección de ADN en procesos migratorios plantea serias amenazas a la privacidad de millones de personas, incluidas aquellas que residen legalmente en el país o que buscan asilo.
El DHS guarda silencio ante las críticas
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido públicamente a las solicitudes de información ni ha emitido comentarios sobre la demanda. Las organizaciones demandantes esperan que la vía legal obligue al gobierno a rendir cuentas sobre el manejo de datos genéticos y a establecer límites claros en su uso.
Mientras tanto, la polémica en torno al uso de ADN como herramienta migratoria sigue creciendo, y se suma a una serie de medidas de la Administración Trump que han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.