El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retiró esta semana de forma repentina una polémica lista de ciudades santuario para inmigrantes que fue publicada apenas días antes, en medio de una renovada ofensiva del expresidente Donald Trump contra estas jurisdicciones. El documento oficial, que buscaba señalar públicamente a estados, condados y ciudades que, según la administración, obstruyen la cooperación con las autoridades migratorias federales, generó fuertes críticas incluso desde bastiones republicanos.
La medida fue tomada después de que varias localidades, entre ellas Huntington Beach (California), expresaran su desacuerdo con haber sido incluidas como jurisdicciones “santuario”. En la lista figuraban 36 de los 50 estados del país, incluyendo a California, conocido por tener la mayor cantidad de ciudades y condados que limitan la colaboración de sus fuerzas policiales locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Aunque la publicación se hizo oficial el 29 de mayo, apenas unos días después, la página web designada para publicarla fue eliminada sin aviso y el comunicado de prensa original fue editado para borrar toda referencia a la lista de ciudades santuario para inmigrantes.
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Ciudades santuario para inmigrantes bajo presión por parte del gobierno federal
La creación y posterior eliminación de la lista de ciudades santuario para inmigrantes reflejan un patrón conocido en la política migratoria impulsada por Donald Trump: exponer públicamente a los gobiernos locales que, bajo criterios legales propios, han optado por no colaborar activamente con ICE.
La orden ejecutiva que motivó la lista fue firmada por Trump el 28 de abril. En ella se instruía a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi, identificar a las jurisdicciones consideradas incumplidoras y notificarles formalmente sobre posibles violaciones a leyes penales federales.
Entre las políticas que se consideran “santuario” están la negativa a retener a personas indocumentadas para ICE sin orden judicial, la restricción del acceso de agentes federales a cárceles locales o la negativa a compartir información migratoria sin justificación legal. Sin embargo, en muchas de estas localidades, estas medidas se justifican por la necesidad de garantizar relaciones de confianza entre comunidades inmigrantes y la policía local, o por la falta de recursos para asumir tareas federales sin financiamiento.
En el documento ahora desaparecido, el DHS incluía tanto ciudades como condados y estados completos, lo que generó confusión sobre los criterios utilizados.
Fotografía de archivo de de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles. EFE/EPA/David Maung
Ciudades santuario para inmigrantes incluyó a Huntington Beach y desató controversia
Uno de los detonantes para el retiro de la lista fue la reacción del alcalde de Huntington Beach, Pat Burns, quien criticó fuertemente la inclusión de su ciudad entre las ciudades santuario. Burns calificó la decisión como una “negligencia” y recordó que, en enero pasado, el concejo municipal votó de manera unánime a favor de una declaración que ratifica la cooperación con ICE y demás agencias federales.
Huntington Beach es una ciudad ubicada en el condado de Orange y es considerada uno de los últimos bastiones republicanos de California. Su historial de respaldo a Donald Trump contrasta con la acusación de que actúa como santuario, lo cual generó tensiones internas dentro del propio Partido Republicano.
Aunque el DHS había advertido que cada jurisdicción recibiría una notificación oficial detallando las posibles violaciones y pidiendo ajustes inmediatos a sus políticas, no se ha confirmado si Huntington Beach u otras ciudades ya recibieron estas comunicaciones.
Lo que sí está claro es que la controversia forzó al gobierno a dar marcha atrás, al menos de forma temporal, en su estrategia de exhibición pública. Desde organizaciones de derechos civiles hasta asociaciones de alcaldes, las críticas apuntaron a que la lista carecía de rigurosidad legal y podría fomentar la desinformación o la criminalización de gobiernos locales que están cumpliendo con las leyes federales y estatales.
Ciudades santuario para inmigrantes son históricamente ofendidas por parte de Trump
La ofensiva contra las ciudades santuario para inmigrantes no es nueva en la agenda de Donald Trump. Durante su primer mandato, el expresidente intentó congelar fondos federales para estas jurisdicciones, pero la mayoría de esos intentos fueron bloqueados por tribunales federales que consideraron las acciones como inconstitucionales o extralimitadas.
La narrativa de Trump ha insistido en que estas ciudades representan un riesgo para la seguridad nacional y actúan como refugios para criminales. No obstante, diversos estudios y estadísticas contradicen esa afirmación. Por ejemplo, investigaciones del Center for American Progress y la Universidad de California han mostrado que las ciudades con políticas santuario tienden a tener tasas de criminalidad iguales o más bajas que aquellas que cooperan activamente con ICE.
En paralelo, estas jurisdicciones han argumentado que no pueden asumir responsabilidades que corresponden al gobierno federal sin un presupuesto asignado. Además, muchas han denunciado que colaborar con ICE sin límites podría poner en riesgo la relación con las comunidades inmigrantes, muchas de las cuales colaboran activamente con las autoridades locales en temas de seguridad, salud y educación.
Fotografía de archivo de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem. EFE/ Archivo
La lista de ciudades santuario para inmigrantes, una herramienta política más que legal
La publicación —y súbita eliminación— de la lista de ciudades santuario para inmigrantes sugiere que más allá de una herramienta legal, esta iniciativa tenía un alto contenido político. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, Trump ha reactivado su discurso antiinmigrante con el objetivo de movilizar a su base más conservadora, especialmente en estados clave donde la inmigración es un tema polarizante.
El uso de listas para “exponer” a gobiernos locales tiene antecedentes en otras administraciones, pero su utilización con fines punitivos y sin un marco judicial claro ha generado resistencias incluso dentro del Partido Republicano.
En un contexto donde el debate migratorio vuelve a posicionarse en el centro de la agenda electoral, la tensión entre el gobierno federal y las ciudades santuario para inmigrantes seguirá siendo un foco de conflicto. El retiro de esta lista no resuelve el tema de fondo: la necesidad de una reforma migratoria integral que clarifique las competencias y responsabilidades entre distintos niveles de gobierno.