Perú enciende alarmas al recortar área protegida de las Líneas de Nazca
La decisión del Gobierno de Perú de reducir en más de 40 % el Parque Arqueológico Nacional Nasca-Palpa, hogar de las icónicas Líneas de Nazca, ha desatado críticas de expertos en patrimonio, ambientalistas y organizaciones internacionales. La nueva delimitación excluye aproximadamente 1.400 hectáreas, lo que equivale a cerca de 1.400 campos de fútbol, generando temores sobre un posible avance de la minería informal en una de las zonas más emblemáticas y frágiles del país.
Según la resolución publicada por el Ministerio de Cultura el 30 de mayo, la extensión del parque pasará de 5.600 a poco más de 3.200 kilómetros cuadrados. Aunque el Gobierno sostiene que la decisión se basa en estudios arqueológicos actualizados, diversos especialistas afirman que se pone en riesgo tanto el patrimonio cultural como el ecosistema desértico de la región.
Expertos alertan sobre riesgos para el patrimonio y el ambiente
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Mariano Castro, exviceministro de Ambiente de Perú, advirtió que la decisión elimina protecciones clave justo en áreas donde la actividad minera ha venido expandiéndose. “La reducción no solo elimina protecciones, sino que lo hace precisamente donde la actividad extractiva se está expandiendo”, declaró. Además, señaló que los impactos acumulativos de múltiples operaciones mineras podrían generar daños irreversibles a zonas arqueológicas sensibles.
El abogado ambientalista César Ipenza, por su parte, calificó la medida como un retroceso grave en la política de conservación. “Esta decisión refleja una tendencia preocupante del actual gobierno de ceder ante la presión de sectores mineros informales”, afirmó. “Reducir la zona protegida en un sitio Patrimonio Mundial es una señal peligrosa”.
UNESCO pide explicaciones a Perú por recorte del área protegida
La UNESCO, que declaró las Líneas de Nazca como Patrimonio Mundial en 1994, expresó su sorpresa ante la decisión y confirmó que el gobierno peruano no ha notificado oficialmente ningún cambio en los límites del sitio. La organización internacional anunció que solicitará información detallada a las autoridades peruanas para evaluar si la nueva delimitación compromete los estándares de protección requeridos.
El área afectada incluye zonas donde ya existen concesiones mineras activas o en proceso de aprobación. Esto ha encendido las alertas de la comunidad internacional sobre un posible debilitamiento de las regulaciones que protegen el patrimonio arqueológico y natural.
El Gobierno niega vínculos con la minería ilegal
El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, defendió la medida, asegurando que el cambio no afecta la designación de Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento. “La medida que hemos tomado no implica que se fomente la minería ilegal ni que aumente el riesgo de daños al patrimonio”, declaró en una entrevista radial.
Sin embargo, al ser consultado sobre la presencia de actividad minera en la zona, el funcionario admitió que “hay algunos yacimientos”, aunque dijo no tener información específica sobre los minerales extraídos.
Valencia insistió en que la decisión se basa en criterios técnicos, aunque evitó detallar si hubo participación de expertos independientes o consulta a la UNESCO antes de aplicar el recorte.
Críticas apuntan a una estrategia para favorecer a sectores informales
Ipenza y otros especialistas coinciden en que esta medida se enmarca en una serie de decisiones recientes que han flexibilizado las normativas ambientales en favor de sectores informales de la minería. “Existe una alianza entre el Gobierno actual y los sectores mineros informales”, aseguró. “El marco legal continúa flexibilizándose para beneficiarlos, a costa del patrimonio y el ambiente”.
Desde la sociedad civil, la preocupación se centra en la posibilidad de que esta reducción siente un precedente para modificar otras áreas protegidas del país. “Es una falta de respeto a nuestros ancestros y a nuestra historia”, añadió Ipenza. “Las autoridades están facilitando la ilegalidad bajo el pretexto de ajustes técnicos”.
Ley ambiental peruana también podría haber sido vulnerada
El exviceministro Castro también alertó que la reducción del parque podría contravenir normas nacionales. Señaló que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 5(h), exige la protección del patrimonio arqueológico y que esta medida podría violar dicha disposición.
Con las miradas puestas en Perú, organizaciones culturales, científicas y ambientales esperan que el Gobierno revise la decisión y garantice la protección integral de uno de los legados más valiosos del país y de la humanidad.