Nueva York no cede: siguen las protestas contra deportaciones masivas
El alcalde de Newark, Ras Baraka, presentó una demanda federal contra la fiscal interina de Nueva Jersey, Alina Habba, por su arresto durante una protesta frente a un centro de detención de inmigrantes. La acción legal, que ocurre a pocos días de las primarias demócratas para gobernador, señala que la detención fue políticamente motivada y busca reparación por arresto ilegal, difamación y procesamiento malicioso.
Baraka, una de las figuras más visibles en la oposición a las deportaciones masivas promovidas por la administración del presidente Donald Trump, afirmó que la acusación en su contra fue impulsada por motivos políticos, justo cuando comienza la votación anticipada. En su demanda también se incluye a Ricky Patel, agente federal de Investigaciones de Seguridad Nacional, y se anticipa que podría extenderse a la administración Trump después del plazo legal requerido.
Durante una conferencia de prensa, Baraka sostuvo que “no se trata de venganza”, sino de exigir rendición de cuentas. “Alguien debe asumir la responsabilidad de lo que me hicieron”, expresó.
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Incidente en Delaney Hall desata controversia
El arresto de Baraka tuvo lugar el 9 de mayo frente al centro federal de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, cuando intentó ingresar junto a tres congresistas demócratas que tenían autorización para una visita de inspección. El alcalde, sin embargo, fue impedido de entrar al recinto, operado por la empresa privada GEO Group.
Un video difundido del momento muestra a Baraka moviéndose hacia una zona pública desde las inmediaciones de la valla perimetral. En cuestión de minutos, fue rodeado por agentes uniformados y arrestado en medio de gritos de protesta de los presentes. El alcalde fue esposado y retirado del lugar mientras los manifestantes exigían su liberación.
La fiscal Habba inicialmente lo acusó de allanamiento, pero retiró el cargo menos de dos semanas después. En lugar de Baraka, la fiscalía presentó cargos por agresión contra la congresista LaMonica McIver, quien también estuvo en el lugar. El juez federal Andre Espinosa criticó duramente la actuación de la fiscalía, señalando que el arresto del alcalde, seguido por la rápida desestimación del caso, reflejaba un posible uso abusivo del sistema judicial.
Baraka acusa difamación y exige disculpas públicas
En la demanda, los abogados de Baraka citan publicaciones en redes sociales hechas por Habba en las que lo acusaba de “cometer allanamiento”. Según el equipo legal del alcalde, esas declaraciones son difamatorias y no se sustentan en los hechos. Además, alegan que existía evidencia clara de que Baraka no cruzó límites legales ni incurrió en actos ilegales.
Baraka ha insistido en que el caso no solo ha sido un obstáculo en su campaña para gobernador, sino que también le ha generado un desgaste personal y profesional. “Quiero que alguien se disculpe y reconozca que esto fue un error”, dijo el alcalde.
Nueva Jersey bajo presión por políticas santuario
El trasfondo del arresto de Baraka se enmarca en el contexto de la política migratoria del presidente Trump. A principios de este año, el gobierno federal firmó un contrato de 15 años por 1.000 millones de dólares con GEO Group para ampliar la capacidad de detención migratoria en Delaney Hall, una instalación con capacidad para 1.000 personas.
En respuesta, Baraka demandó a la empresa por considerar que el contrato vulnera principios legales y derechos de los migrantes. Poco después, el Departamento de Justicia de Trump presentó su propia demanda contra Newark y otras ciudades de Nueva Jersey por presuntas políticas de “ciudad santuario”.
Aunque no existe una definición legal precisa para estas políticas, generalmente se refiere a la limitación de la cooperación de las autoridades locales con agentes de inmigración federales. En Nueva Jersey, una directiva estatal prohíbe a la policía local colaborar con ICE en asuntos migratorios civiles, aunque permite hacerlo en casos penales con órdenes judiciales.
El gobierno federal argumenta que esas políticas dificultan las deportaciones, mientras que líderes locales defienden que protegen los derechos de los residentes sin importar su estatus migratorio.
Elecciones a la vista: impacto político en aumento
El arresto de Baraka, y su papel como opositor a la política migratoria de Trump, podrían influir en las primarias demócratas del 10 de junio. El alcalde compite con otros cinco candidatos para la nominación a gobernador, en una carrera marcada por temas como la asequibilidad y el acceso a la vivienda.
En sus mensajes de campaña, Baraka ha evitado hacer énfasis en su arresto, pero ha lanzado indirectas al gobierno federal, prometiendo mantener “a Trump fuera de sus hogares y sus vidas”. Por su parte, el candidato republicano Jack Ciattarelli, respaldado por el presidente Trump, ha prometido revocar las políticas santuario desde su primer día de gobierno si gana las elecciones.
Mientras continúan las protestas en Nueva York y en otras ciudades del país, el caso de Baraka simboliza la creciente tensión entre autoridades locales y la política federal de deportaciones, que ha generado resistencia no solo en las calles, sino también en los tribunales.