En un caso que ha conmocionado a la comunidad migrante en Arizona, Eduardo, un hombre originario de Michoacán, México, asegura haber sido torturado antes de huir a Estados Unidos en busca de asilo. Tras ingresar legalmente al país a través de la aplicación CBP One, Eduardo se presentó a su audiencia en la corte de inmigración de Phoenix el 20 de mayo de 2025.
Sin embargo, su esperanza de un nuevo comienzo se desvaneció cuando fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), trasladado al Centro de Detención de Eloy y deportado a México el pasado fin de semana. Su historia, marcada por la tortura y el miedo, expone la dura realidad que enfrentan muchos migrantes en el sistema migratorio estadounidense, especialmente bajo las nuevas políticas de deportación acelerada impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Eduardo, cuya identidad completa se mantiene en reserva por seguridad, relató por teléfono su angustia tras ser deportado. “Créeme que jamás me pasó por la cabeza que si yo me presentaba a la corte me fueran a deportar porque yo estaba tratando de hacer las cosas bien”, expresó. Ahora, en un lugar desconocido en México, vive con temor constante.
Te Recomendamos
“Estoy con miedo, estoy en un lugar que no conozco, no salgo de aquí, no tengo a dónde ir”, confesó. Su hermana, a quien llamaremos María, compartió pruebas impactantes de la violencia que Eduardo sufrió en México: un video que muestra marcas de tortura en su cuerpo, incluyendo quemaduras de cigarro y cortadas. “Tiene muchas cicatrices de esa situación que pasó”, afirmó María, quien también carece de estatus migratorio y teme correr la misma suerte.
Tortura y deportación: El caso de Eduardo
Eduardo siguió todos los pasos legales para solicitar asilo en Estados Unidos. Llegó preparado a su audiencia con evidencia de la tortura que sufrió en Michoacán, pero el juez desestimó su caso sin permitirle explicar plenamente su temor a regresar a México. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los casos de inmigrantes que ingresaron al país en los últimos dos años y no tienen un estatus legal pueden ser desestimados, dejándolos vulnerables a la deportación acelerada, un proceso que no requiere audiencia ante un juez y que se ha intensificado desde enero de 2025. Esta táctica, implementada bajo órdenes ejecutivas de la administración Trump, ha generado críticas por su impacto en solicitantes de asilo legítimos como Eduardo.
La corte de inmigración de Phoenix se ha convertido en un punto crítico para estas detenciones. Desde finales de mayo, agentes de ICE han arrestado a decenas de migrantes al salir de sus audiencias, aprovechando la desestimación de casos para ejecutar deportaciones rápidas.
En el caso de Eduardo, tras la audiencia del 20 de mayo, fue trasladado al Centro de Detención de Eloy, a unas 60 millas de Phoenix, donde permaneció hasta su deportación. María describió la situación como una traición al debido proceso: “Él es un claro ejemplo de alguien que hizo todo lo correcto y aun así ya no está aquí”. La falta de respuesta de ICE a solicitudes de información sobre el motivo de su deportación ha incrementado la frustración de su familia.
El riesgo de la deportación acelerada
La estrategia de desestimar casos en la corte de inmigración ha generado alarma entre activistas y abogados. Yasser Sánchez, un abogado de inmigración en Arizona, explicó que los migrantes que enfrentan la desestimación de sus casos quedan inmediatamente expuestos a la deportación acelerada, un mecanismo que permite al DHS expulsar a personas sin documentos válidos o con menos de dos años en el país sin derecho a una audiencia completa.
“Al ser detenido o deportado, una persona podría enfrentar un castigo de entre 5 y 10 años”, advirtió Sánchez. Su recomendación es clara: nunca asistir a una audiencia sin un abogado. “Lleva a un buen abogado de inmigración que luche en la corte, ya que estamos viendo casos en los que no cierran los casos y las personas pueden pedir la apelación”.
Organizaciones como Puente y Mi Familia Vota han organizado vigilias frente a la corte de Phoenix para alertar a la comunidad. El 28 de mayo, activistas desplegaron una pancarta que decía: “ICE está aquí. Tomen precauciones”. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, los jueces no están obligados a aceptar las mociones de desestimación del gobierno, pero en muchos casos, los migrantes sin representación legal, como Eduardo, aceptan estas mociones sin entender sus consecuencias. Esto deja a personas con solicitudes de asilo válidas, basadas en temores creíbles de persecución o tortura, sin oportunidad de defenderse.
La lucha por la justicia tras la tortura
La historia de Eduardo resalta los desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo en un sistema cada vez más restrictivo. Según la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos, los países no deben deportar a personas a lugares donde puedan enfrentar tortura o persecución. Sin embargo, abogados como Emilia Bañuelos, con experiencia en casos fronterizos, han denunciado que las detenciones en Phoenix reflejan un “desprecio” por estos tratados internacionales. La desestimación de casos, seguida de arrestos inmediatos, crea lo que Bañuelos llama una “trampa legal” que vulnera el debido proceso.
María, la hermana de Eduardo, teme alzar la voz, consciente de las posibles “represalias”. Su hermano, ahora en México, enfrenta una realidad incierta en un país donde ya fue víctima de violencia extrema. Mientras tanto, en Arizona, legisladores como César Aguilar, representante del Distrito 26, han instado a la comunidad a buscar apoyo legal y a no asistir a las cortes sin representación.
En un evento reciente organizado por Proyecto Progreso, Aguilar enfatizó: “ICE tiene oficinas en los tribunales. Esto es algo nuevo y peligroso”. La comunidad migrante, mientras tanto, vive con el temor de que presentarse a una audiencia pueda convertirse en un boleto directo a la deportación. La historia de Eduardo, marcada por la tortura y la injusticia, es un recordatorio de las vidas en juego detrás de estas políticas.