La reciente decisión del Tribunal Supremo de permitir el fin del parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha desatado preocupación entre activistas, asociaciones comunitarias y economistas. No solo se teme por el futuro de más de medio millón de personas que se beneficiaron del programa, sino también por las consecuencias económicas que esta medida podría desencadenar en varios estados, especialmente en Florida.
El programa, creado durante la administración de Joe Biden, otorgaba un permiso temporal de residencia y trabajo a personas que huían de contextos de violencia, pobreza extrema y persecución. Para acceder al parole humanitario, era necesario contar con un patrocinador en Estados Unidos que garantizara respaldo económico.
El parole humanitario: una red de apoyo para cientos de miles
Desde su implementación, el parole humanitario permitió la entrada legal a Estados Unidos de aproximadamente 530 mil personas: más de 210 mil haitianos, 117 mil venezolanos, 110 mil cubanos y cerca de 93 mil nicaragüenses, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Muchos de ellos se establecieron en ciudades como Miami, Houston y Nueva York, donde lograron insertarse rápidamente en sectores clave de la economía como la construcción, el transporte, la agricultura y los servicios.
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Foto: SHAWN THEW | EFE
“La sociedad pagará las consecuencias”, advirtió Paul Christian Namphy, del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM, por sus siglas en inglés), durante una conferencia en Miami. “El impacto en la economía de Florida y de otros estados será inevitable. Las interrupciones laborales van a sentirse pronto.”
El programa de parole humanitario también funcionaba como una válvula de escape que evitaba el colapso del sistema migratorio en la frontera sur. Al facilitar la entrada ordenada y documentada de migrantes por vías aéreas, se reducía la presión sobre los servicios de inmigración y se evitaban peligrosos cruces fronterizos.
Las consecuencias humanas del fin del parole humanitario
La suspensión del parole humanitario no solo pone en jaque la estabilidad económica de muchos sectores, sino que también separa familias y deja a miles de personas en una situación legal incierta. Quienes accedieron al programa cumplieron todos los requisitos establecidos: patrocinio, verificación de antecedentes y controles de seguridad. Pese a ello, ahora podrían ser considerados deportables.
“Es una traición”, afirmó Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano. “Esta medida no apunta a quienes violaron la ley, sino a quienes hicieron todo correctamente. El objetivo final parece ser despojarlos de su estatus para facilitar la deportación.”
Foto de archivo de un migrante haitiano deportado desde Estados Unidos en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Richard Pierrin
Durante la rueda de prensa, representantes de organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida, el Proyecto Libertad de Miami y el Comité de Servicio de los Amigos Americanos coincidieron en que esta decisión tendrá efectos devastadores. Para muchos, el parole humanitario fue la única vía para escapar de regímenes autoritarios o contextos de violencia.
Yarelis Méndez, representante nicaragüense de American Friends Service, subrayó que gracias al programa, miles de personas salvaron sus vidas. “¿Qué pasa ahora con quienes no tienen a dónde volver? ¿Con quienes enfrentan amenazas en sus países? ¿Vamos a dejarlos desamparados?”
El fin del parole humanitario y su impacto en la economía de EE.UU.
Más allá de los efectos humanitarios, varios expertos advierten que eliminar el parole humanitario también tendrá consecuencias económicas serias. Estados como Florida, Texas y Nueva Jersey se han beneficiado del ingreso de nuevos trabajadores en sectores con escasez de mano de obra.
Según datos del Departamento de Trabajo, en 2024, el desempleo en Florida se mantenía por debajo del 3%, y muchos sectores dependían de la mano de obra migrante para sostener sus operaciones. El parole humanitario permitió cubrir vacantes en industrias donde la rotación es alta y los salarios no suelen atraer a trabajadores nativos.
“La mayoría de estas personas llegaron, trabajaron, pagaron impuestos y ayudaron a impulsar negocios locales”, explicó Ana Sofía Peláez, directora de Miami Freedom Project. “Quitarles esa posibilidad es también sabotear la recuperación económica en regiones que aún lidian con los efectos postpandemia.”
Un estudio reciente del Migration Policy Institute estimó que los beneficiarios del parole humanitario generaron más de 1.800 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales solo en 2023. Esta cifra incluye impuestos sobre la renta, ventas y seguridad social. También contribuyeron al crecimiento del consumo interno y a la demanda de vivienda.
“Lo que el Supremo ha hecho es optar por la crueldad en lugar de la justicia”, denunció Peláez. “Y eso va a afectar no solo a los migrantes, sino al país entero.”
Organizaciones migrantes preparan respuesta ante la eliminación del parole humanitario
A pesar de que la decisión del Tribunal Supremo reduce considerablemente las vías legales para apelar, asociaciones como FANM y el Caucus Venezolano Americano han anunciado que redoblarán esfuerzos para informar y movilizar a las comunidades. Paul Christian Namphy insistió en que es momento de sensibilizar a la población estadounidense sobre el impacto real de estas políticas.
“Muchos estadounidenses viven desconectados de esta realidad. No entienden lo que significan estas medidas para miles de familias. Nuestra tarea ahora es educar, movilizar y presionar para que no se desmantele lo que hemos logrado.”
La eliminación del parole humanitario también abre la puerta a nuevos litigios. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) evalúan estrategias legales para proteger a los beneficiarios actuales, mientras se desarrollan nuevas políticas de inmigración en el Congreso.