El manejo de arrestos migratorios por parte del alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, ha despertado una investigación liderada por legisladores republicanos. La polémica surgió tras una serie de operativos de inmigración realizados por agentes federales y la Patrulla de Caminos de Tennessee, que resultaron en la detención de casi 200 personas, muchas de ellas en paradas de tráfico durante varios días de mayo.
Ahora, tanto las decisiones del alcalde como las políticas de transparencia de su administración están bajo intenso escrutinio a nivel estatal y nacional.
Críticas por el manejo de arrestos migratorios en Nashville
El congresista republicano Andy Ogles, quien representa una parte de Nashville tras el rediseño del distrito, encabeza la iniciativa de investigación por el manejo de arrestos migratorios. Según explicó en conferencia de prensa durante el Día de los Caídos, los comités de la Cámara de Representantes están solicitando documentos, comunicaciones y detalles sobre la orden ejecutiva del alcalde relacionada con los contactos entre agencias locales y autoridades federales de inmigración.
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Fotografía de archivo de migrantes en fila para solicitar un proceso de asilo en Estados Unidos, EFE/Joebeth Terriquez
Los republicanos han cuestionado públicamente a O’Connell por permitir que un portal oficial del gobierno de la ciudad documentara las interacciones con el ICE, señalando que, en algunos casos, se publicaron nombres de agentes federales. Aunque esos nombres fueron retirados posteriormente, los legisladores alegan que eso puso en riesgo a los funcionarios.
A esto se suma la molestia de algunos sectores conservadores porque el alcalde impulsó una campaña de recaudación de fondos destinada a brindar apoyo a las familias impactadas por la operación del ICE.
O’Connell, un político de tendencia progresista, ha respondido señalando que no tiene intención de obstruir ninguna ley federal ni estatal, pero que su deber es proteger a todas las comunidades de Nashville. “Lo ocurrido generó un trauma profundo en muchas familias. No refleja los valores de seguridad y comunidad que promovemos”, afirmó.
La operación de ICE y su impacto en comunidades latinas
Durante la semana de operativos donde el alcalde O’Connell mostró su manejo de arrestos, el ICE reportó la detención de 196 personas en Nashville y áreas aledañas. Según la agencia, 95 de ellas tenían antecedentes penales o estaban enfrentando cargos, aunque no ofrecieron un desglose específico sobre los delitos. También se indicó que unas 30 personas habían ingresado al país nuevamente tras ser deportadas previamente.
La operación fue realizada en conjunto con la Patrulla de Caminos de Tennessee, que informó haber ejecutado más de 580 paradas de tráfico en total.
El ICE destacó algunos casos específicos, incluyendo a personas buscadas por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas o asalto. Sin embargo, organizaciones civiles aseguran que muchas detenciones afectaron a personas sin historial criminal, que simplemente iban camino al trabajo o a recoger a sus hijos.
Lisa Sherman Luna. Foto: Red Social X
Lisa Sherman Luna, directora de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, expresó su preocupación por la magnitud del operativo: “Fue una acción sin precedentes. Nunca habíamos visto algo así. Los agentes estaban desplegados por toda la ciudad, generando miedo incluso en quienes tienen estatus legal”.
La comunidad inmigrante, particularmente la latina, ha sentido un fuerte impacto emocional y económico. Algunos residentes de zonas como Antioch o Hermitage, donde se concentran familias hispanas, reportaron evitar salir de casa durante esos días por temor a ser detenidos.
Reacción política ante el manejo de arrestos migratorios
Desde que comenzó la operación, el alcalde O’Connell dejó en claro su manejo de arrestos migratorios, donde aseguró que la policía metropolitana de Nashville no participó en las redadas migratorias. En una conferencia de prensa, reafirmó el compromiso de su administración con la transparencia e informó que había solicitado al ICE y a la Patrulla de Caminos de Tennessee un listado detallado de las personas detenidas, junto con los cargos que enfrentan. Hasta ahora, no ha recibido respuesta.
También recordó que la ciudad ya contaba con políticas de notificación sobre interacciones con agencias federales, implementadas por alcaldes anteriores. Su administración simplemente redujo los plazos de reporte para que la información fluya con mayor rapidez hacia la oficina del alcalde.
Por otro lado, la senadora federal Marsha Blackburn pidió al Departamento de Justicia que investigue las acciones del alcalde. Mientras tanto, desde el entorno del expresidente Donald Trump, su exasesor en temas fronterizos, Tom Homan, declaró a Fox News que ICE “inundará” Nashville como respuesta a las políticas del alcalde.
En medio de la controversia, se reavivó el debate sobre las llamadas “ciudades santuario”. Aunque Nashville no es oficialmente una ciudad santuario, ha sido incluida en listas de jurisdicciones con políticas que limitan la cooperación con ICE. El alcalde O’Connell respondió que la ciudad no encaja en esa categoría legal y que le sorprendió la inclusión de Nashville.
Legislación estatal endurece medidas contra gobiernos locales
Tennessee ha adoptado una postura firme contra cualquier política que se asemeje a las “ciudades santuario” como manejo de arrestos migratorios. En 2019, el estado aprobó una ley que prohíbe ese tipo de iniciativas, bajo la amenaza de retirar fondos de desarrollo económico a los gobiernos que las implementen. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado ninguna sanción.
Este año, la legislatura aprobó una ley que podría convertir en delito grave de Clase E el voto de funcionarios locales a favor de cualquier medida que limite la acción de ICE. Esta sanción entrará en vigor el 1 de julio y ha sido criticada por expertos legales que creen que podría ser inconstitucional por violar protecciones federales y estatales a los legisladores.
Además, se ha creado una nueva división estatal de inmigración, cuyas actividades estarán protegidas de solicitudes de información pública, generando preocupación sobre la falta de fiscalización ciudadana.