¿Qué pasa con los cientos de niños migrantes que el Gobierno puso bajo custodia?
La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a retirar de sus hogares a cientos de niños migrantes que ya residían en Estados Unidos, poniéndolos nuevamente bajo custodia del Gobierno federal. Las medidas, según múltiples fuentes oficiales y legales, se han intensificado desde que el mandatario regresó a la Casa Blanca, generando preocupación entre defensores de la infancia y expertos en migración.
Desde el inicio de este nuevo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a aproximadamente 500 menores tras operativos llamados “controles de bienestar”. En muchos casos, los niños han sido separados de sus padres, tíos o abuelos, quienes previamente habían sido aprobados como patrocinadores por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
La “sala de guerra” y el acceso a datos sensibles
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Uno de los cambios más significativos ha sido la creación de una “sala de guerra” dentro del HHS, donde agencias federales como ICE, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colaboran para rastrear a niños migrantes y compartir información confidencial sobre ellos. Esta sala, visitada recientemente por el secretario Robert F. Kennedy Jr., actúa como un centro de comando para coordinar inspecciones en hogares de patrocinadores en todo el país.
Además, ICE ahora tiene acceso al portal de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que incluye datos sensibles como la base legal para el asilo de cada menor, su historial médico y la ubicación exacta de sus patrocinadores.
Nuevos obstáculos para la reunificación familiar
Las nuevas políticas implementadas por la administración Trump han endurecido los requisitos para que un patrocinador recupere a un niño bajo custodia del Gobierno. Estos incluyen pruebas de ADN, ingresos mínimos, identificación oficial y antecedentes penales, lo que ha dificultado en extremo la liberación de menores. Incluso padres biológicos que ya habían sido aprobados han visto sus solicitudes retrasadas o canceladas debido a estos nuevos controles.
Defensores legales señalan que estas medidas han llevado a que menores permanezcan detenidos durante más tiempo. Mientras que en diciembre de 2024 el promedio de detención era de 67 días, para abril de 2025 se había elevado a 170 días.
Críticas al enfoque del Gobierno: “Asustando a las familias”
Organizaciones como el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes denuncian que los controles de bienestar social están siendo utilizados con fines migratorios, más que para garantizar la seguridad de los menores. Abogados han reportado que agentes de inmigración visitan hogares para interrogar a los niños sobre su paso por la frontera, su asistencia escolar y sus audiencias judiciales.
“Está asustando a la gente y es innecesario”, comentó Laura Nally, directora del Programa para Niños del centro Amica. Expertos agregan que este enfoque desincentiva a los patrocinadores indocumentados a presentarse voluntariamente, temiendo detenciones y separaciones familiares.
Funcionarios del Gobierno defienden la política de control
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que estas acciones buscan garantizar que los menores no caigan en manos de traficantes o abusadores. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que la prioridad del presidente Trump es “localizar a los niños y devolverlos a un entorno seguro”, asegurando que el programa había sido “gravemente abusado” durante administraciones anteriores.
No obstante, informes del inspector general del HHS y del DHS indican que, si bien existen vulnerabilidades en el sistema, la mayoría de los patrocinadores habían sido debidamente verificados. En algunos casos, la ausencia de citaciones judiciales no implica que los menores estén desaparecidos, sino que ICE no entregó los documentos, probablemente por falta de capacidad o problemas administrativos.
Casos documentados muestran un patrón preocupante
Abogados de inmigración han reportado múltiples casos recientes que reflejan el impacto de esta política. En uno de ellos, una familia que acudió a una cita rutinaria de inmigración fue detenida por ICE y sus tres hijos pequeños puestos bajo custodia de ORR. En otro caso, un menor que viajaba en un automóvil fue separado de su acompañante adulto durante una parada de tráfico y transferido a un centro de detención.
También se han frenado reunificaciones familiares que ya estaban aprobadas. Dos hermanos, de 7 y 14 años, permanecen en un centro de acogida en California porque su madre no ha podido entregar la documentación adicional requerida bajo las nuevas directrices.
Demandas legales y cuestionamientos éticos
Una demanda presentada recientemente argumenta que estas políticas han resultado en la separación innecesaria de niños de familias amorosas, prolongando su detención y negando su liberación. Exfuncionarios del HHS advierten que las nuevas restricciones no mejoran la seguridad infantil, sino que penalizan a las familias por su estatus migratorio.
“El objetivo parece ser obstaculizar las reunificaciones, no proteger a los niños”, señaló Mark Greenberg, exfuncionario del HHS.
Mientras tanto, el acceso sin precedentes de ICE a datos confidenciales y la militarización de una agencia históricamente centrada en el bienestar infantil generan una creciente alarma entre organizaciones de derechos humanos.