Los Ángeles indemniza a víctima de “peleas de gladiadores” en centro penitenciario
El condado de Los Ángeles acordó pagar una indemnización de 2.7 millones de dólares a un adolescente que fue brutalmente golpeado por otros jóvenes dentro del centro de detención juvenil Los Padrinos. La agresión ocurrió en 2023 como parte de un patrón conocido como “peleas de gladiadores”, presuntamente organizadas o permitidas por agentes del Departamento de Libertad Condicional.
El incidente fue registrado por las cámaras de vigilancia del centro y muestra a al menos seis jóvenes atacando al menor de forma secuencial, mientras varios funcionarios observaban sin intervenir. Algunos incluso fueron captados estrechando las manos de los participantes luego del enfrentamiento.
Acusan a 30 funcionarios por permitir violencia entre menores
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La golpiza, que salió a la luz a través de una investigación periodística, derivó en una indagatoria a gran escala por parte de las autoridades estatales. En marzo de 2024, un gran jurado presentó cargos contra 30 funcionarios del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles. Las acusaciones incluyen conspiración, abuso infantil, negligencia y agresión, tras revelarse que los oficiales permitieron o fomentaron al menos 70 peleas entre julio y diciembre de 2023.
Más de 140 jóvenes, de entre 12 y 18 años, fueron víctimas de estas situaciones violentas. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó las peleas como eventos deliberadamente organizados. “Estas agresiones no eran espontáneas. Tenían hora, lugar y hasta espectadores asignados”, afirmó Bonta.
Video clave reveló el abuso y cambió el curso del caso
El caso tomó notoriedad tras la difusión de un video obtenido por la prensa local, en el que se observa cómo el joven de 16 años es atacado por turnos mientras el personal permanece inmóvil. El clip fue mostrado durante una audiencia judicial, donde el abogado defensor del menor solicitó que fuera liberado del centro antes de su juicio, argumentando que su seguridad estaba comprometida.
El adolescente, ahora de 17 años, recibirá la compensación como parte de un acuerdo extrajudicial. Su abogado, Jamal Tooson, consideró el pago como un primer paso hacia la justicia. “Esto va más allá de un solo caso. Es un llamado a reformar todo un sistema que ha permitido este tipo de abusos durante años”, afirmó.
Investigación revela negligencia y falta de protocolos
Un plan de medidas correctivas elaborado por el propio Departamento de Libertad Condicional reveló graves omisiones en el manejo del caso. Según el informe, el personal no revisó las imágenes de seguridad, demoró el traslado del joven al hospital y tampoco notificó oportunamente a sus padres.
En respuesta, el departamento se comprometió a mantener vigilancia activa sobre las cámaras de seguridad, realizar auditorías aleatorias de los videos y establecer nuevos protocolos para garantizar la atención médica inmediata de los menores bajo custodia, así como la comunicación efectiva con sus familias.
Cierran Los Padrinos tras dictamen judicial
Ante la gravedad del caso y la presión pública, un juez ordenó en abril que se dejara de alojar a menores en el centro Los Padrinos, ubicado en Downey. En mayo, se aprobó un plan para trasladar a más de 100 jóvenes detenidos a otras instalaciones del condado. La junta estatal de California ya había instruido previamente el cierre definitivo del centro.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles se enfrenta a denuncias por maltrato institucional. Según el abogado Tooson, existen al menos 19 demandas adicionales en cortes federales por abusos cometidos en instalaciones juveniles del condado, incluyendo agresiones físicas y sexuales presuntamente perpetradas por el personal.
Demandan un cambio estructural en el sistema juvenil
Tooson sostiene que no basta con planes correctivos o indemnizaciones. “El problema es de raíz. Existe una cultura institucional de violencia y silencio que debe cambiar si queremos garantizar la seguridad de los menores bajo custodia”, denunció.
El caso ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento de los centros de detención juvenil en California y ha provocado llamados a una reforma integral del sistema penitenciario para menores. Mientras tanto, las investigaciones continúan y se espera que los responsables enfrenten procesos penales en los próximos meses.