¿Trump criminaliza el aborto? Elimina protección a abortos de emergencia
El gobierno del presidente Donald Trump revocó esta semana una directriz clave que obligaba a los hospitales a realizar abortos en situaciones de emergencia, incluso en estados con restricciones al procedimiento. La medida fue eliminada por una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), encabezada por el secretario Robert F. Kennedy Jr., en lo que representa un nuevo paso de la administración republicana para limitar el acceso al aborto en Estados Unidos.
El memorando revocado se basaba en la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y de Trabajo de Parto Activo (EMTALA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1986, que obliga a los hospitales a proporcionar atención médica de emergencia independientemente del estatus migratorio, capacidad de pago o cobertura de seguro. Bajo la interpretación del gobierno anterior, esta ley incluía explícitamente los abortos como parte del tratamiento de emergencia cuando la salud de la mujer embarazada corría riesgo.
Adiós a las recomendaciones federales en favor del aborto
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La protección había sido implementada por la administración de Joe Biden en julio de 2022, poco después de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe vs. Wade y eliminara el derecho federal al aborto. Ante la proliferación de prohibiciones estatales, el gobierno demócrata buscó preservar el acceso al aborto en casos de urgencia médica mediante una lectura más amplia de EMTALA.
Sin embargo, la nueva guía publicada por el Departamento de Salud bajo Trump omite cualquier mención al aborto como tratamiento estabilizador obligatorio. El texto señala que los hospitales tienen la obligación de proporcionar atención de emergencia o transferir al paciente, pero evita establecer si esto incluye necesariamente una interrupción del embarazo.
“La ley federal garantiza que todos los pacientes, incluidas las mujeres embarazadas, tengan acceso a cuidados médicos de emergencia”, señala el documento, pero aclara que el gobierno no puede imponer un aborto “por encima de las leyes estatales existentes”.
Críticas desde el sector de la salud y grupos a favor del aborto
Diversas organizaciones defensoras de los derechos reproductivos expresaron su rechazo ante la decisión del gobierno de Trump. El Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación en políticas de salud sexual y reproductiva, calificó la medida como “un cruel desprecio por la ley y por la vida de las personas”.
Por su parte, el profesor Lawrence O. Gostin, especialista en derecho sanitario de la Universidad de Georgetown, advirtió que este cambio de política podría poner en grave peligro la vida de mujeres embarazadas. “El nuevo memorando básicamente da luz verde a los hospitales en estados conservadores para rechazar a mujeres embarazadas que están en peligro”, escribió en una columna reciente.
Según datos del propio Instituto Guttmacher, actualmente 13 estados en EE.UU., entre ellos Texas, Alabama, Oklahoma y Arkansas, aplican una prohibición total del aborto. Esto significa que, sin las protecciones del memorando anterior, las mujeres en situación de emergencia podrían ser rechazadas o no recibir el tratamiento médico que necesitan si viven en uno de estos territorios.
Una ofensiva coordinada contra el derecho al aborto
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha adoptado una serie de decisiones destinadas a desmantelar las medidas en favor del aborto implementadas por su antecesor. En su primera semana, anuló dos órdenes ejecutivas que protegían el acceso a medicamentos abortivos y facilitaban que las mujeres viajaran a estados donde la interrupción del embarazo sigue siendo legal.
Con esta última decisión sobre EMTALA, el gobierno de Trump refuerza el poder de los estados para decidir sobre la vida y la salud reproductiva de las mujeres, sin la intervención de una protección federal. Esta estrategia ha sido bien recibida por sectores conservadores, pero ha generado alarma entre grupos médicos, activistas por los derechos humanos y organizaciones de mujeres.
Las implicaciones legales también podrían ser significativas. En el pasado, el Departamento de Justicia argumentó que EMTALA tenía supremacía sobre las leyes estatales, por lo que su aplicación debía prevalecer en cualquier situación médica crítica. Ahora, con esta revocación, se abre un nuevo frente de incertidumbre legal que podría terminar nuevamente en la Corte Suprema.
Impacto directo en hospitales y profesionales de la salud
La eliminación de la guía federal podría generar confusión entre los hospitales y los médicos que deben actuar en casos de urgencia. Sin una interpretación clara, el temor a enfrentar consecuencias legales podría llevar a que algunos profesionales opten por no realizar abortos, incluso cuando la vida de la paciente esté en riesgo.
La comunidad médica ya ha advertido sobre el efecto disuasorio de las leyes restrictivas en estados con prohibiciones. Sin el respaldo federal, muchas instituciones podrían priorizar la protección legal sobre el bienestar de las pacientes.
El futuro del acceso al aborto en situaciones críticas ahora depende del equilibrio entre las leyes estatales y la interpretación judicial de EMTALA, en un país cada vez más polarizado en torno a los derechos reproductivos.