Migrantes en Los Ángeles se enfrentan a una nueva amenaza legal y económica tras la reactivación de una política federal que contempla sanciones diarias de hasta 998 dólares para quienes no acaten una orden de deportación. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha comenzado a aplicar esta normativa con mayor rigor en estados como California, con especial énfasis en la ciudad de Los Ángeles, una de las zonas con mayor número de inmigrantes en situación irregular.
La medida forma parte de una ofensiva migratoria promovida por el expresidente Donald Trump, que busca reactivar disposiciones legales con décadas de antigüedad para aumentar la presión sobre las comunidades migrantes. Aunque la ley en cuestión existe desde 1952, fue actualizada y aplicada de manera más severa durante el gobierno de Bill Clinton. Ahora, con un nuevo impulso desde el Partido Republicano, ICE ha comenzado a utilizar esta herramienta legal para sancionar económicamente a quienes permanecen en territorio estadounidense luego de recibir una orden definitiva de salida.
Multas para migrantes en Los Ángeles: ¿a quiénes aplica la medida?
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Las multas para migrantes en Los Ángeles no afectan a toda la población inmigrante, sino a un grupo específico. Según la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las personas sujetas a estas sanciones son aquellas que ya tienen una orden final de deportación y han sido notificadas oficialmente para abandonar el país.
Los criterios que activan la multa diaria de $998 incluyen:
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Desobedecer voluntariamente una orden de salida emitida por una corte de inmigración.
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No presentar los documentos de viaje requeridos dentro del plazo otorgado.
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No acudir a la cita asignada para la ejecución de la deportación.
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Obstruir el proceso de deportación directa o indirectamente.
Foto: Octavio Guzmán | EFE
Además, la normativa también contempla sanciones económicas para terceros que colaboren en ocultar al inmigrante o en retrasar el proceso de expulsión, lo cual podría incluir a familiares, empleadores o personas que presten ayuda de forma consciente.
Según ICE, estas medidas están diseñadas para “reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias” y evitar que las órdenes de salida se conviertan en resoluciones sin efecto.
El impacto económico de las multas para migrantes en Los Ángeles
Las multas para migrantes en Los Ángeles no solo implican una sanción administrativa. En muchos casos, su acumulación puede llevar a consecuencias económicas devastadoras. A un ritmo de $998 diarios, una persona podría enfrentar más de $29,000 en multas en tan solo un mes, una suma imposible de pagar para la mayoría de los afectados.
En caso de impago, el gobierno federal puede iniciar procesos de embargo de bienes. Esto significa que, además de enfrentar una eventual deportación, los inmigrantes corren el riesgo de perder sus viviendas, automóviles, cuentas bancarias u otros activos en EE.UU.
“Se trata de una política que no solo busca expulsar, sino castigar económicamente de manera severa”, advirtió la abogada migratoria Rosalba Piña. “Estamos viendo cómo familias completas podrían perder todo su patrimonio en cuestión de semanas”.
Activistas y afiliados de la Hispanic Federation (HF) sostienen carteles durante una rueda de prensa frente a la sede del Congreso estadounidense en Washington (Estados Unidos). Foto: Lenin Nolly / EFE
La situación ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias. Grupos como CHIRLA y la ACLU han denunciado que esta medida tiene un carácter punitivo desproporcionado y que podría estar dirigida de manera selectiva a comunidades latinas, que representan un alto porcentaje de los casos en Los Ángeles.
Cómo protegerse ante las multas para migrantes en Los Ángeles
Expertos legales recomiendan actuar con rapidez si se ha recibido una orden de deportación. “Lo más importante es no ignorar las notificaciones de ICE ni posponer las decisiones legales. Cada día cuenta y puede salir muy caro”, explicó el abogado Salvador Cicero, quien también sugirió explorar mecanismos legales para resguardar el patrimonio personal y familiar.
Una de las estrategias más mencionadas consiste en transferir la propiedad de bienes a una entidad legal, como una LLC (sociedad de responsabilidad limitada) o un trust (fideicomiso). Esta acción no elimina las multas, pero puede dificultar que el gobierno confisque directamente los activos del inmigrante sancionado.
“Es completamente legal y se hace en otros contextos también, como protección frente a demandas o impuestos. Pero se debe hacer con asesoría adecuada y de forma transparente”, advirtió Cicero.
Además, algunos abogados recomiendan solicitar una reapertura del caso migratorio si existen nuevas circunstancias, como riesgo de persecución en el país de origen, condiciones médicas graves o vínculos familiares sólidos en EE.UU. Aunque no todos los casos serán aceptados, esta solicitud podría suspender temporalmente la ejecución de la orden de deportación y detener la acumulación de multas.
Los Ángeles en el epicentro de la política migratoria federal
La implementación intensiva de esta política en California y especialmente en Los Ángeles no es casualidad. ICE ha identificado esta región como uno de los principales focos de incumplimiento de órdenes de salida y ha concentrado sus esfuerzos de fiscalización en ella.
Según datos del Migration Policy Institute, más de 400,000 inmigrantes indocumentados viven actualmente en el condado de Los Ángeles. Muchos de ellos tienen procesos abiertos ante cortes migratorias, y un número significativo enfrenta órdenes definitivas de expulsión.
La reactivación de las multas económicas ha sido recibida con preocupación por autoridades locales. En 2020, el concejo de Los Ángeles declaró a la ciudad como “santuario” para inmigrantes, lo que limita la cooperación entre la policía local y las agencias federales de inmigración. No obstante, esta declaración no impide que ICE aplique sanciones desde el gobierno federal.
Activistas consideran que esta estrategia forma parte de una campaña más amplia del Partido Republicano para endurecer su postura migratoria de cara a las elecciones presidenciales. La intención sería disuadir la permanencia de personas en situación irregular mediante el temor a sanciones económicas y la pérdida de bienes.
“Estamos ante una política pensada para castigar, no para solucionar”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “No se trata de proteger al país, sino de empobrecer a comunidades vulnerables como la latina, que ya de por sí enfrenta barreras económicas, legales y sociales”.