El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, anunció este miércoles que el estado ha presentado una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por haber recortado de forma unilateral y anticipada los fondos destinados a un programa de ayuda alimentaria implementado durante la pandemia. La acción legal, interpuesta ante una corte federal en Harrisburg, alega que la agencia federal violó los términos contractuales al cancelar el programa sin justificación válida.
El conflicto surge tras la decisión del USDA, bajo la administración del presidente Donald Trump, de eliminar un fondo de más de mil millones de dólares que permitía a los estados adquirir alimentos directamente de productores locales para distribuirlos en escuelas, centros de cuidado infantil y bancos de alimentos. Según la demanda, Pensilvania perdería 13 millones de dólares en ayudas.
Te Recomendamos
Foto: Octavio Guzmán / EFE
“Un trato es un trato”, expresó Shapiro durante una conferencia de prensa realizada en un almacén de alimentos en Filadelfia. “Hicieron un trato con nuestros agricultores, hicieron un trato con Pensilvania y lo rompieron”.
Programa de ayuda alimentaria: recortes y controversia
La demanda del estado cuestiona que el USDA haya rescindido el contrato argumentando que el programa ya no reflejaba sus prioridades. Sin embargo, el gobierno de Pensilvania asegura que la agencia no ofreció fundamentos claros ni respetó los términos establecidos originalmente. El contrato no contemplaba la posibilidad de ser cancelado por “cambios en prioridades”.
El programa de ayuda alimentaria, lanzado durante la emergencia sanitaria del COVID-19, había sido aclamado por fortalecer a los agricultores locales mientras garantizaba alimentos frescos y saludables para comunidades en situación de vulnerabilidad. Productos como carne, queso, huevos, frutas y verduras eran adquiridos directamente de granjas y entregados a escuelas, guarderías y organizaciones sociales.
La eliminación de este fondo ha generado preocupación en múltiples estados, especialmente en zonas rurales y urbanas donde los niveles de inseguridad alimentaria se mantienen altos. Aunque el USDA aún no ha respondido públicamente a la demanda, legisladores demócratas han comenzado a exigir explicaciones.
Impacto del recorte al programa de ayuda alimentaria en Pensilvania
Pensilvania no es el único estado afectado, pero es el primero en llevar el caso ante los tribunales. La administración de Shapiro sostiene que la pérdida de 13 millones de dólares impactará directamente en la capacidad de los bancos de alimentos para operar en los próximos meses. Además, afectará a agricultores que ya contaban con contratos garantizados de venta para sus productos.
“Eliminar el programa de ayuda alimentaria no solo pone en riesgo la alimentación de miles de personas, también afecta a productores agrícolas que han invertido tiempo y recursos confiando en el respaldo del Gobierno federal”, advirtió el gobernador. “Esta decisión carece de lógica humanitaria y económica”.
Organizaciones como Feeding Pennsylvania y la Asociación de Productores de Alimentos del Estado han respaldado públicamente la demanda. En una declaración conjunta, señalaron que la cancelación del programa representa un retroceso en los avances logrados en la distribución equitativa de alimentos y en el fortalecimiento del sector agrícola local.
El futuro del programa de ayuda alimentaria bajo presión política
El programa de ayuda alimentaria tuvo una segunda fase de financiamiento bajo la administración del expresidente Joe Biden, quien lo consideró una herramienta clave en la recuperación económica postpandemia. Durante ese período, varios estados pudieron reactivar redes de suministro local y mejorar la calidad de los alimentos ofrecidos en instituciones públicas.
Sin embargo, la nueva administración de Trump ha iniciado una revisión profunda de programas sociales implementados durante la pandemia, argumentando que algunos ya no son necesarios o no se alinean con sus prioridades fiscales. Entre las iniciativas en revisión también se encuentra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que podría enfrentar cambios estructurales.
La acción legal de Pensilvania abre un nuevo frente en la disputa entre gobiernos estatales y federales sobre el manejo de fondos destinados a la seguridad alimentaria. La decisión que tome la corte federal podría sentar un precedente importante sobre la permanencia o modificación de políticas públicas creadas durante situaciones de emergencia.