La presión federal sobre Puerto Rico para compartir datos de migrantes de índole personal ha desatado una respuesta inmediata desde el ámbito legislativo. Esta semana, varios legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exigieron al gobierno local que no entregue información de licencias de conducir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un intento por proteger los derechos de la comunidad migrante en la isla.
La solicitud de las autoridades federales ha generado alarma entre activistas, defensores de derechos humanos y políticos locales. Según se informó, tanto el ICE como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional han solicitado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) los datos personales de unos 6,000 inmigrantes que habrían obtenido licencias de conducir en Puerto Rico.
Legisladores afirman que Puerto Rico busca proteger datos de migrantes
Ante esta situación, los representantes del PIP Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón realizaron un llamado público a la gobernadora Jenniffer González para que imparta órdenes claras al DTOP y se impida el acceso de las agencias federales a la los datos de migrantes.
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Foto de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González en la Asamblea Legislativa, en San Juan (Puerto Rico). Thais Llorca / EFE
“Puerto Rico busca proteger datos de migrantes porque no puede seguir siendo cómplice de una política federal que criminaliza a quienes ya están plenamente integrados en nuestra sociedad”, declaró Gutiérrez durante una conferencia de prensa. Agregó que las comunidades migrantes han contribuido significativamente en distintos sectores de la economía puertorriqueña y deben ser tratadas con dignidad y respeto.
Los legisladores argumentan que proporcionar información sin una orden judicial violaría el derecho a la privacidad de estas personas. Márquez recordó que los datos personales, especialmente aquellos que permiten la localización de individuos, están protegidos por leyes locales y federales, y que su divulgación podría derivar en deportaciones arbitrarias.
Proyecto de ley para salvaguardar la privacidad y los datos de migrantes
Como parte de su estrategia legislativa, Márquez y Lebrón informaron que en febrero de este año se presentó el Proyecto de la Cámara 331. La propuesta, redactada en coordinación con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), busca establecer parámetros claros sobre cómo deben ser las interacciones entre las agencias locales y las autoridades federales de inmigración.
Según el texto del proyecto, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no estaría obligado a colaborar con operaciones federales de control migratorio si estas no cuentan con una orden judicial o autorización legal clara. Además, se propone que las agencias locales no puedan compartir bases de datos ni realizar detenciones por presuntas violaciones migratorias sin el respaldo de la ley.
“Puerto Rico busca proteger datos de migrantes como una obligación moral y jurídica”, sostuvo Lebrón, quien también criticó las consecuencias de las órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump, señalando que aunque cambiaron las prioridades migratorias, no eliminaron las protecciones constitucionales básicas.
Confianza en riesgo y temor en la comunidad por los datos de migrantes
El pedido de ICE y DHS para acceder a los registros de licencias de conducir ha generado inquietud entre líderes comunitarios y organizaciones pro-migrantes. Muchos temen que esta medida erosione la confianza de los inmigrantes en las instituciones puertorriqueñas y los lleve a evitar servicios esenciales, incluyendo la atención médica, la escolarización de sus hijos o incluso reportar crímenes como víctimas o testigos.
Foto: Graeme Sloan / EFE
En declaraciones a medios locales, representantes de Casa de la Bondad, una organización que brinda asesoría legal a personas en situación migratoria irregular, manifestaron que “los inmigrantes que buscan una licencia de conducir lo hacen para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o cumplir con la ley. Convertir esa información en una herramienta de persecución es injusto y peligroso”.
Además, se advierte que la cooperación automática con agencias federales podría comprometer a Puerto Rico en posibles demandas legales, como ya ocurrió en estados como Nueva York o California, donde ciudades que protegieron los datos de sus residentes enfrentaron presión y amenazas de recortes presupuestarios federales.
Puerto Rico busca proteger datos de migrantes frente a un sistema federal cada vez más estricto
Este caso refleja la creciente tensión entre políticas estatales o territoriales y la línea dura adoptada por agencias federales de inmigración. Mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre personas en situación migratoria irregular, múltiples jurisdicciones, incluyendo municipios en Texas, California, Nueva York y ahora Puerto Rico, han empezado a implementar medidas legales para limitar esa cooperación.
En este contexto, la postura de los legisladores del PIP y de otros sectores del país se alinea con el movimiento nacional en favor de las “ciudades santuario”, donde las autoridades locales buscan proteger a sus residentes inmigrantes del rastreo y las deportaciones federales masivas.
Si bien la gobernadora Jenniffer González aún no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud, el debate ha cobrado fuerza en el Capitolio puertorriqueño. Se espera que durante las próximas semanas se discuta en comisión el Proyecto de la Cámara 331, cuya aprobación marcaría un hito en la protección de los derechos de los migrantes en el territorio.