Un juez federal de alto rango ordenó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump permitir que más de 100 migrantes, deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, puedan impugnar legalmente sus deportaciones.
El fallo representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias del actual gobierno, que desde su regreso al poder en enero ha intensificado las expulsiones de migrantes, incluyendo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar traslados forzosos fuera del territorio estadounidense.
La orden judicial fue emitida por el juez principal del Tribunal de Distrito de Columbia, James Boasberg, quien indicó que el gobierno privó a los migrantes del debido proceso al enviarlos sin posibilidad de defensa al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad salvadoreña.
Te Recomendamos
“Muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no tienen vínculos con organizaciones criminales. Languidecen en una prisión extranjera por acusaciones endebles o directamente infundadas”, escribió Boasberg en su decisión, y dio al gobierno estadounidense una semana para establecer un mecanismo que les permita presentar sus apelaciones.
Deportaciones a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra
El caso ha generado una ola de críticas y una serie de decisiones legales que han puesto en entredicho la legalidad de las deportaciones a El Salvador. Desde marzo, el Gobierno de Trump ha estado utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de forma acelerada a migrantes acusados de formar parte de pandillas criminales, especialmente del grupo venezolano Tren de Aragua.
Foto de archivo de miembro del Tren de Aragua deportado a El Salvador. EFE/ Presidencia de El Salvador
Dicha ley, aprobada en 1798 durante un periodo de conflicto con Francia, ha sido invocada en muy pocas ocasiones en la historia del país: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes había sido utilizada para deportaciones a El Salvador ni contra actores no estatales como pandillas.
La Casa Blanca defendió la estrategia afirmando que muchos de los migrantes representan un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, la Corte Suprema ya había establecido que toda persona deportada bajo esta ley debe tener el derecho a apelar su designación como “enemigo extranjero” ante un juez.
Al ignorar esta disposición, el gobierno violó esa orden y realizó las deportaciones a El Salvador sin permitir apelaciones previas, algo que Boasberg calificó como un acto de “privación clara de derechos constitucionales”.
¿Qué implica el fallo judicial para las deportaciones a El Salvador?
El fallo del juez Boasberg exige al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional crear un canal para que las personas deportadas a El Salvador puedan impugnar su expulsión, aunque ya se encuentren bajo custodia del sistema penitenciario salvadoreño.
En concreto, el magistrado ordena que se establezca una vía de contacto legal —virtual o presencial— para que los 137 migrantes afectados puedan presentar recursos individuales de apelación. Esta medida es inédita en el contexto de deportaciones a El Salvador, ya que usualmente las impugnaciones se hacen dentro del sistema migratorio estadounidense y antes de que ocurra el traslado.
Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde se muestra a un grupo de indocumentados camino a su deportación. EFE/ US Air Force
Además, Boasberg advirtió que el gobierno podría haber incurrido en desacato, ya que en una orden anterior había ordenado que los vuelos fueran devueltos a EE.UU. para evitar una expulsión sin revisión judicial, instrucción que fue desobedecida. El vuelo aterrizó en El Salvador y fue recibido con una publicación sarcástica del presidente Nayib Bukele en redes sociales: “Ups, demasiado tarde”.
Repercusiones legales y futuras decisiones sobre deportaciones a El Salvador
La orden del juez Boasberg no es un hecho aislado. En las últimas semanas, otros jueces federales han emitido decisiones similares en casos relacionados con deportaciones a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en estados como Texas, Nueva York y California. En todos ellos, se ha cuestionado que el gobierno solo ofreciera 24 horas para impugnar la deportación, lo cual fue considerado insuficiente para garantizar una defensa justa.
Incluso, algunos magistrados han declarado que la ley no puede utilizarse contra organizaciones criminales como Tren de Aragua, ya que fue redactada específicamente para aplicarse a enemigos que representen a Estados extranjeros. Esto podría invalidar una gran parte de las actuales deportaciones a El Salvador si se confirma que las acusaciones se basan únicamente en vínculos con pandillas.
La Corte Suprema, que ya intervino en el caso en dos ocasiones anteriores, podría ser llamada nuevamente para decidir sobre la constitucionalidad de estas deportaciones aceleradas. Hasta ahora, el máximo tribunal ha congelado temporalmente ciertas expulsiones desde Texas, mientras se resuelven las demandas de fondo.
El Departamento de Justicia, hasta el momento, no ha emitido declaraciones tras el fallo. Sin embargo, en audiencias anteriores ha argumentado que los migrantes ahora están bajo custodia legal de El Salvador, lo que limita el alcance del sistema judicial estadounidense. Boasberg cuestionó esta posición, señalando que el comportamiento del gobierno durante el caso ha sido “preocupante”.
El caso de Kilmar Ábrego y su influencia en las deportaciones a El Salvador
Un antecedente relevante citado en el fallo fue una de las deportaciones mas controversiales; el caso de Kilmar Ábrego García, un ciudadano venezolano deportado erróneamente desde Maryland a El Salvador, a pesar de que tenía derecho a permanecer en Estados Unidos. La Corte Suprema ordenó al gobierno facilitar su retorno, pero Ábrego sigue en territorio salvadoreño más de dos meses después de su deportación.
Este caso refuerza la preocupación sobre las deportaciones a El Salvador sin garantías mínimas. La falta de verificación previa y los procedimientos sumarios han llevado a que personas sin vínculos criminales terminen en una de las prisiones más peligrosas de América Latina.
Desde organismos de derechos civiles como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), se celebró el fallo de Boasberg. Su abogado principal, Lee Gelernt, aseguró que la decisión “es un paso importante para permitir que estos hombres puedan demostrar que nunca debieron ser expulsados”.
Mientras tanto, el presidente Trump ha intensificado sus críticas a los jueces federales. En su plataforma Truth Social, afirmó: “¡No podemos darle un juicio a todos!”. Sus asesores han repetido esta postura en entrevistas recientes, argumentando que el sistema judicial está obstaculizando la capacidad del Ejecutivo para controlar la inmigración.
No obstante, el fallo del juez Boasberg establece un precedente clave: incluso en tiempos de emergencia nacional o bajo leyes antiguas, los migrantes tienen derecho a defenderse antes de ser deportados a otro país. En este caso, las deportaciones a El Salvador seguirán bajo escrutinio judicial en las próximas semanas.