Supremo da la razón a mujer que denunció discriminación por ser heterosexual
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión histórica que facilitará las demandas por “discriminación inversa” bajo la ley federal, beneficiando a Marlean Ames, una mujer de Ohio que alegó haber sido discriminada en su empleo por ser heterosexual. La resolución unánime elimina un estándar legal más exigente que hasta ahora dificultaba que miembros de grupos mayoritarios presentaran demandas por discriminación laboral, afectando a 20 estados y al Distrito de Columbia.
El caso de Marlean Ames: discriminación por orientación sexual
Marlean Ames trabajó durante más de 20 años en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio con evaluaciones positivas y un historial laboral destacado. Sin embargo, Ames asegura que no solo se le negó una promoción, sino que también fue degradada, siendo reemplazada por personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ.
La mujer denunció que su orientación sexual heterosexual fue un factor determinante en las decisiones laborales en su contra. Su demanda fue inicialmente desestimada porque el Tribunal de Apelaciones del 6° Circuito le exigía presentar “circunstancias de fondo” adicionales, un requisito legal que imponía una carga probatoria más alta para personas pertenecientes a grupos mayoritarios, como los heterosexuales.
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La decisión del Tribunal Supremo elimina barreras legales
La Corte Suprema revocó el fallo del Tribunal de Apelaciones y determinó que no debe existir un estándar más estricto para miembros de grupos mayoritarios cuando denuncian discriminación. Este cambio busca garantizar que todas las demandas bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 se evalúen bajo los mismos criterios.
El Título VII prohíbe la discriminación laboral basada en sexo, lo que incluye la orientación sexual. La sentencia implica que quienes se sientan discriminados por ser heterosexuales o parte de un grupo mayoritario tendrán más facilidad para que sus casos sean escuchados en tribunales federales.
Impacto en 20 estados y Distrito de Columbia
Antes de esta decisión, 20 estados y el Distrito de Columbia aplicaban el requisito de “circunstancias de fondo”, que dificultaba que personas de grupos mayoritarios pudieran proceder con demandas por discriminación inversa.
Con el nuevo fallo, la carga de la prueba se homogeniza para todos los demandantes, sin importar su pertenencia a minorías o mayorías. Esto representa un cambio significativo en la jurisprudencia laboral que busca promover mayor equidad en la protección contra la discriminación.
Detalles del caso: promociones y degradaciones
El caso de Ames ejemplifica cómo el estándar anterior podía impedir el acceso a la justicia. Ames solicitó el puesto de jefa de calidad y mejora, una promoción que se le negó. Según su equipo legal, la posición fue otorgada a una mujer lesbiana sin proceso formal de entrevistas, a pesar de contar esta última con menos experiencia.
Tras no conseguir la promoción, Ames enfrentó una degradación laboral con una reducción salarial de casi 40%, de 47.22 dólares a 28.40 por hora. La mujer decidió regresar a su puesto inicial de secretaria ejecutiva, mientras que su anterior cargo fue asignado a un hombre gay, también con menos experiencia.
Contexto nacional: cambio en políticas de diversidad e inclusión
Esta decisión judicial coincide con un contexto más amplio en Estados Unidos, donde el gobierno federal y empresas privadas han comenzado a revisar y en algunos casos eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Grandes corporaciones como McDonald’s, Ford y Walmart han ajustado sus políticas de reclutamiento y recursos humanos, influenciadas también por una sentencia de 2023 que limitó las acciones afirmativas en admisiones universitarias.
Opiniones de los jueces y preocupaciones sobre cargas injustas
Durante las audiencias, las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su inquietud por los efectos de imponer requisitos adicionales para que ciertos demandantes pudieran proceder legalmente.
Argumentaron que esas cargas extras eran injustas para quienes forman parte de grupos mayoritarios, y destacaron la importancia de eliminar barreras para que todas las reclamaciones de discriminación laboral se traten por igual, sin distinciones basadas en género, orientación sexual o clase social.