Un tribunal federal ha bloqueado temporalmente la aplicación de una controvertida ley estatal que impedía a migrantes sin papeles residir en Oklahoma, decisión que ha sido celebrada por defensores de los derechos civiles en todo el país.
La normativa, conocida como HB 4156, fue aprobada en 2024 y considerada por diversos sectores como una de las más restrictivas en Estados Unidos en materia migratoria. Esta ley permitía a cualquier agente de policía en Oklahoma interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante interacciones rutinarias, como controles de tránsito o investigaciones comunes. También facultaba a cualquier ciudadano a denunciar a presuntos inmigrantes indocumentados con base en simples suposiciones.
Este jueves, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó que el tribunal bloquea norma que prohibía a migrantes sin papeles residir en Oklahoma tras calificarla de posiblemente inconstitucional.
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Tribunal bloquea norma que prohibía a migrantes sin papeles residir en Oklahoma: un freno al exceso estatal
La decisión fue tomada por el Tribunal del Distrito Oeste de Oklahoma, que determinó que la ley probablemente viola la Constitución de los Estados Unidos, en particular por interferir con la autoridad federal en asuntos migratorios. El fallo evita que la HB 4156 entre en vigor hasta que se resuelva la demanda interpuesta por diversas organizaciones civiles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado inicialmente esta demanda bajo la administración del presidente Joe Biden, pero la actual presidencia de Donald Trump retiró el apoyo legal, alineándose con su política de deportaciones masivas y endurecimiento fronterizo. Esta retirada obligó a la ACLU de Oklahoma a presentar una nueva acción legal, esta vez respaldada por organizaciones comunitarias como Padres Unidos de Tulsa y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Oklahoma City (LULAC-OKC).
Noor Zafar, abogada de la ACLU, señaló en un comunicado que “cada día que esta ley estuviera en vigor, ponía a miles de personas en riesgo de arresto, separación familiar y deportación sumaria”.
El impacto de la ley en la comunidad latina: temor y denuncias de discriminación
La HB 4156 no solo fue señalada por criminalizar la presencia de migrantes sin papeles en Oklahoma, sino también por establecer un nuevo delito estatal denominado “ocupación inadmisible”. Este delito permitiría a cualquier vecino reportar a alguien ante las autoridades simplemente por sospechar que no tiene estatus migratorio regular.
Grupos defensores de los derechos civiles han advertido que este tipo de disposiciones abren la puerta a perfiles raciales y arrestos sin justificación legal. “Lo que se fomenta aquí es la delación basada en el color de piel o en el idioma que se habla en casa”, indicó Tamya Cox-Touré, directora ejecutiva de la ACLU en Oklahoma. Añadió que la ley era un intento deliberado de aterrorizar a la comunidad migrante.
De acuerdo con datos del Migration Policy Institute, Oklahoma es hogar de al menos 90.000 inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos tienen años de residencia en el estado, hijos ciudadanos estadounidenses y trabajos estables. Para Cox-Touré, este tipo de legislación destruye familias y contribuye a una atmósfera de miedo permanente.
“Las personas dejarán de enviar a sus hijos a la escuela o de ir al médico por temor a ser interrogadas, detenidas o deportadas”, agregó.
Tribunal bloquea norma que prohibía a migrantes sin papeles residir en Oklahoma: una victoria temporal, pero importante
Aunque el fallo es una medida temporal, significa un importante respiro para miles de familias latinas. El hecho de que el tribunal bloquea norma que prohibía a migrantes sin papeles residir en Oklahoma demuestra que, al menos por ahora, la ley no puede ser aplicada mientras se determina si viola la Constitución.
La medida también tiene implicaciones nacionales. Al menos una docena de estados, incluyendo Texas, Florida y Alabama, han introducido proyectos de ley similares que buscan dar más poder a los estados para actuar contra personas sin documentos, en abierta contradicción con las competencias del gobierno federal.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado claro en varias ocasiones que las políticas migratorias son competencia exclusiva del gobierno federal, y que los estados no pueden establecer sus propios sistemas de control migratorio. El precedente más citado es el caso Arizona v. United States (2012), en el que el máximo tribunal invalidó varias disposiciones similares a las contenidas en la ley de Oklahoma.
Por eso, el actual fallo judicial en Oklahoma podría servir como referencia para frenar iniciativas similares en otros estados. “Este tipo de legislación es inconstitucional y profundamente perjudicial. Hoy ganamos una batalla, pero debemos seguir vigilantes”, remarcó Cox-Touré.
Mientras tanto, diversas comunidades latinas han organizado vigilias y protestas en Oklahoma City y Tulsa, expresando su apoyo a la decisión del tribunal y pidiendo respeto a los derechos humanos de todos los residentes, sin importar su estatus legal.