Juez falla contra Trump por violar acuerdo de reunificación familiar
Un juez federal de San Diego dictaminó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump violó dos disposiciones esenciales de un acuerdo legal alcanzado con miles de familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera durante su primer mandato, como parte de la política de “tolerancia cero”. La resolución representa un revés para el gobierno, que ha intentado modificar la forma en que brinda asistencia legal a las víctimas de esta política migratoria.
El fallo, emitido de forma oral por el juez federal de distrito Dana Sabraw, sostiene que el gobierno de Trump incumplió al no contratar a un proveedor independiente de servicios legales para los migrantes protegidos por el acuerdo, y al no proporcionar la asistencia legal personalizada que exige el documento firmado en 2023.
Un acuerdo con miles de familias afectadas
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El acuerdo en cuestión fue alcanzado como parte de una demanda colectiva federal que se remonta a 2018, cuando miles de padres e hijos fueron separados sistemáticamente en la frontera entre México y Estados Unidos. El litigio, encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), resultó en un fallo que declaró ilegal la separación de familias.
Posteriormente, el enfoque se trasladó a la reunificación y reparación de los daños causados por esa política. Según documentos judiciales, más de 4,800 personas —incluidos padres, niños y otros miembros del hogar— obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos bajo los términos del acuerdo, y alrededor de 9,000 migrantes están actualmente cubiertos por el mismo.
Violaciones identificadas por el juez
Durante la audiencia del miércoles, el juez Sabraw concluyó que el gobierno de Trump no cumplió con dos puntos fundamentales del acuerdo. En primer lugar, no contrató a una entidad externa para brindar asesoría legal independiente a los migrantes beneficiarios. En segundo lugar, no se ofreció la asistencia legal individualizada que estipula el pacto.
El abogado principal de los demandantes, Lee Gelernt, de la ACLU, advirtió que sin ese apoyo legal, los migrantes podrían volver a ser detenidos, deportados o separados de sus hijos. “En esencia, se trata de si estas familias que ya han sufrido tanto volverán a ser revictimizadas por el sistema”, afirmó.
Suspensión de fondos al proveedor legal
Hasta hace poco, la asistencia legal era proporcionada principalmente por el Centro Acacia para la Justicia, contratado por el gobierno federal. Sin embargo, en abril, la administración Trump suspendió los fondos dirigidos a esta organización, argumentando que el Departamento de Justicia podía recurrir a proveedores pro bono y herramientas digitales para cumplir con el acuerdo.
Esa decisión fue criticada duramente por los defensores de derechos civiles. Gelernt aseguró que delegar la responsabilidad en organizaciones voluntarias, sin recursos suficientes, es una estrategia que no tiene posibilidad de éxito. “La sugerencia de que las personas pueden navegar por el sistema migratorio sin abogados, solo con seminarios o sitios web, es completamente descabellada”, expresó.
El gobierno defiende su nuevo enfoque
Durante la audiencia, abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que los nuevos métodos implementados —como plataformas digitales informativas y talleres virtuales— cumplen con los términos del acuerdo. También afirmaron que la obligación del gobierno se limita a brindar asistencia para las solicitudes iniciales de libertad condicional y permiso de trabajo, no para las renovaciones.
“El enfoque actual tal vez no sea idéntico al anterior, pero sigue siendo válido y operativo”, defendió Daniel Schutrum-Boward, abogado de la Oficina de Litigios de Inmigración del DOJ.
Sin embargo, documentos presentados por la ACLU señalaron que la falta de apoyo legal adecuado amenaza con desmantelar los avances obtenidos para las familias afectadas. “La evidencia del último mes no deja lugar a dudas de que los Demandados no pueden garantizar que se cumpla la promesa del Acuerdo”, subraya uno de los escritos presentados ante el juez.
Orden final se emitirá en los próximos días
El juez Sabraw no ordenó medidas correctivas inmediatas, pero indicó que evaluará las posibles soluciones antes de emitir una orden final por escrito a principios de la próxima semana. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y representantes legales de las familias continúan exigiendo que se restablezca el apoyo legal necesario para garantizar la permanencia de estas personas en el país, sin riesgo de nuevas separaciones o deportaciones.