Acusan a fiscal general de romper su promesa ética
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, enfrenta una fuerte controversia tras ser acusada de violar su promesa de mantener la política fuera del sistema judicial federal. Una coalición de 70 abogados, exjueces de la Corte Suprema de Florida y profesores de derecho presentó una queja formal en su contra, señalando presuntas violaciones éticas graves durante su gestión.
La denuncia fue presentada ante el Colegio de Abogados de Florida, donde Bondi mantiene su licencia activa. Los denunciantes aseguran que la fiscal general ha utilizado su poder para ejercer presiones indebidas sobre abogados del Departamento de Justicia, con el objetivo de alinear su trabajo con los intereses políticos del presidente Donald Trump, bajo amenaza de sanciones o despido.
Promesas éticas incumplidas tras su confirmación en el Senado
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Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Bondi se comprometió públicamente a “eliminar la política del sistema judicial”, en una clara declaración de principios éticos. Sin embargo, los juristas firmantes de la queja afirman que su conducta ha ido en la dirección opuesta, generando preocupación sobre la independencia judicial y el uso partidista de la justicia federal.
Según la denuncia, Bondi habría impulsado una cultura de obediencia política dentro del Departamento de Justicia, priorizando los intereses del Ejecutivo sobre la autonomía profesional de los fiscales y abogados del Estado.
Acusaciones de abuso de poder y falta de neutralidad
La coalición argumenta que estas acciones violan de forma directa las normas de ética profesional del Colegio de Abogados de Florida, así como los principios establecidos en el reglamento interno del Departamento de Justicia. En su declaración, los abogados señalan que Bondi está “abusando de su posición como funcionaria pública federal” para presionar a subordinados a cumplir “ciegamente con los objetivos políticos del presidente”.
Los denunciantes enfatizan que ningún cargo público —ni siquiera el de fiscal general— debería estar por encima del deber ético de actuar con imparcialidad, integridad y respeto por el Estado de derecho.
Antecedentes de controversias éticas recientes
Pam Bondi ya había sido objeto de dos denuncias previas por supuestas faltas éticas, también desestimadas por el Colegio de Abogados de Florida. Esas quejas se centraban en su negativa a investigar o enjuiciar a funcionarios designados bajo la Constitución durante su mandato, a pesar de que existían señales públicas de posibles irregularidades.
El Colegio de Abogados rechazó ambas acusaciones, alegando que las pruebas eran insuficientes o que las decisiones de Bondi estaban dentro de su margen de discreción como jefa del Departamento de Justicia. No obstante, los firmantes de la nueva denuncia aseguran que esta desestimación no se sostiene en la historia legal ni en precedentes éticos similares.
“La desestimación previa no puede interpretarse como un blindaje para una funcionaria que utiliza su autoridad para fines políticos”, señalan en el texto presentado. Además, recalcan que la jurisdicción del Colegio de Abogados de Florida incluye a todos los abogados con licencia activa en el estado, sin importar que ocupen cargos federales.
Respuesta del Departamento de Justicia: denuncias serían un intento de politización
En respuesta a la queja, el Departamento de Justicia emitió una declaración en la que defiende a la fiscal general. Según el comunicado, los intentos de esta coalición de juristas constituyen un “uso indebido del proceso de quejas del Colegio de Abogados” con fines políticos.
“El Colegio de Abogados ha rechazado en dos ocasiones anteriores estas denuncias, dejando claro que no existe base legal ni profesional para acusar a la fiscal general Bondi de mala conducta”, indicó el portavoz del Departamento.
La institución también aseguró que la fiscal general ha actuado dentro de los parámetros establecidos por la ley y que los intentos de presentar una imagen de parcialidad no están respaldados por pruebas sólidas.
El impacto de las acusaciones en medio de un contexto político polarizado
Esta denuncia se da en un momento de alta tensión política en Estados Unidos, con elecciones presidenciales a la vista y una creciente preocupación por el uso del aparato estatal para fines partidistas. Las acciones del Departamento de Justicia han estado bajo escrutinio constante, en parte debido a las políticas de línea dura impulsadas por el presidente Trump.
Analistas consideran que el caso de Pam Bondi puede reavivar el debate sobre la independencia de las instituciones judiciales, especialmente cuando están encabezadas por figuras cercanas al poder Ejecutivo.
Por ahora, el Colegio de Abogados de Florida deberá decidir si acepta tramitar la nueva queja y abre una investigación formal contra la fiscal general. La resolución podría sentar un precedente sobre los límites éticos de los funcionarios públicos con licencia para ejercer la abogacía en el estado.