Acusan al gobernador de Colorado de colaborar con ICE
El gobernador de Colorado, Jared Polis, enfrenta una demanda judicial que lo acusa de colaborar de manera ilegal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La querella fue presentada este jueves en el Tribunal de Distrito de Denver por un alto funcionario estatal, quien sostiene que el mandatario demócrata ordenó a varios empleados públicos entregar información confidencial sobre inmigrantes, en aparente contravención de leyes estatales vigentes desde hace años.
La denuncia señala directamente a Scott Moss, director de la División de Normas y Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, como uno de los funcionarios que habrían recibido la instrucción de proporcionar datos personales de decenas de inmigrantes a ICE. Esta entrega de información se habría producido en respuesta a una “citación administrativa”, es decir, sin que existiera una orden judicial.
Colorado refuerza leyes que prohíben cooperación sin orden judicial
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La controversia surge apenas semanas después de que el propio gobernador firmara la ley SB25-276, la cual refuerza las protecciones de privacidad para personas inmigrantes en el estado. Esta normativa, que entró en vigor el 23 de mayo de 2025, prohíbe explícitamente que agencias estatales compartan información con autoridades federales de inmigración en ausencia de una orden judicial.
Según la demanda, el presunto acto de cooperación se produjo el 24 de abril, justo una semana después de que Polis firmara la nueva ley, pero antes de su implementación oficial. Los demandantes afirman que esta acción constituye una grave violación de los derechos de privacidad de las personas involucradas.
La entrega de datos personales, incluso en el contexto de investigaciones administrativas, está prohibida por las normas estatales salvo que se presente una orden judicial válida. La querella sostiene que el caso específico está vinculado a una investigación sobre menores no acompañados y que ICE habría solicitado los registros para verificar condiciones de cuidado.
Riesgo legal para empleados estatales por seguir instrucciones de Polis
Además de acusar al gobernador de actuar en contra de la legislación estatal, la demanda señala que los empleados públicos que acataron la supuesta orden podrían enfrentar consecuencias legales. Las sanciones podrían incluir despidos, inhabilitación profesional y multas de hasta 50.000 dólares.
Los demandantes solicitan que el tribunal imponga medidas cautelares para proteger a los trabajadores involucrados de eventuales represalias o procesos judiciales. Asimismo, piden que el Estado de Colorado cubra los gastos legales que se deriven del proceso.
El gobernador defiende su decisión: «Fue una investigación criminal»
La oficina del gobernador Jared Polis respondió a las acusaciones con un comunicado en el que asegura que la cooperación con ICE se enmarca en una investigación criminal relacionada con la explotación infantil. Según el mensaje oficial, la colaboración con agencias federales fue necesaria para proteger a menores de edad presuntamente víctimas de trata o abuso.
“Estamos comprometidos con colaborar en investigaciones criminales junto a nuestros socios locales y federales, especialmente cuando se trata de proteger a menores víctimas. Asistir en estas investigaciones no solo es legal, sino también un deber moral”, expresó el comunicado.
El texto también destaca que las investigaciones criminales requieren generar y compartir registros de manera responsable, con el objetivo de garantizar la seguridad pública, especialmente la de los niños.
Colorado en la mira del gobierno federal por políticas migratorias
El caso ha llamado la atención a nivel nacional, especialmente por el contexto migratorio. Colorado ha sido incluido en la lista de jurisdicciones consideradas “santuarios” por la administración del presidente Donald Trump, lo que lo coloca en el foco de posibles sanciones federales.
Las denominadas “ciudades santuario” son aquellas que limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración para proteger a comunidades migrantes. Desde el inicio de su mandato, el presidente Trump ha señalado que estos territorios deben alinearse con las políticas federales o enfrentar consecuencias legales y financieras.
La demanda contra Polis podría escalar a un conflicto político mayor si se confirma que hubo colaboración indebida entre el gobierno estatal y ICE, en aparente desacato a las leyes locales.