Trump busca permiso judicial para eliminar Educación federal
El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de inmediato para revertir un fallo judicial que paralizó su plan de eliminar el Departamento de Educación. La apelación de emergencia fue presentada por el Departamento de Justicia, en un intento por retomar la iniciativa presidencial que contempla la eliminación progresiva de funciones educativas a nivel federal.
La petición surge luego de que el juez federal de distrito Myong Joun, con sede en Boston, ordenara la reincorporación inmediata de cerca de 1,400 empleados que habían sido despedidos en el marco del proceso de desmantelamiento de la agencia. La decisión judicial representa un duro revés para una de las promesas clave de la campaña de Trump, centrada en reducir la intervención federal en los sistemas escolares y transferir competencias a los estados.
Juez federal bloquea despidos masivos
Te Recomendamos
El fallo del juez Joun se conoció a finales de mayo y argumenta que los despidos masivos “probablemente paralizarán al departamento”, interfiriendo con sus funciones esenciales. Según el magistrado, el Departamento de Educación tiene responsabilidades asignadas por el Congreso, como garantizar la equidad educativa, gestionar programas de ayuda financiera y supervisar el cumplimiento de leyes de derechos civiles en instituciones escolares.
La Corte de Apelaciones se negó a suspender temporalmente la orden de Joun, lo que motivó la apelación urgente ante la Corte Suprema. El procurador general D. John Sauer criticó la decisión del juez, señalando que se trata de una “interferencia judicial excesiva” basada en preferencias políticas, y no en fundamentos legales.
Trump insiste en desmantelar el Departamento de Educación
El presidente Donald Trump ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de eliminar el Departamento de Educación, argumentando que el sistema educativo funciona mejor bajo control estatal. En eventos recientes, ha señalado que la educación pública federal ha fracasado en mejorar los resultados académicos y ha promovido una supuesta agenda ideológica perjudicial para las familias estadounidenses.
“El control de la educación debe regresar a los padres y comunidades locales, no a los burócratas de Washington”, expresó el mandatario en una conferencia en Texas el mes pasado.
La administración ha comenzado a aplicar una política de “racionalización” que incluye despidos, suspensión de becas federales y cancelación de contratos con agencias educativas. El objetivo declarado es “eliminar funciones discrecionales que, en opinión de la Administración, son mejor gestionadas por los estados”.
Demandas de distritos escolares y fiscales generales
El intento de cerrar el Departamento de Educación ha enfrentado una fuerte resistencia legal. Dos demandas presentadas en tribunales federales sostienen que el Ejecutivo está actuando fuera del marco constitucional. Una de las demandas fue impulsada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton, en Massachusetts, con apoyo de la Federación Estadounidense de Maestros. La otra fue promovida por una coalición de 21 fiscales generales de estados gobernados por demócratas.
Ambas acciones legales coinciden en que los despidos masivos vulneran la capacidad del departamento para cumplir con su mandato legal. Entre las funciones afectadas se encuentran la distribución de ayuda federal para estudiantes, el respaldo a programas de educación especial y la supervisión de derechos civiles en las escuelas.
La Corte Suprema, escenario clave para el futuro del sistema educativo federal
Este no es el primer choque entre el juez Joun y la Administración Trump. En abril, la Corte Suprema ya había intervenido en un caso anterior, votando 5-4 para bloquear una orden del mismo juez que buscaba mantener programas de becas federales para formación docente.
Ahora, con esta nueva apelación, el máximo tribunal del país podría definir si el Ejecutivo tiene autoridad para reducir o eliminar una agencia creada por el Congreso, sin una acción legislativa explícita.
Mientras tanto, sindicatos de maestros, asociaciones estudiantiles y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto inmediato en millones de estudiantes y familias, especialmente en comunidades vulnerables que dependen de la financiación federal para acceder a una educación de calidad.