La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes 6 de junio la Ley de Emprendedores Estadounidenses Primero (HR 2966), una medida que restringe el acceso a los fondos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a personas que no sean ciudadanos estadounidenses, nacionales o residentes permanentes legales.
La legislación, impulsada por la representante republicana por Texas Beth Van Duyne, busca proteger los recursos públicos de posibles abusos, pero ha desatado críticas por su impacto en los emprendedores migrantes, incluyendo beneficiarios de DACA y otros inmigrantes legales. La propuesta, que ahora pasará al Senado, establece que solo aquellos con ciudadanía, nacionalidad estadounidense o tarjetas verdes podrán solicitar préstamos de la SBA, dejando fuera a refugiados, asilados y otros con visas temporales.
La congresista Nydia M. Velázquez, miembro demócrata del Comité de Pequeñas Empresas, expresó su rechazo: “No hay evidencia de que los préstamos de la SBA se destinen a inmigrantes indocumentados; las normas actuales ya exigen la propiedad mayoritaria de una empresa estadounidense”.
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Según Velázquez, esta medida no solo perjudica a emprendedores legítimos, sino que también impone trámites burocráticos innecesarios a los prestamistas. Por su parte, Van Duyne defendió la ley, afirmando que “protege el dinero de los impuestos estadounidenses de despilfarro, fraude y abuso por actores extranjeros hostiles”. En redes sociales, la comunidad de pequeños empresarios está dividida: algunos apoyan la priorización de ciudadanos, mientras otros lamentan el golpe a los negocios migrantes.
¿Quiénes quedan fuera?
La Ley de Emprendedores Estadounidenses Primero redefine quién puede acceder a los programas de la SBA, una agencia clave para el financiamiento de pequeñas empresas. Actualmente, los inmigrantes indocumentados ya están excluidos de la mayoría de los programas federales, pero esta legislación amplía las restricciones a grupos como los beneficiarios de DACA, quienes, a pesar de contribuir con impuestos, no podrán optar por préstamos. La SBA, que en 2023 otorgó $3 mil millones en préstamos a negocios latinos, es vital para comunidades inmigrantes, que representan el 36% de los nuevos negocios en EE.UU., según datos del Censo.
La medida también incluye controles para verificar la edad y el estatus migratorio de los solicitantes, lo que podría ralentizar el proceso de aprobación de préstamos. Reed Westcott, vicepresidente de la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, respaldó la ley: “Garantiza que los recursos lleguen a los emprendedores estadounidenses que los necesitan”. Sin embargo, críticos argumentan que estas restricciones podrían frenar el crecimiento económico, dado que los inmigrantes emplearon a 8 millones de personas en 2017 y generaron $1.3 billones en ventas.
Impacto en la comunidad inmigrante
El alcance de la Ley de Emprendedores va más allá de los préstamos. En estados como California, donde los inmigrantes constituyen el 27% de la población y el 39% de los emprendedores, la exclusión de fondos de la SBA podría afectar sectores como la gastronomía y los servicios, donde los negocios latinos y de otros inmigrantes son prominentes. Organizaciones como Acción USA, que ofrecen microcréditos a inmigrantes con un Número de Identificación de Contribuyente (ITIN), podrían ver un aumento en la demanda si la ley se aprueba en el Senado.
¿Qué sigue en el Senado?
El futuro de la Ley de Emprendedores ahora depende del Senado, donde se espera un debate intenso. La mayoría republicana en ambas cámaras aumenta las probabilidades de que la medida avance, aunque algunos demócratas planean proponer enmiendas para incluir a ciertos inmigrantes legales.
La legislación se enmarca en un contexto de políticas migratorias más estrictas, como el registro obligatorio para indocumentados anunciado en febrero de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, emprendedores como los beneficiarios de DACA enfrentan incertidumbre, y muchos buscan alternativas como el financiamiento colectivo para mantener vivos sus negocios. La comunidad empresarial espera claridad, pero el mensaje es claro: el acceso al capital para migrantes enfrenta un nuevo obstáculo.