Una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha generado gran controversia al incluir entre sus planes el despliegue de 21,000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar diversas funciones migratorias, incluyendo la localización y el transporte de niños migrantes solos.
De acuerdo con documentos oficiales y fuentes consultadas por NBC News, la solicitud enviada el 9 de mayo al Pentágono plantea que tropas de la Guardia Nacional sean utilizadas para “buscar y rescatar a niños extranjeros no acompañados en terrenos remotos u hostiles”, así como para trasladarlos entre estados. La propuesta también contempla operaciones de detención, vigilancia nocturna e interceptaciones rurales, algo que ha generado críticas entre legisladores demócratas y dentro de las propias fuerzas armadas.
Aunque la solicitud no ha sido aprobada por completo, fuentes del Departamento de Defensa han confirmado que ya está siendo evaluada por altos funcionarios, incluyendo al Secretario de Defensa, Peter Hegseth. La posibilidad de que las tropas militares participen en labores tradicionalmente policiales ha despertado preocupación sobre una posible militarización de la política migratoria.
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Guardia Nacional y niños migrantes: la propuesta que causa tensión
El plan que involucra a la Guardia Nacional y niños migrantes no acompañados representa un giro preocupante para muchos sectores. Según los documentos revisados, se asignarían alrededor de 10,000 efectivos al transporte de detenidos, 2,500 a operaciones de detención y 1,000 a tareas administrativas. Pero el aspecto más controversial es el uso de soldados para encontrar y trasladar a niños migrantes solos, una tarea extremadamente delicada que, tradicionalmente, ha estado a cargo de profesionales civiles especializados en protección infantil.
Guardia Civil Nacional de Nueva York. Foto:Shawn Thew/EFE
La solicitud detalla que también se usarían hasta 3,500 tropas para misiones de vigilancia, búsqueda de fugitivos y operativos conjuntos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esto ha sido interpretado por algunos legisladores como una forma de ampliar el rol del Ejército en labores que tocan la vida cotidiana de civiles, lo que podría romper el equilibrio legal establecido por la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de las fuerzas armadas en tareas de orden interno.
Aunque el DHS ha solicitado este apoyo bajo el Título 32 —lo cual permitiría que las tropas sigan bajo el control de sus respectivos gobernadores estatales pero con financiamiento federal—, los críticos advierten que este esquema puede facilitar la participación militar en operativos que afectan derechos fundamentales de migrantes, especialmente los menores.
Rechazo y temor por el uso de militares con fines migratorios
El plan que involucra a la Guardia Nacional y niños migrantes ha sido duramente cuestionado por miembros del Congreso. Un legislador demócrata lo comparó con “una forma encubierta de poner a la Guardia Nacional en las calles y hogares del país”, calificando la propuesta como un intento de instaurar una especie de “estado policial”.
Además, varios miembros actuales y retirados de la Guardia Nacional han manifestado su rechazo al ser asignados a tareas migratorias. Uno de ellos afirmó que planea dejar la institución si se le ordena participar en este tipo de operaciones. Estas expresiones reflejan un conflicto ético y operacional que podría agravar la ya tensa relación entre el Pentágono y el DHS respecto al uso de recursos militares en funciones migratorias.
Foto: Esteban Bilba/EFE
Actualmente, el Pentágono ya financia instalaciones como la base militar en El Paso, Texas, donde se albergan hasta 2,500 inmigrantes indocumentados. Sin embargo, según funcionarios del Departamento de Defensa, el número real de detenidos se ha mantenido muy por debajo de esa cifra, lo que ha provocado frustración por el gasto mensual de 23 millones de dólares.
Costos, cuarteles deteriorados y prioridades en conflicto
La petición que vincula a la Guardia Nacional y niños migrantes también ha generado tensiones presupuestarias. El Departamento de Defensa ha expresado su descontento ante la idea de asumir los costos de una operación que consideran ajena a su misión principal. Según cálculos internos, reducir la capacidad del centro de detención de El Paso a 1,000 camas podría ahorrar unos 12 millones de dólares mensuales, lo que aliviaría la presión sobre el presupuesto militar.
Este desbalance financiero ocurre mientras el Congreso ha sido notificado de que el Pentágono redirigirá fondos que estaban destinados a mejoras urgentes en cuarteles y otras instalaciones militares. Algunas de estas obras incluían la renovación de infraestructuras deterioradas que afectan directamente la calidad de vida de los soldados. De hecho, organizaciones como Hots&Cots han denunciado problemas serios como moho, fugas de aguas residuales y sistemas de ventilación defectuosos en muchas bases.
“Cuando se retiran fondos de esta partida, las tropas pagan el precio real”, declaró Rob Evans, fundador de Hots&Cots. “Los miembros del servicio merecen vivir en condiciones limpias y seguras. Se han ganado al menos eso”.
Mientras tanto, el DHS presiona al Pentágono para aumentar su capacidad de acción en la frontera y apoyar la meta de detener a 3,000 inmigrantes por día. Sin embargo, las cifras actuales de detención muestran que se está lejos de alcanzar ese objetivo, y los centros siguen con camas vacías a pesar de las millonarias inversiones.
El debate continúa
Aunque el plan del Gobierno que propone que la Guardia Nacional traslade a niños migrantes solos aún no se ha aprobado por completo, las implicancias legales, éticas y presupuestarias han puesto en alerta a múltiples sectores. Por ahora, el Pentágono analiza cuáles partes del plan aceptará y cuáles serán rechazadas, mientras en el Congreso crecen las críticas por lo que muchos ven como un uso desmedido de recursos militares en la aplicación de políticas migratorias que afectan directamente a menores de edad en situación de vulnerabilidad.