La relación entre México y la Organización de los Estados Americanos (OEA) atraviesa momentos tensos. El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum criticó duramente el informe preliminar presentado por la misión de observación electoral de la OEA sobre las elecciones judiciales realizadas el 1 de junio, calificándolo de injerencista y fuera de lugar.
A través de una nota diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su inconformidad con las recomendaciones y declaraciones contenidas en el documento, en el que el organismo hemisférico cuestionó tanto el modelo de elección como la idoneidad de los candidatos electos para ocupar cargos dentro del Poder Judicial.
El gobierno mexicano considera que el organismo regional ha “rebasado su mandato” y se ha entrometido en asuntos que corresponden únicamente al Estado mexicano, en una jornada electoral sin precedentes en América Latina.
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La postura oficial: México rechaza informe de la OEA sobre elecciones judiciales
Desde el estado de Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al responder a los señalamientos de la OEA. Afirmó que el organismo internacional no tiene competencia para opinar ni recomendar cómo deben organizarse los sistemas judiciales de los países soberanos.
Foto: Isaac Esquivel/EFE
“No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial”, sostuvo la mandataria durante una gira de trabajo, en una clara muestra del malestar generado en el Ejecutivo federal.
El rechazo de México fue acompañado por un documento emitido por la Misión Permanente del país ante la OEA, en el que se acusó al organismo de actuar “de manera contraria a los principios de la Carta de la Organización”. Entre los artículos citados se encuentra el 3(e), que garantiza el derecho de todo Estado miembro a elegir libremente su sistema político, económico y social, sin presiones externas.
Informe cuestionado: México rechaza informe de la OEA sobre elecciones judiciales y defiende su modelo
El informe preliminar de la OEA fue dado a conocer el viernes 6 de junio. En él, la organización expresó dudas sobre la transparencia, imparcialidad y eficacia del modelo de elección judicial promovido por el gobierno mexicano. El texto afirma que este esquema “no tiene precedentes a nivel mundial” y advierte que podría debilitar la independencia del Poder Judicial.
Además, se mostró preocupación por la falta de filtros técnicos en la selección de candidatos, al señalar que no se aplicaron pruebas estandarizadas para evaluar capacidades jurídicas. También destacó el alto número de votos nulos y boletas sin marcar, que ascendieron al 10.80 % del total, lo que atribuyeron al corto tiempo que tuvo el país para organizar los comicios.
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Foto: Lenin Nolly/EFE
La OEA también alertó que, de mantenerse el calendario actual, las próximas elecciones judiciales previstas para 2027 podrían coincidir con los comicios generales, lo que elevaría el riesgo de politización del sistema de justicia.
Ante estos cuestionamientos, el gobierno mexicano insistió en que todo el proceso se apegó “estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en México”, como lo reconoció el propio informe.
Una elección inédita en la historia de México
Las elecciones judiciales del pasado 1 de junio marcaron un hecho sin precedentes. Por primera vez, la ciudadanía mexicana eligió a más de 880 cargos judiciales federales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte de una estrategia para “democratizar el poder judicial”.
La jornada transcurrió en paz, con alta participación en algunas regiones y con observadores nacionales e internacionales presentes. Sin embargo, la implementación de este nuevo modelo ha generado amplias discusiones tanto dentro como fuera del país.
Varios sectores de la oposición, asociaciones civiles y organismos internacionales han expresado reservas respecto a la conveniencia de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, ya que podría comprometer la independencia del Poder Judicial y abrir espacio a influencias partidistas.
Por su parte, el nuevo gobierno sostiene que esta transformación responde a una demanda ciudadana de mayor transparencia y rendición de cuentas en la impartición de justicia.
Aunque México rechaza informe de la OEA sobre elecciones judiciales, la polémica no parece disminuir. El intercambio diplomático entre ambas partes podría escalar si la OEA decide mantener sus críticas o emitir un informe final en el mismo tono. Mientras tanto, México insiste en que su derecho a definir su sistema judicial no debe ser cuestionado por ningún organismo internacional.