Senadores de California exigen respuestas por arresto sindical: ¿Qué dijeron?
La detención del presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), David Huerta, ha generado un fuerte pronunciamiento político en California. El lunes 3 de junio, los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas por California, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ) solicitando una revisión inmediata del caso. La misiva también fue firmada por el líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer, de Nueva York.
Huerta fue arrestado el viernes mientras supervisaba una redada migratoria en un centro de trabajo en el centro de Los Ángeles. Según sus allegados, el dirigente sindical se encontraba documentando la intervención federal cuando fue interceptado por agentes del orden, resultando herido durante el operativo. Fue hospitalizado brevemente y luego trasladado al Centro de Detención Metropolitano.
Schiff y Padilla: “Debe respetarse el derecho a supervisar”
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En la carta enviada a las autoridades federales, los senadores expresaron su profunda preocupación por lo ocurrido. “Es alarmante que un ciudadano estadounidense, dirigente sindical y miembro destacado de nuestra comunidad haya sido arrestado mientras ejercía su derecho a observar la actuación de las fuerzas del orden en un contexto migratorio”, expresaron los legisladores.
Los senadores exigieron respuestas sobre qué agencias participaron en el operativo, qué agentes estuvieron involucrados en la detención de Huerta y qué medidas disciplinarias serán tomadas por las lesiones sufridas por el dirigente. También solicitaron detalles sobre el fundamento legal que justificó su arresto.
“Como miembros del Congreso, tenemos la responsabilidad constitucional de supervisar las actuaciones del DHS y del DOJ para asegurar que los derechos civiles de nuestros representados sean protegidos”, remarcaron Schiff, Padilla y Schumer en su comunicado. La carta establece como fecha límite el viernes 7 de junio para recibir una respuesta oficial de ambas agencias.
El Gobierno responde: Huerta habría interferido con la operación
Desde el Gobierno federal, el fiscal para el distrito central de California, Bill Essayli, ofreció una versión diferente de los hechos. Según sus declaraciones, Huerta habría interferido en una operación legal con orden judicial. “Intentó bloquear el paso de vehículos oficiales e impedir el acceso a una propiedad en la que los agentes debían realizar un registro”, explicó Essayli.
De acuerdo con el fiscal, cuando los agentes intentaron moverlo del lugar, Huerta se habría resistido físicamente, lo que llevó a que fuera reducido por la fuerza y rociado con gas pimienta. “En ese momento, los agentes no sabían quién era. Más tarde, cuando se enteraron por la intervención de políticos, se sugirió que se le diera un trato especial, pero eso no va a ocurrir”, agregó el fiscal.
Reacciones en cadena: protestas en todo el país
La detención de Huerta ha provocado una ola de indignación en el movimiento sindical y en organizaciones defensoras de los derechos civiles. En respuesta, este martes se organizaron manifestaciones en más de una docena de ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Chicago, San Francisco, Houston y Washington D.C.
El SEIU, que representa a más de dos millones de trabajadores en todo el país, denunció el arresto como un acto de intimidación y abuso de poder. “Nuestro presidente fue detenido por defender a trabajadores inmigrantes y por observar un procedimiento público. Esta acción es inaceptable y antidemocrática”, expresó el sindicato en un comunicado.
Desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también se sumaron al reclamo, calificando la detención de Huerta como “un peligroso precedente” que amenaza el derecho a la supervisión ciudadana de las actuaciones policiales.
Un caso que podría escalar a nivel nacional
El caso de David Huerta ha escalado rápidamente a nivel federal, no solo por la gravedad del incidente, sino también por el contexto político y social que lo rodea. En medio de un año electoral, el tema migratorio y la actuación de las fuerzas de seguridad federales están en el centro del debate en Estados Unidos.
Los senadores californianos han hecho un llamado público para que se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos que deciden observar y documentar las operaciones de las autoridades, especialmente en un entorno tan delicado como lo es el de las redadas migratorias. Mientras tanto, se espera una respuesta por parte del DHS y el DOJ antes del fin de esta semana.