Newsom demanda al gobierno por militarizar protestas en Los Ángeles. Trump y Homan amenazan con arrestarlo por proteger a inmigrantes.
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Los Ángeles, el corazón cultural y económico de California, se encuentra en el centro de una tormenta política tras las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las operaciones, que han resultado en al menos 118 detenciones, han desatado protestas masivas y enfrentamientos con las autoridades, llevando al presidente Donald Trump a federalizar y desplegar 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, seguidos por 700 marines, sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. En respuesta, Newsom, junto al fiscal general Rob Bonta, ha anunciado una demanda contra la administración Trump, calificando la militarización como “ilegal e inmoral”. Mientras tanto, el “zar de la frontera” Tom Homan y el propio Trump han amenazado con arrestar a Newsom y a la alcaldesa Karen Bass por su oposición a las redadas, intensificando un conflicto que pone en juego la soberanía estatal y los derechos de los inmigrantes.
Redadas de ICE: el origen de la crisis
ICE lanzó operativos en el distrito de la moda de Los Ángeles, en una tienda Home Depot en Paramount y en vecindarios como Boyle Heights. Según el Departamento de Seguridad Nacional, estas redadas forman parte de una campaña nacional que ha resultado en más de 100,000 arrestos desde enero. En Los Ángeles, 44 personas fueron detenidas el primer día, incluyendo dos menores, según un comunicado de ICE. El cónsul mexicano Carlos González confirmó que la mayoría de los detenidos son de origen mexicano, muchos con décadas de residencia en EE.UU. y sin antecedentes penales.
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Las redadas provocaron una respuesta inmediata. Cientos de manifestantes, liderados por organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), bloquearon carreteras y formaron cadenas humanas, enfrentándose a agentes federales que usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. The New York Times reportó que un fotoperiodista resultó herido por proyectiles no letales. Las protestas se extendieron a Compton y al centro de Los Ángeles, donde se reportaron 39 arrestos, incluyendo al líder sindical David Huerta, presidente de SEIU California, cuya detención desató críticas de figuras como el senador Chuck Schumer, quien exigió su liberación inmediata.
Militarización y respuesta estatal
Trump invocó el Título 10 del Código de EE.UU. para federalizar la Guardia Nacional de California, desplegando 2,000 efectivos en Los Ángeles sin el consentimiento de Newsom, una acción sin precedentes desde 1965, cuando el presidente Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para proteger marchas por los derechos civiles. En un mensaje en Truth Social, Trump calificó a los manifestantes como “alborotadores e insurrectos” y acusó a Newsom y Bass de “incompetencia”. El secretario de Defensa Pete Hegseth escaló la situación al movilizar 700 Marines desde Twentynine Palms, una medida que Newsom calificó de “comportamiento desquiciado” en X, argumentando que “movilizar a los Marines contra ciudadanos estadounidenses es injustificado”.
Newsom acusó a Trump de “fabricar una crisis” para justificar la militarización: “Ha encendido la mecha y echado combustible al fuego. Esto es un acto ilegal, inmoral e inconstitucional”. Anunció que California demandará a Trump, Hegseth y el Departamento de Defensa por violar la Constitución y el Título 10, que requiere el consentimiento del gobernador para federalizar la Guardia Nacional. El fiscal general Rob Bonta argumentó que la acción priva a California de recursos esenciales, especialmente en un estado propenso a desastres naturales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también planea demandar, calificando la movilización como un “abuso de poder”.
Un manifestante es arrestado durante un enfrentamiento con agentes federales cerca de un Home Depot en Paramount, California, EE.UU. EFE/ Allison Dinner
Amenazas de arresto y desafío de Newsom
El “zar de la frontera” Tom Homan intensificó el enfrentamiento al advertir en NBC News que Newsom y Bass podrían enfrentar cargos por obstruir las operaciones de ICE, un delito grave según la ley federal. “Nadie está por encima de la ley”, dijo Homan, aunque aclaró que no había planes concretos para arrestarlos. Trump respaldó la amenaza, declarando a reporteros en la Casa Blanca: “Si fuera Tom, lo haría. Creo que sería genial”. Newsom respondió desafiante en X: “Trump y su zar de la frontera amenazan con arrestarme por hablar. Vengan por mí, tipo duro. No me detendrán de defender a California”. Añadió: “Que me arresten. No me importa. Pero me importa mi comunidad”.
Bass, por su parte, rechazó las advertencias de Homan como “innecesarias” y afirmó que no busca confrontar al gobierno federal, pero criticó la militarización como un intento de “desestabilizar” Los Ángeles. La alcaldesa señaló que la ciudad ya estaba bajo presión tras recientes incendios forestales, y la presencia de tropas solo agrava las tensiones.
Impacto en las comunidades
Las redadas han sembrado miedo en las comunidades migrantes, con familias evitando salir de casa. CHIRLA denunció condiciones de hacinamiento en los centros de detención, donde se ha negado el acceso a abogados y legisladores, según el congresista Jimmy Gómez. La representante Nanette Barragán, quien intentó visitar el centro de detención de Adelanto, fue bloqueada, calificando la acción como una violación de los derechos de supervisión del Congreso. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por la “militarización” de la aplicación migratoria, argumentando que “aplastar la disidencia no tiene lugar en una democracia”.
Un manifestante sostiene una bandera mexicana junto a un auto incendiado durante un enfrentamiento entre manifestantes y agentes federales en Paramount, California, EE.UU. EFE/ Allison Dinner
Un conflicto con eco nacional
La demanda de California, respaldada por la Asociación de Gobernadores Demócratas, desafía la autoridad de Trump para federalizar la Guardia Nacional y movilizar marines, invocando la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de tropas federales en tareas civiles sin autorización expresa. La situación recuerda las tensiones de 1992, cuando el presidente George H.W. Bush desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles tras los disturbios por Rodney King, pero con el consentimiento del entonces gobernador Pete Wilson. La escalada actual, sin embargo, marca un precedente peligroso, según analistas, al socavar la soberanía estatal y los derechos de protesta.
Con Los Ángeles bajo vigilancia militar y las protestas continuando, el enfrentamiento entre Trump y California plantea preguntas sobre el equilibrio entre el poder federal y local, los derechos de los inmigrantes y la libertad de expresión. La demanda de Newsom busca no solo proteger a California, sino establecer un límite a lo que él llama “los actos de un dictador”. Mientras tanto, las comunidades migrantes permanecen en el centro de una batalla política que podría redefinir el futuro de la democracia estadounidense.