La detención de una mujer dominicana con estatus legal en Puerto Rico ha provocado una fuerte reacción de organizaciones de derechos civiles que exigen su liberación inmediata. La mujer, identificada solo como Aracelis por ser víctima de violencia doméstica, fue detenida a finales de mayo por la policía local tras presentarse en un edificio municipal para tramitar un permiso de venta ambulante.
Según informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, Aracelis fue entregada a las autoridades federales a pesar de contar con documentación legal, incluyendo su pasaporte, licencia de conducir y permisos de trabajo vigentes. Posteriormente, fue trasladada a un centro de detención en Texas como parte de una operación migratoria federal.
Arrestos masivos preocupan a la comunidad dominicana
La detención de Aracelis no es un hecho aislado. Desde finales de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha arrestado a más de 200 personas en Puerto Rico, en su mayoría de nacionalidad dominicana. La comunidad inmigrante en la isla ha expresado temor ante estos operativos, ya que muchos de los detenidos, como Aracelis, residen legalmente en el territorio estadounidense.
Te Recomendamos
Arresto de una mujer indocumentada en los Estados Unidos. Foto: X @HSI_Miami
El abogado de Aracelis, Ángel Robles, explicó que la mujer no enfrenta ningún cargo criminal y que su nombre ni siquiera aparece en el sistema federal. A pesar de ello, se le negó una audiencia de fianza. “Este operativo es un atropello infame”, afirmó Robles.
La ACLU también se ha pronunciado enérgicamente. Annette Martínez Orabona, directora de la organización en Puerto Rico, denunció que el caso de Aracelis demuestra una falla grave del gobierno local en proteger los derechos de los inmigrantes, y acusó a las autoridades de colaborar con el ICE sin las debidas salvaguardas legales.
Colaboración de Puerto Rico con ICE genera controversia
En una carta enviada el lunes a la gobernadora Jenniffer González Colón y al secretario de Justicia de la isla, la ACLU acusó al gobierno puertorriqueño de violar la Constitución al compartir información confidencial de aproximadamente 6.000 inmigrantes con el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La organización calificó la estrategia federal como una “expedición de pesca” sin fundamento legal.
La polémica se intensifica debido a que en Puerto Rico los inmigrantes sin autorización formal pueden obtener licencias de conducir especiales y abrir cuentas bancarias, medidas implementadas para garantizar el acceso a servicios esenciales y fomentar la integración social. Sin embargo, la falta de protocolos claros para proteger esa información está ahora en el centro del debate público.
La ACLU ha solicitado que el gobierno de Puerto Rico emita una orden ejecutiva que prohíba la colaboración de agencias estatales con citaciones del ICE que no estén respaldadas por una orden judicial. También exigen el regreso inmediato de Aracelis a la isla.
Piden liberar a dominicana con estatus legal y revisar las políticas migratorias
Este caso ha reavivado el debate sobre la forma en que se implementan las políticas migratorias en los territorios estadounidenses, donde los derechos legales de los inmigrantes pueden ser vulnerados por operativos poco transparentes. La ACLU está evaluando posibles acciones legales contra las agencias involucradas.
De momento, ni la oficina de la gobernadora ni el ICE han emitido comentarios oficiales sobre el caso de Aracelis. Mientras tanto, organizaciones civiles y líderes comunitarios siguen exigiendo que se libere a la dominicana con estatus legal y que se tomen medidas para prevenir futuras detenciones arbitrarias.
Este tipo de incidentes subraya la necesidad urgente de establecer procedimientos claros entre las agencias federales y locales en Puerto Rico, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas inmigrantes que residen legalmente en la isla.