La congresista McIver enfrenta cargos federales por incidente en Newark
La congresista LaMonica McIver, demócrata por Nueva Jersey, ha sido acusada formalmente con cargos federales tras un incidente ocurrido a las afueras de un centro de detención en Newark, Nueva Jersey, en mayo. Los cargos incluyen presunta obstaculización e interferencia con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este desarrollo se da en medio de la tensa situación política que enfrenta el gobierno del presidente Donald Trump respecto a la inmigración en el país.
Detalles de los cargos contra McIver
La fiscal federal interina de Nueva Jersey, Alina Habba, dio a conocer la acusación formal presentada por un gran jurado, en la que McIver enfrenta varios cargos que podrían acarrear una pena máxima de hasta ocho años de prisión. Habba expresó en redes sociales que el comportamiento de McIver y otros manifestantes en el incidente ponía en riesgo a los agentes de inmigración y al orden público.
El incidente en cuestión ocurrió el 9 de mayo, cuando McIver visitó el centro de detención privado Delaney Hall en Newark, una instalación utilizada por el ICE para alojar a inmigrantes detenidos. Durante la visita, se produjo un altercado cuando McIver intentó intervenir para apoyar al alcalde de Newark, Ras Baraka, quien había sido arrestado al tratar de unirse a la supervisión congresional en el lugar. En el video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, se ve a McIver cerca de la cerca del centro, involucrada en una discusión con oficiales de policía mientras pedía la liberación del alcalde Baraka.
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Rechazo de la congresista a los cargos
McIver, quien ha defendido su acción como parte de sus responsabilidades como miembro del Congreso, calificó las acusaciones en su contra de infundadas. En un comunicado, su abogado, Paul Fischman, aseguró que las acusaciones eran un acto de “represalia política” por parte de la administración Trump.
“Estamos seguros de que las pruebas demostrarán que este proceso es una retaliación por nuestra defensa de los derechos de los inmigrantes y el ejercicio de nuestra labor de supervisión”, dijo Fischman. A pesar de la acusación, el abogado expresó que la congresista está dispuesta a enfrentar las imputaciones en los tribunales, confiando en que serán desestimadas.
La controversia política en torno al caso
La acusación contra McIver se enmarca en un contexto de creciente tensión política entre el gobierno de Trump y varios líderes demócratas. En particular, las políticas de inmigración del presidente han generado fuertes críticas, especialmente en estados como Nueva Jersey, que albergan importantes comunidades inmigrantes.
El arresto de Baraka, aunque posteriormente los cargos en su contra fueron retirados, fue un punto de conflicto. El alcalde demandó a la fiscal Habba, acusándola de actuar de manera maliciosa al presentar los cargos. Baraka calificó el incidente como una “caza de brujas” política en contra de quienes se oponen a las políticas del gobierno federal.
El incidente y el video del Departamento de Seguridad Nacional
Un video grabado por el Departamento de Seguridad Nacional muestra a McIver en el centro de la escena, rodeada por congresistas y oficiales de policía. En el video, se observa un momento en que McIver empuja, aparentemente de forma incidental, a un oficial que se encontraba en el lugar. Sin embargo, el video no clarifica si este contacto fue intencional o resultado de un empujón por la aglomeración de personas.
Según el informe oficial, McIver habría golpeado a un agente con el antebrazo y luego intentado sujetarlo. La denuncia también sostiene que la congresista actuó de manera agresiva en el altercado.
El video de la cámara corporal del oficial no proporciona evidencia concluyente sobre las circunstancias exactas del incidente, lo que ha generado aún más controversia y críticas a la forma en que las autoridades han manejado el caso.
El contexto legal y político de la imputación
El incidente que involucra a McIver es notable, ya que es raro que un miembro activo del Congreso enfrente cargos federales relacionados con su ejercicio de funciones de supervisión. La ley de asignaciones presupuestarias de 2019 autoriza a los miembros del Congreso a realizar visitas sin previo aviso a instalaciones federales de inmigración como parte de sus funciones de control y supervisión.
En este caso, McIver y otros congresistas estaban realizando una visita para supervisar las condiciones en las que los inmigrantes eran detenidos, una preocupación constante en el debate sobre la reforma migratoria en el país. Sin embargo, el hecho de que los cargos sean por interferir con agentes federales ha generado un debate más amplio sobre los límites de la protesta política y el papel del Congreso en la supervisión de las políticas del gobierno.
Reacciones de otros miembros del Congreso
Otros representantes de Nueva Jersey, como Bonnie Watson Coleman y Rob Menéndez, han expresado su apoyo a McIver y han criticado lo que consideran un ataque político. Ambos congresistas han cuestionado la validez de los cargos, argumentando que el incidente fue un intento legítimo de supervisar las acciones de una agencia federal involucrada en el tratamiento de inmigrantes.
Los demócratas en el Congreso también han manifestado su preocupación por las implicaciones de este caso, señalando que podría sentar un precedente peligroso para la supervisión gubernamental si los miembros del Congreso se ven limitados en sus capacidades de fiscalización.
El impacto de las acusaciones en el clima político
El caso de McIver destaca la creciente polarización política en Estados Unidos, especialmente en torno a las políticas de inmigración y el poder del Congreso frente a la administración presidencial. A medida que el caso avanza, es probable que continúe siendo un punto de fricción entre los demócratas y el gobierno de Trump, con repercusiones potenciales para las futuras elecciones y el enfoque del Congreso en los temas migratorios.
En resumen, la imputación de la congresista McIver marca un capítulo más en la lucha por el control de las políticas migratorias de Estados Unidos y la supervisión de las acciones del ICE, mientras el país enfrenta una creciente división política sobre cómo manejar la inmigración y los derechos civiles.