Miles de personas salieron este martes a las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país en una demostración masiva de rechazo a la reciente condena a Cristina Fernández, quien fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión, ratificada por la Corte Suprema, ha generado un fuerte impacto político y social en Argentina, movilizando a sindicatos, organizaciones sociales y sectores del peronismo que denuncian una persecución judicial.
Desde horas de la mañana, se registraron cortes de tránsito en los principales accesos a la capital argentina. En el microcentro porteño, las inmediaciones del Palacio de Justicia fueron valladas y custodiadas por un fuerte operativo policial para prevenir posibles disturbios. La sede del Partido Justicialista también se convirtió en un punto de reunión para simpatizantes de la expresidenta, quien recibió allí la noticia del fallo.
Protestas tras la condena a Cristina Fernández
Con banderas argentinas, pancartas y cánticos en defensa de la exmandataria, manifestantes se congregaron en distintos puntos de la ciudad. Una parte importante de la movilización partió desde la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor sindicato del país, que convocó a una jornada de protesta nacional.
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Fotografía de la senadora Silvina Garcia Larraburo (c) y varios seguidores de Cristina Fernández reaccionando a la condena de la expresidenta, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Enrique García Medina
«No vamos a permitir que la persigan por representar a los trabajadores. Esta condena a Cristina Fernández es un intento de proscribir a quien garantizó derechos laborales y sociales durante sus mandatos», expresó el dirigente sindical Pablo Moyano en un acto improvisado frente al Congreso.
La militante Sol Di Próspero, de la Asociación del Personal Legislativo, sostuvo que “es el momento de salir a la calle porque se está atentando contra la democracia”. Afirmó que Fernández es “la constructora del proyecto nacional y popular”, y añadió que “todavía representa la esperanza para el pueblo trabajador”.
En paralelo, decenas de personas se acercaron a la residencia de Fernández en el barrio de Recoleta, donde esperaron su llegada en un ambiente de tensión, pero sin incidentes graves reportados.
La condena a Cristina Fernández reconfigura el escenario político
La condena a Cristina Fernández ha provocado un terremoto político en Argentina. El fallo del Supremo llega apenas una semana después de que la exmandataria anunciara su intención de postularse como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas previstas para septiembre.
El tribunal emitió su decisión antes del cierre oficial de candidaturas, programado para el 19 de julio, lo que significa que Fernández queda automáticamente excluida de la contienda electoral. De esta manera, queda fuera de cualquier posibilidad de competir en elecciones mientras esté vigente la sentencia.
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (c) saluda a sus seguidores este martes, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Enrique Garcia Medina
La defensa de la expresidenta ya ha solicitado que se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando que, con 72 años cumplidos en febrero, cumple con los requisitos legales para acceder a este régimen.
La causa por la que fue condenada, conocida como “Vialidad”, investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003–2007) y de la propia Cristina Fernández (2007–2015), principalmente en la provincia patagónica de Santa Cruz. Las obras fueron otorgadas mayoritariamente a empresas del empresario Lázaro Báez, allegado a la familia Kirchner.
El caso ha sido uno de los más mediáticos en la historia judicial argentina reciente y se convirtió en un símbolo del enfrentamiento entre el poder judicial y el kirchnerismo.
Repercusiones regionales e internacionales por la condena a Cristina Fernández
Diversos actores políticos latinoamericanos han reaccionado a la condena a Cristina Fernández, mostrando preocupación por lo que consideran una judicialización de la política. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó el fallo como “un atentado contra la voluntad popular” y expresó su solidaridad con la exmandataria argentina.
Desde Bolivia, Evo Morales sostuvo que se trata de un “golpe judicial”, mientras que el gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a la inhabilitación de Fernández, a quien calificaron como “víctima de la persecución de las élites conservadoras”.
Dentro de Argentina, figuras del oficialismo expresaron su indignación, pero también se evidenciaron tensiones internas en la coalición gobernante. Algunos sectores sostienen que la condena a Cristina Fernández debería dar paso al surgimiento de nuevos liderazgos dentro del peronismo, mientras que otros insisten en que se debe seguir apelando a su figura como motor de unidad.
El presidente Javier Milei, en tanto, evitó dar declaraciones directas sobre el fallo, pero desde su entorno se celebró la decisión judicial como una “victoria del estado de derecho” y un paso necesario para “erradicar la corrupción en el país”.
La oposición, por su parte, expresó su respaldo al accionar de la justicia. Patricia Bullrich, excandidata presidencial y referente de la coalición opositora Juntos por el Cambio, aseguró que “la sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley”.
Un panorama incierto tras la condena a Cristina Fernández
Más allá del fallo judicial, la condena a Cristina Fernández marca un punto de inflexión en la política argentina. Aunque no es la primera vez que un expresidente es condenado en el país —Carlos Menem fue condenado en 2013 por contrabando de armas—, la influencia actual de Fernández en la vida política argentina hace que este caso tenga un impacto sin precedentes.
En los últimos años, Cristina Fernández de Kirchner ha sido una figura clave dentro del Frente de Todos, primero como vicepresidenta y luego como referente principal del sector kirchnerista. Con su inhabilitación, se abre un escenario de reacomodamientos y posibles disputas internas dentro del peronismo.
El futuro judicial de Fernández también sigue siendo incierto. Aunque la sentencia ha sido ratificada, sus abogados anunciaron que recurrirán a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones al debido proceso.
Mientras tanto, los sectores movilizados han anunciado nuevas protestas y una gran marcha nacional para el próximo fin de semana en respaldo a la exmandataria. El debate sobre la independencia judicial, el rol de la oposición y la legitimidad de la condena continuará marcando la agenda pública en los próximos días.