El Tribunal del distrito Norte de California ha rechazado la solicitud presentada por el gobernador Gavin Newsom para impedir el despliegue militar en California, una decisión que agrava la tensión entre el estado y la administración del presidente Donald Trump, quien autorizó el envío de tropas a Los Ángeles en medio de masivas protestas contra las políticas migratorias.
El juez federal Charles Breyer ha ordenado una audiencia para este jueves a la 1:30 p.m. (hora local) con el objetivo de escuchar los argumentos de ambas partes antes de decidir si se limita temporalmente la movilización de fuerzas federales. Mientras tanto, el despliegue militar en California continúa generando polémica y preocupación entre funcionarios locales, defensores de derechos civiles y líderes comunitarios.
Crece la tensión por el despliegue militar en California
La decisión del tribunal llega en medio de protestas que se han intensificado en varias ciudades del estado tras las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, han sido criticadas por Trump, quien ha acusado a los organizadores de recibir fondos externos para “desestabilizar al país”.
Te Recomendamos
Manifestaciones en Los Ángeles. Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN / CAROLINE BREHMAN (EFE)
El gobernador Newsom denunció que el despliegue militar en California representa una acción “inconstitucional” y “provocadora” por parte del gobierno federal. «Poner al Ejército contra los ciudadanos no es el camino», declaró Newsom durante una conferencia de prensa en Sacramento.
A través de su fiscal general, Rob Bonta, el estado de California presentó una demanda contra Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la movilización de tropas no solo viola la Constitución, sino que también amenaza la integridad de los residentes y el control estatal sobre sus fuerzas de seguridad.
Por su parte, el Departamento de Justicia desestimó la denuncia como infundada y sostuvo que frenar el despliegue militar en California «pondría en riesgo la seguridad del personal del Departamento de Seguridad Nacional» e impediría el cumplimiento de operaciones federales en curso.
Trump y la Ley de Insurrección en el centro del debate
El presidente Donald Trump no ha descartado invocar la Ley de Insurrección, una normativa federal de 1807 que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del país en casos de rebelión o desorden civil. Aunque históricamente su aplicación ha sido excepcional, Trump ya consideró su uso durante las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020.
En esta ocasión, Trump ha citado el Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite federalizar la Guardia Nacional bajo ciertos escenarios, incluyendo insurrección o resistencia activa a la ley. Con esta herramienta legal, Trump puede desplazar la autoridad del gobernador y ordenar directamente el despliegue militar en California.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / YURI GRIPAS / POOL (EFE)
Líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos civiles han manifestado su preocupación por esta estrategia, al considerar que podría utilizarse como un mecanismo para sofocar la protesta social legítima. En palabras de la directora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en California, Patricia Hernández: “El uso de tropas federales en nuestras calles sienta un precedente alarmante. El derecho a la protesta está protegido por la Constitución y debe ser respetado”.
Implicaciones políticas y sociales del despliegue militar en California
La decisión judicial y el despliegue militar en California podrían tener repercusiones significativas tanto a nivel estatal como nacional. En un contexto electoral polarizado, este enfrentamiento entre el gobierno californiano y el poder federal puede convertirse en un símbolo de la disputa entre diferentes visiones del país.
California, históricamente un bastión progresista, ha mantenido un pulso constante con la administración Trump en temas clave como inmigración, cambio climático y derechos civiles. El uso de militares para controlar protestas podría aumentar la desconfianza hacia el gobierno federal, especialmente en comunidades latinas e inmigrantes que ya enfrentan una vigilancia más estricta.
“Estamos viendo una criminalización de la protesta”, expresó Rosa Martínez, portavoz del grupo “Latinos Unidos por la Justicia”, con sede en Los Ángeles. “Los migrantes no solo viven con miedo por ICE, sino también por la militarización de sus barrios”.
La comunidad latina, que representa más del 40% de la población en California, se ha movilizado en defensa de los derechos civiles y ha denunciado un patrón de abuso e intimidación. Diversas organizaciones han convocado vigilias y manifestaciones para exigir el retiro de las tropas y rechazar el uso político del Ejército.
Mientras tanto, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha solicitado al presidente Joe Biden —quien aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso— que intervenga para frenar la escalada de tensión. “Lo que está en juego no es solo el control del orden público, sino el respeto al federalismo y los derechos civiles”, sostuvo en una declaración.