¿Cómo Denver logró expulsar a ICE de las aulas tras fallo judicial?
Las Escuelas Públicas de Denver (DPS), el distrito escolar más grande de Colorado con una población estudiantil mayoritariamente hispana, lograron una importante victoria legal contra el gobierno federal. El distrito ganó una demanda que limita las acciones migratorias de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro y alrededor de sus escuelas.
Este triunfo judicial marca un precedente en la protección de espacios educativos como zonas seguras para los estudiantes, alejando las operativas migratorias que generan temor y afectan el ambiente de aprendizaje.
Contexto: Cambios en las reglas de “lugares sensibles” y la demanda de DPS
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En enero de este año, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) anunció una revisión que eliminaba la categoría de “lugares sensibles” para ciertos sitios, incluyendo iglesias, hospitales, cortes y escuelas. Esto implicaba que las escuelas ya no contarían con protección especial contra incursiones de ICE.
Ante esta medida, el distrito escolar de Denver interpuso una demanda el 12 de febrero para impedir que DHS implementara estos cambios, argumentando que la seguridad y bienestar de sus estudiantes estaban en riesgo.
En marzo, un juez federal dio la razón a DPS al conceder una orden temporal que detenía la aplicación de la nueva norma hasta que se aclararan detalles importantes. Finalmente, en las últimas semanas, el DHS publicó la regulación completa y reconoció que las escuelas seguían siendo consideradas “lugares sensibles”.
El acuerdo que protege a las escuelas de Denver
Tras meses de litigio, DPS y DHS llegaron a un acuerdo que mantiene la protección legal de las escuelas como “lugares sensibles”. Scott Pribble, portavoz de DPS, explicó que DHS admitió que no hubo cambios significativos respecto a las reglas anteriores que limitaban las acciones de ICE en escuelas.
Este reconocimiento implica que las operativas migratorias no podrán realizarse dentro ni en las inmediaciones de las escuelas públicas de Denver, resguardando así la seguridad emocional y física de los estudiantes.
Además, el acuerdo contempla que DPS podrá reactivar la demanda si en algún momento agentes de inmigración incumplen esta restricción y llevan a cabo redadas dentro o cerca de los planteles educativos.
Impacto en la comunidad estudiantil y respuesta del distrito
El DPS, con cerca de 90,000 alumnos, de los cuales el 52% son de origen hispano, destacó la importancia de garantizar un entorno escolar seguro. “Los estudiantes no pueden aprender a menos que se sientan seguros y bienvenidos en nuestras escuelas. Eso es lo que les debemos a ellos”, expresó el portavoz del distrito.
El distrito escolar informó que aunque no recopilan datos sobre la situación migratoria de sus estudiantes, estadísticas oficiales indican que el 34% del alumnado no tiene el inglés como primer idioma y que en 2024 unos 4,800 estudiantes nacidos fuera de Estados Unidos se inscribieron en sus escuelas.
En este contexto, evitar la presencia de ICE en las escuelas significa proteger a miles de familias y estudiantes vulnerables que podrían sufrir ansiedad, miedo y desconcentración por la amenaza de operativos migratorios.
DPS, pionero en la defensa legal contra políticas federales
Desde el inicio del proceso, DPS se posicionó como el primer distrito escolar en todo Estados Unidos en desafiar judicialmente las políticas migratorias de la administración federal. El distrito ha dejado claro que seguirá vigilante y que no dudará en regresar a los tribunales si se presentan nuevas “extralimitaciones” por parte de agencias federales.
Esta postura firme refleja el compromiso del distrito con la protección de sus estudiantes y con la defensa de derechos fundamentales que garantizan un ambiente educativo inclusivo y libre de miedo.
Repercusiones a nivel nacional
El fallo y el acuerdo alcanzado por DPS podrían sentar un precedente para otros distritos escolares en Estados Unidos, especialmente aquellos con alta población migrante o hispana, que enfrentan tensiones similares relacionadas con la presencia de agentes migratorios en espacios educativos.
La decisión fortalece la idea de que las escuelas deben ser zonas de protección donde los estudiantes puedan desarrollarse académica y personalmente sin temor a redadas o arrestos.
En medio de un debate nacional sobre políticas migratorias y derechos de los inmigrantes, este caso es un ejemplo de cómo las comunidades locales pueden actuar para proteger a sus estudiantes y familias, impulsando cambios que impactan directamente en la calidad educativa y en la cohesión social.