La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su presión diplomática sobre el gobierno de México para que investigue, procese y, en caso de ser necesario, extradite a funcionarios públicos con presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con información revelada por la agencia Reuters, la petición ha sido planteada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en al menos tres encuentros con autoridades mexicanas.
Estas reuniones, que incluyen conversaciones privadas con miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, forman parte de una ofensiva más amplia que busca una cooperación más firme por parte de México en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La solicitud incluye nombres de políticos del partido oficialista Morena, entre ellos algunos en funciones, lo que implica un desafío político directo para el nuevo gobierno.
Fuentes consultadas afirman que, además de solicitar investigaciones, Washington ha advertido sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles comerciales si México no colabora. Esta estrategia, similar a la utilizada por Trump durante su primer mandato, refleja un endurecimiento en la relación bilateral ante lo que consideran una falta de resultados concretos en el combate a la narcopolítica.
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EE.UU. aumenta presión sobre México con amenaza de sanciones y reclamos de extradición
Una de las acciones más contundentes de esta nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre ambos países es la insistencia de Estados Unidos en que se permita la extradición de políticos presuntamente vinculados con los cárteles. En particular, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, habría solicitado formalmente que México facilite estos procesos en caso de que existan cargos criminales pendientes.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto de archivo: EFE/ Antonio Lacerda
Esta exigencia no solo se limita a colaborar en investigaciones, sino también a permitir la actuación directa de Estados Unidos en los casos más delicados. Según fuentes de seguridad citadas por Reuters, Washington propuso incluso la designación de un funcionario especial estadounidense que supervise los avances de México en la lucha contra el fentanilo, y que se comunique directamente con la presidenta Sheinbaum.
La sugerencia ha generado preocupación en sectores del gobierno mexicano, especialmente por su implicancia en la soberanía nacional. Sin embargo, Washington considera que la situación del narcotráfico y la creciente influencia de grupos criminales en la política mexicana justifican una intervención más activa.
Una de las figuras mencionadas en las conversaciones es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, una funcionaria electa del partido Morena. También se habría señalado a otros cinco funcionarios en activo y a un exsenador, aunque no se ha confirmado oficialmente la entrega de una lista de nombres o evidencia concreta.
EE.UU. aumenta presión sobre México en medio de tensiones políticas y cooperación limitada
Este nuevo capítulo en la relación entre ambos países se da en un contexto de alta sensibilidad política. Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024, enfrenta un momento clave: debe responder a las exigencias estadounidenses sin debilitar su base política ni provocar divisiones internas en su partido.
Las leyes mexicanas otorgan inmunidad procesal a gobernadores, legisladores y otros altos funcionarios, lo que complica cualquier intento de investigación sin autorización del Congreso. En teoría, solo pueden ser juzgados por delitos federales graves, como delincuencia organizada o narcotráfico, y bajo condiciones específicas. Esto limita el margen de maniobra del gobierno frente a las demandas de Estados Unidos.
Además, la opinión pública mexicana observa con recelo cualquier intento de presión extranjera. Aunque existe una demanda generalizada de combatir la corrupción y el narco dentro de las estructuras de poder, también hay sensibilidad frente a las injerencias de Washington, especialmente cuando van acompañadas de amenazas comerciales o exigencias unilaterales.
En paralelo, la administración Trump ha insistido en fortalecer los controles fronterizos y en aumentar las inspecciones tanto a carga como a viajeros en la frontera con México. Esta medida, junto con el endurecimiento del discurso sobre seguridad y drogas, refuerza la narrativa de que la Casa Blanca considera a México un eslabón débil en la lucha contra el crimen organizado.
EE.UU. aumenta presión sobre México y plantea un nuevo modelo de cooperación
Si bien no se ha confirmado que Washington haya proporcionado pruebas formales a México sobre los políticos acusados, la mera mención de nombres genera tensión en el gabinete mexicano. Las acusaciones, aunque no hayan sido judicializadas aún, suponen un riesgo para la estabilidad política del país y para la relación bilateral.
Estados Unidos busca una colaboración más directa, rápida y efectiva. No se trata solo de cooperación judicial o policial, sino de un modelo en el que México actúe como un socio estratégico prioritario en temas de seguridad hemisférica. Esto implica asumir compromisos políticos complejos y enfrentar las consecuencias internas de perseguir a miembros del propio gobierno.
Las reuniones de alto nivel realizadas desde febrero de 2025, incluyendo la del 27 de ese mes entre Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, muestran que el diálogo se mantiene abierto, pero tenso. Estuvieron presentes también figuras clave como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y el fiscal general Alejandro Gertz.
A mediano plazo, es probable que estas presiones de Washington obliguen a México a revisar su estrategia de seguridad nacional, su política de relaciones exteriores y, sobre todo, su disposición a procesar penalmente a figuras de alto perfil político. De no hacerlo, las consecuencias económicas y diplomáticas podrían ser inmediatas, especialmente con una administración Trump dispuesta a vincular seguridad con comercio.