Este miércoles 11 de junio, los sindicatos de Colombia protagonizaron masivas movilizaciones en varias ciudades del país para manifestar su respaldo a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral. La medida, impulsada por el Ejecutivo tras el rechazo del Senado, ha generado un debate intenso tanto en la esfera política como entre la ciudadanía.
La mayor concentración tuvo lugar en Bogotá, donde cientos de personas se reunieron en la Plaza de Bolívar, epicentro de las protestas sociales en Colombia. Allí, los asistentes entonaron el himno nacional y desplegaron pancartas con mensajes como “Sí a la consulta popular” y “Apoyamos al Gobierno del cambio”, en alusión al proyecto político que lidera Petro desde 2022.
Los manifestantes marcharon de manera pacífica, en su mayoría convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que en mayo ya había llamado a un paro nacional de dos días por el mismo motivo. Aunque esa convocatoria previa tuvo escasa acogida, la jornada de este miércoles mostró una mayor capacidad de convocatoria de los sindicatos de Colombia, lo que refuerza la legitimidad de sus demandas ante el Gobierno y la oposición.
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Consulta popular de Petro divide al país y enfrenta resistencia en el Congreso
La reforma laboral que el presidente Petro intenta impulsar mediante una consulta popular ya había sido debatida y rechazada por el Senado colombiano el pasado 14 de mayo. El Gobierno, sin embargo, sostiene que hubo irregularidades en el proceso legislativo y decidió avanzar con la propuesta a través de un decreto firmado por el propio mandatario horas después de las marchas sindicales.
Personas participan en una marcha convocada por las centrales obreras en apoyo a la consulta popular sobre la reforma laboral este miércoles, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Según el Ejecutivo, la reforma busca mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores, reducir la informalidad y aumentar la protección social. Entre las propuestas se incluyen la limitación de contratos temporales, el fortalecimiento del derecho a la sindicalización y la garantía de estabilidad para trabajadores que ejercen funciones esenciales.
“Si no nos aprueban la reforma en el Congreso, nos vamos con el pueblo. El país necesita justicia laboral y eso no puede seguir esperando”, expresó Petro en su cuenta de X (antes Twitter), reforzando el respaldo a los sindicatos de Colombia que han sido actores clave en la discusión del nuevo modelo laboral.
Por su parte, el senador Alirio Muñoz, del Pacto Histórico, se dirigió a los medios durante la concentración en Bogotá para defender la constitucionalidad del decreto presidencial. “El Congreso no puede secuestrar la democracia. Esta consulta es legítima y necesaria”, afirmó.
Sindicatos de Colombia denuncian violencia y piden garantías para la participación democrática
Las marchas también sirvieron como plataforma para rechazar los recientes actos de violencia política en el país, en particular el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, quien recibió tres disparos por la espalda el sábado pasado.
Representantes de los sindicatos de Colombia condenaron el ataque y exigieron que se garantice la seguridad para todos los actores políticos sin distinción ideológica. “No aceptamos la violencia como método de hacer política. Rechazamos el atentado a Uribe Turbay, así no compartamos sus posturas”, manifestó la consejera sindical Luz Marina Cardona desde la ciudad de Medellín.
Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social X de la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario, Gustavo Petro, firmando el decreto de consulta popular. EFE/ @infopresidencia
En respuesta, el Ministerio del Interior anunció un refuerzo de las medidas de protección para líderes sociales, políticos y sindicales, así como la apertura de investigaciones internas sobre posibles fallos en los esquemas de seguridad.
El atentado ha tensado aún más el ambiente político, generando preocupación sobre el rumbo del debate democrático. Aunque el Gobierno ha reiterado que la consulta popular será “limpia y constitucional”, sectores de la oposición amenazan con llevar el decreto a la Corte Constitucional para frenarlo, argumentando que vulnera la separación de poderes.
Panorama incierto para la reforma y rol clave de los sindicatos de Colombia
La participación de los sindicatos de Colombia en esta coyuntura ha sido decisiva. Desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, han sido aliados estratégicos en la promoción de reformas sociales y laborales. Sin embargo, su poder de movilización y su influencia en la agenda pública han variado dependiendo del momento político.
Esta reciente muestra de apoyo en las calles podría marcar un nuevo punto de inflexión. Los analistas consideran que, si la consulta popular logra sortear los obstáculos legales, será una de las pruebas más importantes para el modelo de “gobierno con el pueblo” que promueve Petro.
No obstante, la viabilidad jurídica del decreto es incierta. Según la Constitución colombiana, solo el Congreso tiene competencia para convocar una consulta popular nacional. Petro, por su parte, asegura que el Ejecutivo puede iniciar el trámite si se trata de una consulta ciudadana y no un referendo legislativo. Esta interpretación ha sido respaldada por sectores del oficialismo, pero rechazada de plano por juristas independientes y por la oposición.
En paralelo, los sindicatos de Colombia se preparan para una nueva jornada de movilización en las próximas semanas. “Vamos a defender esta reforma en las calles, en las plazas y en las urnas si es necesario”, indicó Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT, en declaraciones recogidas por medios nacionales.
Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de la consulta y el papel que los trabajadores organizados jugarán en ella. Mientras tanto, la tensión entre las instituciones, la ciudadanía y el Gobierno sigue en aumento.