En San Juan, boricuas se encadenan para frenar redadas migratorias
En un acto de resistencia, vecinos y dueños de una propiedad en construcción en la zona de Ocean Park, San Juan, Puerto Rico, se encadenaron para impedir que agentes federales arrestaran a migrantes que trabajaban en el lugar. La protesta refleja el creciente rechazo local a las redadas migratorias que se han intensificado en la isla bajo la administración del presidente Donald Trump.
Protesta ciudadana bloquea operativo de ICE en Ocean Park
El martes por la mañana, aproximadamente 20 agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegaron al área para realizar una inspección y arrestar a migrantes indocumentados en una construcción residencial de tres pisos. Sin embargo, vecinos y propietarios se unieron en cadena humana frente al inmueble para evitar el ingreso de los oficiales.
Los manifestantes reclamaron que los agentes no contaban con una orden judicial para realizar la redada ni para arrestar a los trabajadores. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los ciudadanos bloqueando el paso mientras los empleados intentaban escapar, algunos corriendo hacia una playa cercana.
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Una fuente cercana al caso confirmó que este tipo de operativos se ha vuelto frecuente en Ocean Park, donde agentes federales patrullan las calles en busca de personas indocumentadas trabajando en obras de construcción.
Fotografía de archivo de obreros descansando en una obra de construcción. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Redadas migratorias en aumento en Puerto Rico
El operativo en Ocean Park no es aislado. Solo unos días antes, el lunes, ICE llevó a cabo otra redada en una obra en construcción ubicada en la avenida Roosevelt, en Hato Rey. Aunque no se ha confirmado si hubo arrestos en ese operativo, ambos casos forman parte de una política federal que refuerza las deportaciones masivas en la isla.
Puerto Rico, al ser un territorio estadounidense, está sujeto a las leyes migratorias federales, lo que implica que residentes extranjeros, con o sin documentación, pueden ser detenidos por ICE en cualquier momento.
Esta política ha generado alarma entre las comunidades migrantes, especialmente tras la redada masiva del 8 de mayo en el hotel La Concha, en el Condado, donde más de 50 inmigrantes fueron arrestados sin orden judicial previa, según reportes locales.
Convocatoria a manifestación masiva contra políticas migratorias
En respuesta a estas acciones, organizaciones civiles y grupos activistas han convocado a una manifestación para este sábado frente a La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora Jenniffer González Colón. La protesta, organizada por el “Frente Contra las Políticas Migratorias del Presidente Trump”, llevará el lema “Puerto Rico es tierra de migrantes” y comenzará a las 3 p.m.
La gobernadora González Colón manifestó su expectativa de que la manifestación transcurra sin incidentes violentos y descartó la posibilidad de activar la Guardia Nacional, como ha hecho el gobierno federal en otros estados como California. La mandataria reafirmó que Puerto Rico es una isla pacífica y que espera que las protestas se realicen dentro del marco legal.
Respecto a la posibilidad de que la tensión actual derive en movilizaciones masivas similares a las que ocurrieron en el “Verano de 2019”, González aseguró que no renunciará a su cargo y llamó al respeto de la ley y la voluntad popular.
Casos polémicos y denuncias sobre detenciones arbitrarias
El aumento en los operativos migratorios ha afectado incluso a residentes con estatus legal o permisos válidos para permanecer en EE.UU. Un caso reciente que ha generado controversia es el de Aracelys Terrero-Mota, una mujer dominicana y víctima de violencia de género, arrestada en Cabo Rojo luego de acudir a registrar un pequeño negocio con sus documentos en regla.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico calificó la detención como un “atropello infame”, pues la mujer estaba protegida bajo la Ley federal de Violencia Contra la Mujer y contaba con un permiso adelantado de viaje (“Advance Parole”).
La ACLU exigió su liberación inmediata y denunció que su traslado a una cárcel en Texas viola derechos constitucionales y humanos básicos. Además, la organización pidió transparencia sobre la colaboración entre agencias locales y federales en estos operativos.
Reclamos de transparencia y control político
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, junto a 17 congresistas, envió una carta a ICE exigiendo información sobre el paradero y estatus de Terrero-Mota, resaltando la necesidad de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Este caso subraya la preocupación creciente en Puerto Rico por la forma en que se implementan las políticas migratorias federales, especialmente en cuanto a la colaboración de autoridades municipales con agencias federales, lo que ha llevado a denuncias de violaciones a derechos civiles.
Entrega de datos personales y riesgos para la comunidad migrante
Recientemente se reveló que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico entregó al Departamento de Seguridad Nacional datos de aproximadamente 6,000 migrantes con licencias de conducir especiales, cumpliendo con una orden judicial federal.
Esta acción ha generado temor en la comunidad migrante y en defensores de derechos humanos, que temen que estos datos sean utilizados para localizar y detener a más personas indocumentadas en la isla, lo que podría ampliar la lista de arrestos y deportaciones en los próximos meses.