El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional y más de 2.000 agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) en todo el estado como parte de una operación de seguridad ante el aumento de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno federal.
La medida fue anunciada el jueves mediante un comunicado oficial de la oficina del gobernador. El objetivo, según se explicó, es apoyar a las fuerzas del orden locales, garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir actos de violencia o desórdenes públicos relacionados con las movilizaciones que han estallado en distintas ciudades de Texas.
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Abbott defiende despliegue: “Texas no tolerará anarquía”
“Las protestas pacíficas son parte del tejido social de nuestra nación, pero Texas no tolerará la anarquía que hemos visto en lugares como Los Ángeles en respuesta a la aplicación de la ley de inmigración por parte del presidente Donald Trump”, señaló Abbott.
El gobernador, firme aliado del presidente, hizo énfasis en que cualquier persona que incurra en violencia o daños a la propiedad durante las manifestaciones será arrestada y procesada. “Quienes perturben la paz serán responsabilizados con todo el peso de la ley”, advirtió.
Fuerzas estatales y militares listos para actuar
La operación de seguridad implica la movilización de más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional de Texas, quienes han sido “posicionados estratégicamente” en todo el estado para responder a cualquier incidente de alteración del orden público, según detalló la oficina del gobernador.
A ellos se suman más de 2.000 oficiales del Departamento de Seguridad Pública, incluidos Rangers de Texas y agentes especiales. Estos efectivos trabajarán en coordinación con departamentos de policía locales y autoridades federales para vigilar las concentraciones y actuar en caso de disturbios.
Protestas crecen ante política migratoria de Trump
Las protestas en Texas se enmarcan dentro de una ola nacional de movilizaciones en respuesta a las redadas migratorias que se han intensificado desde la declaración de emergencia migratoria firmada por Donald Trump a inicios de año.
Grupos de activistas, comunidades migrantes y organizaciones de derechos civiles han salido a las calles para denunciar lo que consideran políticas “represivas” y detenciones arbitrarias por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Ciudades como Austin, Houston, El Paso y San Antonio han registrado actos de protesta en los últimos días, con marchas frente a centros de detención y oficinas federales. En algunos casos, se han reportado enfrentamientos menores con la policía y bloqueos temporales de calles.
Texas endurece su política de seguridad pública
Desde hace meses, el gobierno de Abbott ha venido endureciendo su postura en materia de seguridad y migración. En 2023 firmó una ley que permite a las fuerzas del orden estatales detener a migrantes sospechosos de ingreso ilegal, una medida ampliamente criticada por defensores de los derechos humanos.
Con esta nueva movilización masiva de tropas, Texas se convierte en el primer estado del país en militarizar su respuesta interna frente a las protestas vinculadas a la aplicación de políticas migratorias federales.
El gobierno estatal también ha advertido que mantendrá la vigilancia durante los próximos días, especialmente si las protestas se expanden o aumentan en intensidad.
Activistas denuncian uso excesivo de fuerza
Organizaciones como ACLU de Texas y Texas Civil Rights Project han condenado el despliegue de soldados como un acto de intimidación y represión estatal. “Responder con militares a la protesta civil es una táctica peligrosa y desproporcionada”, dijo un vocero de ACLU en un comunicado reciente.
Además, líderes comunitarios han alertado sobre el posible impacto de esta medida en barrios de alta población migrante, donde la presencia de militares podría generar temor y retraimiento entre los residentes, incluso aquellos con estatus legal.
A pesar de las críticas, el gobierno estatal mantiene su postura de “tolerancia cero” frente a actos que pongan en riesgo la seguridad pública o desafíen las órdenes ejecutivas del presidente Trump.