La Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado a favor de una familia de Georgia que vivió una experiencia aterradora en 2017, cuando un equipo SWAT del FBI irrumpió por error en su hogar durante la madrugada. Tras años de lucha judicial, la familia ahora podrá continuar con una demanda por daños contra el gobierno federal.
El caso, que involucra a Curtrina Martin, su pareja y su hijo de 7 años, fue devuelto por el máximo tribunal a una corte federal de apelaciones para una nueva revisión. La decisión representa una victoria parcial para los demandantes, a quienes anteriormente se les había impedido iniciar un juicio por el incidente.
FBI allanó la casa equivocada en operativo nocturno
El 18 de enero de 2017, seis agentes del FBI, armados y con equipo táctico, irrumpieron violentamente en la vivienda de la familia Martin, ubicada en un suburbio de Atlanta. Usaron un ariete para romper la puerta principal y lanzaron una granada aturdidora. Los agentes creían que estaban ingresando a la casa de un presunto pandillero, pero se habían equivocado de dirección.
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En el caos, los agentes sacaron a Curtrina Martin de un armario donde se había escondido junto a su hijo, la apuntaron con un arma y registraron el domicilio. Minutos después se dieron cuenta de su error: el FBI allanó la casa equivocada.
Foto: Octavio Guzman/EFE
El error dejó secuelas psicológicas en la familia y provocó daños materiales a la propiedad. Sin embargo, los tribunales inferiores habían respaldado al gobierno federal, impidiendo que la familia presentara una demanda por la redada fallida.
Corte Suprema: el FBI puede ser demandado si incurre en negligencia
El fallo de la Corte Suprema, emitido de forma unánime, reabre el caso y permite que la familia Martin busque compensación legal. El juez Neil Gorsuch redactó la opinión del tribunal, en la que señaló que los tribunales inferiores aplicaron incorrectamente la ley al impedir la demanda.
La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act), modificada en 1974, permite que ciudadanos demanden al gobierno por actos negligentes o ilícitos de empleados públicos, incluidos agentes federales. Esta legislación fue reforzada tras una serie de redadas erróneas en viviendas privadas durante la década de 1970.
“El tribunal actuó correctamente al permitir que el caso de la familia Martin avance”, declaró Patrick Jaicomo, abogado del Instituto para la Justicia, la organización legal que representa a la familia. Añadió que los tribunales de apelaciones han restringido indebidamente el alcance de la ley, negando justicia a víctimas de daños ocasionados por el gobierno.
Vista de la entrada a la sede principal del FBI en Washington. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
En su fallo, Gorsuch criticó duramente la posición del Departamento de Justicia, que argumentaba que la inmunidad del gobierno debía mantenerse debido a que los agentes actuaban bajo su discreción profesional. Para Gorsuch, la lógica era inaceptable.
“¿Qué tal si revisas la dirección antes de derribar la puerta? ¿Es pedir demasiado?”, cuestionó el juez durante los alegatos orales en abril, en un comentario que reflejó su escepticismo sobre la actuación del FBI en el caso.
¿Qué significa el fallo para otras víctimas de redadas erróneas?
Aunque la decisión de la Corte Suprema no resuelve el caso de fondo, sí sienta un precedente importante: cuando el FBI allana la casa equivocada, las víctimas pueden tener una vía legal para buscar compensación, especialmente si hay negligencia evidente en la operación.
El fallo también limita el uso de la llamada “cláusula de supremacía” como escudo para evitar demandas. Esta cláusula, establecida en la Constitución, había sido invocada por el gobierno para argumentar que sus agentes estaban cumpliendo políticas federales y, por tanto, no podían ser demandados.
La jueza Sonia Sotomayor redactó una opinión concurrente en la que recordó que el Congreso ajustó la ley justamente para responder a casos como este. “No debemos ignorar el contexto que inspiró esta legislación. Fue diseñada para proteger a ciudadanos comunes frente al poder mal aplicado del gobierno federal”, escribió la magistrada, a lo que se unió la jueza Ketanji Brown Jackson.
El Instituto para la Justicia destacó que la reforma de 1974 fue impulsada por dos redadas mal ejecutadas en Collinsville, Illinois, donde agentes irrumpieron en viviendas equivocadas y causaron daños sin enfrentar consecuencias legales.
En el caso de la familia Martin, el siguiente paso será una nueva audiencia en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta. Allí se deberá evaluar si el gobierno puede ser considerado legalmente responsable por los daños sufridos.
La familia espera que este proceso no solo les permita obtener justicia, sino también evite que otras personas vivan una experiencia similar. “Nuestro hogar nunca volvió a ser el mismo. La tranquilidad que teníamos desapareció esa noche”, relató Curtrina Martin en una entrevista a medios locales tras conocerse la decisión del Supremo.