El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda contra el estado de Nueva York este jueves, con el argumento de que una ley estatal que restringe los arrestos migratorios en tribunales obstaculiza de forma directa la aplicación de las leyes federales de inmigración. El Departamento de Justicia sostiene que esta legislación protege deliberadamente a individuos que pueden representar un peligro para la seguridad pública.
La demanda fue interpuesta en el Tribunal del Distrito Norte de Nueva York, y representa el más reciente episodio en la serie de confrontaciones legales entre el gobierno federal y los estados o ciudades que han adoptado políticas conocidas como «ciudades santuario». Esta vez, el centro del conflicto es la Ley de Protección de Nuestros Tribunales, vigente desde 2020.
Gobierno de EE.UU. lleva a Nueva York a los tribunales por ley de 2020
La norma estatal impide que los agentes federales de inmigración detengan a personas dentro o en las inmediaciones de los tribunales de Nueva York, salvo que cuenten con una orden judicial firmada por un juez. De acuerdo con el senador estatal demócrata Brad Hoylman, uno de los autores de la legislación, la ley fue creada como una respuesta directa a los operativos migratorios dentro de los tribunales durante la primera administración de Trump.
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“El gobierno de Trump convirtió los juzgados de Nueva York en terrenos de caza para agentes migratorios”, dijo Hoylman en su momento. “La ley protege el acceso a la justicia de comunidades vulnerables”.
Un manifestante es arrestado frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en respuesta a las recientes redadas del ICE en todo el país y los disturbios en California, en Nueva York (Nueva York, Estados Unidos). EFE/EPA/SARAH YENESEL
Sin embargo, para el actual gobierno federal, esta medida representa un desafío inaceptable a su autoridad. En el texto de la demanda se argumenta que los arrestos en o cerca de los tribunales no solo son legales, sino también más seguros para los oficiales y el público, ya que quienes ingresan a los edificios son previamente revisados en busca de armas o contrabando.
La secretaria de Justicia de EE.UU., Pamela Bondi, emitió un comunicado acusando a Nueva York de facilitar la impunidad. “Las políticas de ciudades santuario sin ley son la causa principal de la violencia que los estadounidenses han visto en California. Nueva York sigue el mismo camino al impedir la detención de extranjeros ilegales peligrosos”, afirmó.
Gobierno de EE.UU. lleva a Nueva York a los tribunales por limitar cooperación migratoria
El conflicto legal surge en un momento de alta tensión entre la Casa Blanca y varios gobiernos estatales, en especial aquellos dirigidos por demócratas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha defendido públicamente las políticas migratorias de su estado, asegurando que buscan proteger el debido proceso y la dignidad humana.
El mismo jueves en que se presentó la demanda, Hochul participó en una reunión en Washington D.C. junto a otros gobernadores demócratas, quienes enfrentaron preguntas del Congreso sobre las políticas locales que limitan la colaboración con las agencias federales de inmigración.
Manifestantes se reúnen frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en respuesta a las recientes redadas del ICE en todo el país. EFE/EPA/SARAH YENESEL
Hasta el momento, la oficina de Hochul no ha emitido una respuesta oficial sobre la demanda. Tampoco lo ha hecho el senador Hoylman. No obstante, defensores de derechos civiles y organizaciones de inmigrantes han expresado su preocupación por lo que consideran un nuevo intento del gobierno de Trump por criminalizar la inmigración y castigar la autonomía local.
Para grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), esta ofensiva legal representa una amenaza al equilibrio de poderes entre gobiernos estatales y federales. “Los estados tienen derecho a establecer normas para proteger el acceso a sus propios sistemas judiciales”, indicó en un comunicado Donna Lieberman, directora ejecutiva de la ACLU de Nueva York.
Gobierno de EE.UU. lleva a Nueva York a los tribunales mientras crece la presión sobre inmigrantes
Esta demanda se suma a otras acciones emprendidas por el Departamento de Justicia contra estados como California, Illinois y Oregón, donde también se han aprobado medidas que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde su retorno al poder en 2024, Trump ha endurecido el enfoque migratorio de su gobierno, retomando políticas como la separación de familias en la frontera en algunos casos y el reinicio de acuerdos de tercer país seguro con naciones de Centroamérica. Además, ha reforzado el presupuesto de ICE y ha incrementado las redadas en zonas urbanas con alta presencia de inmigrantes.
En Nueva York, los arrestos dentro de tribunales provocaron controversia desde 2017. Casos como el de Armando Ríos, un inmigrante guatemalteco que fue detenido por ICE mientras acudía como testigo en una audiencia penal en Brooklyn, desataron protestas y críticas por parte de jueces y fiscales, quienes denunciaron que la presencia de agentes migratorios intimidaba a testigos y víctimas.
La legislación de 2020 fue vista como una herramienta para restaurar la confianza en el sistema judicial entre las comunidades migrantes. Ahora, con la demanda presentada, esa protección enfrenta una prueba legal que podría tener repercusiones a nivel nacional.
Aunque aún no hay fecha para la primera audiencia judicial, expertos constitucionalistas anticipan que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema, dado que toca un punto delicado: los límites del poder federal frente a las competencias de los estados en materia de justicia y seguridad pública.
Mientras tanto, la tensión entre el gobierno federal y el estado de Nueva York continúa creciendo, con implicaciones directas para miles de inmigrantes que buscan justicia sin temor a ser detenidos.