Luisiana ha aprobado una nueva legislación que permite sancionar a funcionarios públicos que obstruyan los esfuerzos de las autoridades migratorias. La medida, que forma parte de un paquete de leyes respaldadas por el gobernador republicano Jeff Landry, ha generado un intenso debate en medio del clima político nacional en torno a la migración.
Con esta nueva normativa, Luisiana se suma a un puñado de estados conservadores que han ampliado su participación en la aplicación de leyes migratorias federales. En lo que va del año, se han intensificado las redadas y se ha incrementado la presión sobre gobiernos locales y agencias estatales para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Luisiana sancionará a funcionarios que obstruyan la ley migratoria
Una de las leyes más controversiales del paquete aprobado establece que Luisiana sancionará a funcionarios que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias federales. En concreto, el proyecto de ley tipifica como delito la negativa intencional de un agente del orden, juez o cualquier funcionario público a colaborar con las órdenes de detención emitidas por ICE.
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La sanción podría llegar hasta 10 años de prisión por lo que ahora se considera «mala conducta en el cargo». Esto incluye, por ejemplo, liberar a una persona detenida con una orden pendiente de inmigración sin notificar a ICE previamente.
Fotografía cedida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)de Miami donde aparecen dos agentes federales arrestando a una persona indocumentada. EFE/ HSI Miami
El senador estatal republicano Jay Morris explicó que “este proyecto de ley establece que es ilegal no hacer cumplir la ley”. Además, se amplía el delito de obstrucción de justicia para incluir cualquier acción que interfiera con los procesos migratorios, incluso si estos no son de carácter penal, sino procedimientos civiles relacionados con el estatus migratorio.
Activistas de derechos civiles han expresado preocupación por el impacto que esta ley podría tener sobre defensores de inmigrantes, líderes religiosos o incluso abogados que brindan asesoría. Temen que esta legislación criminalice actos comunes de asistencia a migrantes y provoque un “efecto paralizante” entre quienes ayudan a comunidades vulnerables.
Luisiana sancionará a funcionarios mientras intensifica el control estatal
El enfoque del gobierno estatal no se limita a castigar a funcionarios locales. Otra ley aprobada en paralelo obliga a múltiples agencias estatales, entre ellas los departamentos de Salud, Educación, Correcciones, Servicios para Niños y Familias, y Vehículos Motorizados, a verificar el estatus migratorio de las personas que soliciten servicios públicos.
Además de recopilar y rastrear estos datos, cada agencia deberá presentar un informe anual al gobernador, al fiscal general y a la Asamblea Legislativa. Esta información también deberá publicarse en línea para garantizar «transparencia» sobre el acceso de migrantes indocumentados a servicios estatales. Cualquier agencia que incumpla con esta obligación podrá ver retenido su financiamiento estatal.
La ley fue impulsada por el senador estatal republicano Blake Miguez, quien indicó que su propósito es mostrar con claridad cuánto dinero y qué beneficios han sido otorgados a personas sin estatus migratorio legal. Sin embargo, algunos sectores han advertido que esto podría derivar en discriminación y generar temor en comunidades que dependen de servicios básicos como salud o educación.
Luisiana sancionará a funcionarios en un contexto nacional más severo
El nuevo marco legal se inscribe en un contexto de endurecimiento nacional de las políticas migratorias. Tras su regreso al poder, el presidente Donald Trump ha priorizado la detención y deportación masiva de inmigrantes sin autorización. A finales de 2024, la Casa Blanca ya había desplegado operativos de redadas en múltiples estados y pidió la colaboración activa de los gobiernos locales.
Luisiana, aunque no comparte frontera con otro país, ha sido un punto clave en esta estrategia. En sus nueve centros de detención de inmigrantes hay casi 7.000 personas detenidas, entre ellas residentes legales como Mahmoud Khalil, quien fue arrestado tras participar en protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.
La legislación también codifica una orden ejecutiva del gobernador Landry que instruye a las agencias a compartir con ICE la información de cualquier persona que solicite beneficios estatales y tenga un estatus migratorio “insatisfactorio”. Esto incluye el nombre, dirección, y otros datos personales del solicitante.
Durante el debate legislativo, el senador demócrata Royce Duplessis planteó si estas medidas podrían conducir a la separación de familias, pero Miguez respondió que eso dependerá de las decisiones de las autoridades federales.
En otros estados como Tennessee, se han aprobado leyes similares: los funcionarios que voten por políticas santuario podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión. Y en California, incluso se ha discutido la posibilidad de arrestar a funcionarios electos que interfieran con los operativos federales, según insinuó Tom Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
La aprobación de estas leyes en Luisiana representa un giro significativo en el rol de los estados en la política migratoria nacional. Si bien los defensores argumentan que son necesarias para hacer cumplir la ley, críticos aseguran que criminalizan la compasión y ponen en riesgo a comunidades enteras.