El Gobierno desata una cacería migratoria en grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, prometiendo la mayor deportación de la historia. ¿Quiénes serán los próximos en la lista?
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El presidente Donald Trump ha intensificado su agenda migratoria con una ofensiva sin precedentes contra ciudades gobernadas por demócratas. Trump ordenó a través de su plataforma Truth Social expandir las redadas de deportación en Los Ángeles, Chicago y Nueva York, calificándolas como “santuarios” que han desafiado las políticas federales de inmigración. Con la promesa de ejecutar “el mayor programa de deportaciones en la historia”, el Gobierno ha desatado temor en comunidades inmigrantes y resistencia en las urbes afectadas.
Las operaciones, lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han tomado un giro agresivo desde el inicio del segundo mandato de Trump. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE reportó 32,000 arrestos en los primeros 50 días de la administración, incluyendo 14,000 migrantes con condenas penales y 10,000 con cargos pendientes. Sin embargo, la retórica de priorizar a “criminales” ha sido cuestionada, ya que informes de la American Civil Liberties Union (ACLU) documentan detenciones de personas sin antecedentes, incluyendo un caso en Chicago donde un padre de ciudadanos estadounidenses fue deportado tras una redada en su lugar de trabajo.
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Redadas en “ciudades santuario”
Las ciudades objetivo —Los Ángeles, Chicago y Nueva York— son conocidas por sus políticas de “santuario”, que limitan la cooperación con ICE. En respuesta, Trump ha revertido directivas de la era Obama que protegían lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. Un memorando del DHS autorizó a ICE a operar en estos sitios, generando protestas generalizadas. En Los Ángeles, el Distrito Escolar Unificado anunció planes para establecer perímetros de seguridad en ceremonias de graduación para proteger a estudiantes y familias de posibles redadas.
En Chicago, el CEO de las Escuelas Públicas, Pedro Martinez, aseguró que no cooperarán con ICE a menos que se presente una orden judicial válida. ICE inició redadas en estas ciudades, deteniendo a 308 migrantes en un solo día, según el zar de la frontera Tom Homan.
Aunque el Gobierno destacó que los arrestos incluyeron a un “intento de asesino” y un “abusador de menores”, organizaciones como la American Immigration Council han criticado la falta de transparencia en los datos y la inclusión de “arrestos colaterales” de personas sin cargos. En Nueva York, el alcalde demócrata Eric Adams pidió que las redadas se centren en criminales, subrayando que “todos en Nueva York deben poder acceder a educación, atención médica y practicar su fe sin temor”.
Impacto económico y social
La escala de las deportaciones ha generado preocupación más allá de las comunidades inmigrantes. El Pew Research Center estima que 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en EE. UU., muchos integrados en sectores clave como la agricultura, la construcción y la hostelería. Un informe de la American Immigration Council calcula que deportar a un millón de personas costaría $967.9 mil millones en una década, afectando industrias que dependen de esta mano de obra. En respuesta a protestas de agricultores y hoteleros, Trump anunció una pausa en redadas en granjas, hoteles y restaurantes, reconociendo que la política “está afectando a trabajadores valiosos que son difíciles de reemplazar”.
Las deportaciones también han tensionado las relaciones internacionales. Colombia, por ejemplo, rechazó inicialmente vuelos de deportación, argumentando que los migrantes “no deben ser tratados como criminales”. Sin embargo, tras amenazas de aranceles por parte de EE. UU., el país cedió. México, anticipando un aumento de deportados, ha construido refugios temporales en nueve ciudades fronterizas bajo el programa “México te Abraza”.
Resistencia y desafíos legales
La ofensiva migratoria ha encontrado fuerte oposición. En Chicago, miles marcharon contra las redadas, portando pancartas con lemas como “Abolir ICE” y “No más deportaciones”. En Los Ángeles, las protestas comenzaron tras una redada en una fábrica de ropa, extendiéndose a Nueva York y Texas, donde el presidente desplegó la Guardia Nacional. Legalmente, la ACLU y Democracy Forward han presentado demandas, incluyendo una que bloqueó temporalmente el uso del Alien Enemies Act de 1798 para deportar a 137 venezolanos a El Salvador. Aunque la Corte Suprema revocó esta decisión, los defensores de inmigrantes denuncian que muchos deportados no tenían vínculos con el crimen organizado, como afirmó el Gobierno.
En el Congreso, los demócratas planean usar el poder del presupuesto para limitar los fondos de ICE, mientras que 26 gobernadores republicanos han respaldado las políticas de Trump. Sin embargo, incluso algunos republicanos, como el representante David Valadao de California, han expresado preocupación por la deportación de trabajadores “pacíficos” en lugar de criminales.
¿Qué sigue?
A pesar de la retórica de Trump, los números de deportaciones no han alcanzado las expectativas. El DHS reportó 37,660 deportaciones, menos que el promedio mensual de 57,000 bajo Biden en 2024. Expertos como Jessica Vaughan del Center for Immigration Studies creen que las cifras aumentarán con nuevas estrategias, como la cooperación de agencias federales y la designación de pandillas como “organizaciones terroristas”.
Mientras tanto, las comunidades inmigrantes viven en la incertidumbre. En Chicago, maestros como Erin, parte de un “equipo santuario”, se capacitan para proteger a estudiantes de ICE. En Nueva York, iglesias y mezquitas refuerzan sus protocolos de seguridad. La pregunta persiste: ¿quiénes serán los próximos en la lista de Trump? Con planes para revocar el estatus de protección temporal de venezolanos y haitianos, y propuestas para limitar la ciudadanía por nacimiento, el alcance de esta cacería migratoria podría redefinir el paisaje social y político de EE. UU.