La emblemática ciudad que alguna vez fue conocida por albergar criminales legendarios como Al Capone y “Machine Gun” Kelly vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez por una razón distinta: la reapertura de cárceles para migrantes.
Con una política migratoria más dura, el gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a reactivar instalaciones penitenciarias cerradas, como parte de un plan para aumentar drásticamente la capacidad de detención. El caso más representativo es el de Leavenworth, Kansas, donde se prevé que una cárcel cerrada albergue nuevamente a personas, pero ahora migrantes indocumentados.
Reapertura de cárceles para migrantes sin licitación
La inversión en reapertura de cárceles para migrantes ha tomado un giro controversial: el gobierno federal ha otorgado contratos millonarios sin procesos de licitación abierta. Esto incluye un acuerdo con la empresa privada CoreCivic para reabrir una prisión de 1,033 camas en Leavenworth.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) argumenta que enfrenta una “urgencia apremiante” y que necesita ampliar rápidamente su capacidad de detención. En lugar de pasar por un proceso público y competitivo, ICE ha optado por modificar contratos ya existentes y emitir nuevos contratos mediante cartas de acuerdo, un mecanismo legal para agilizar contrataciones en situaciones críticas.
Imagen de archivo de una mujer y su hijo al ser detenidos por las autoridades de la frontera en EE.UU. EFE/EPA/Allison Dinner
Este enfoque ha generado preocupaciones por la transparencia y legalidad de las decisiones. Expertos como Charles Tiefer, profesor emérito de derecho en la Universidad de Baltimore, han calificado este método como inapropiado para contratos tan significativos. “Es una forma patética de manejar acuerdos de gran magnitud”, expresó Tiefer.
Trump impulsa contratos millonarios en prisiones privadas
La reapertura de cárceles para migrantes se inscribe dentro de un plan más ambicioso del presidente Trump, quien ha prometido deportaciones masivas. El objetivo: duplicar o incluso triplicar la cantidad de camas para migrantes detenidos.
Antes de que Trump iniciara su segundo mandato, las empresas CoreCivic y The Geo Group, principales actores del sistema penitenciario privado, tenían cerca de 20 instalaciones inactivas debido a reformas penales. Sin embargo, con la nueva política migratoria, se busca ampliar la capacidad actual de 41,000 camas a por lo menos 100,000. Algunas estimaciones señalan que la cifra podría llegar hasta 150,000 camas.
Midwest Regional Reception Center. Foto: Corecivic
CoreCivic y Geo han reportado ingresos extraordinarios. Geo Group, por ejemplo, anunció recientemente que recibió autorización para reabrir una prisión inactiva en Georgia que permitirá albergar a 1,868 inmigrantes. Este contrato les generará 66 millones de dólares anuales. Otro contrato asignó 73 millones a una firma operada por exfuncionarios de inmigración para gestionar tareas administrativas, como procesar quejas y coordinar deportaciones.
Además, un proyecto legislativo aprobado por la Cámara de Representantes incluye 45,000 millones de dólares en fondos para detención de inmigrantes durante los próximos cuatro años. Esto triplicaría el presupuesto actual destinado a estas operaciones, aunque el Senado aún debe aprobarlo.
Leavenworth, la “ciudad prisión” del medio oeste
La ciudad de Leavenworth, con unos 37,000 habitantes, ha sido históricamente un centro penitenciario. Allí funcionan múltiples instalaciones, incluyendo una prisión federal, una correccional estatal y cárceles militares. Ahora, CoreCivic busca reactivar otra instalación en esa localidad.
La elección de Leavenworth no es casual: su ubicación central y su cercanía al aeropuerto internacional de Kansas City la convierten en un punto estratégico. ICE planea utilizar esta prisión para albergar a inmigrantes detenidos en la región de Chicago e Illinois, lo que reduciría los costos logísticos de los traslados.
Sin embargo, la reapertura ha enfrentado oposición. Las autoridades locales demandaron a CoreCivic por intentar operar sin un permiso especial. La empresa argumenta que no lo necesita, pues nunca abandonó el lugar formalmente. Aun así, un juez estatal ordenó que se obtenga dicho permiso.
Los antecedentes de la prisión también han generado preocupación. La instalación fue cerrada en 2021 tras múltiples denuncias de maltrato, apuñalamientos y hasta muertes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y defensores públicos reportaron graves violaciones a los derechos humanos. CoreCivic negó todas las acusaciones, calificándolas de falsas y difamatorias.
Exguardias como William Rogers, quien trabajó en la prisión entre 2016 y 2020, han narrado condiciones laborales extremas. Rogers fue hospitalizado en tres ocasiones tras ataques por parte de detenidos. “Era simplemente un caos”, afirmó.
¿Qué implica para los migrantes la reapertura de cárceles?
El aumento en la inversión para reabrir cárceles para migrantes refleja un cambio radical en la política migratoria de EE.UU. Aunque la administración Trump justifica estas acciones como medidas para proteger la seguridad nacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan su efectividad y ética.
La falta de licitación en los contratos, el uso de empresas privadas con históricos cuestionables y la reactivación de cárceles con antecedentes problemáticos son motivos de preocupación. Además, la descentralización de la detención migratoria, al distribuir a los migrantes en instalaciones ubicadas en zonas alejadas, complica el acceso a asistencia legal y al seguimiento de sus casos.
En Kansas, por ejemplo, los migrantes detenidos serían enviados desde estados como Illinois, lo que dificulta las visitas familiares y el contacto con abogados. Esto no solo afecta los derechos de los migrantes, sino que también encarece y alarga los procesos judiciales.
Mientras tanto, el negocio de la detención migratoria privada sigue creciendo. Empresas como CoreCivic y Geo Group ven aumentos en sus acciones, impulsadas por contratos multimillonarios que, aunque polémicos, han sido clave en la estrategia de Trump para acelerar deportaciones.